La intención del gobierno de rescindir el contrato de provisión de los respiradores y lograr la devolución de 2.2 millones de dólares que se canceló como adelanto, hasta que fue denunciado el sobreprecio que vinculó al círuclo más cercano de la presidenta transitoria Jeanine Añez, podría verse truncada debido a que los 170 respiradores entregados al estado boliviano han desaparecido.
La empresa IME Consulting Global Services SL, que fue la internediaria en la frsutrada compra de resporadores para atender la pandemia cuestinó las declaraciones del ministro de Justicia, Alvaro Coibra, sobre la rescisión del contrato, indicando que para llegar a un acuerdo primero tendrían que procedere se a la devolución de los 170 equipos entregados la gobierno.
“El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado. Dice ‘se lo hemos entregado al Misterio de Salud y no sabemos dónde están, estamos tratando de ubicar los respiradores’. Esa irresponsabilidad administrativa del Gobierno originada primero por el ministro (Arturo) Murillo y la presidenta (Jeanine) Añez, al pedir que se salten todos los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político para la exhibición de respiradores. Los perdieron, eso dice el informe”, indicó el abogado de la empresa IME, Ramiro Vega, en declaraciones a un programa radial en la ciudad de La Paz.
Agregó que cuentan comn esa información a través de una carta oficial que les fue remitida por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM). La ministra de Salud, Eidy Roca, afirmó que los respiradores están «en custodia hasta que se termine el proceso»; sin embargo, no dio más detalles al respecto.
Sobre el anuncio del ministro Coimbra de recobrar los 2,2 millones de dólares de la empresa proveedora, el abogado Vega criticó estas declaraciones y afirmó que si el gobierno no justifica fallas técnicas reales, la fabricante no puede recibir la devolución de los equipos.
«Si la fábrica tiene que devolver el dinero, va a pedir los respiradores que el Gobierno dice que los ha perdido; entonces, yo creo incluso que el gobierno boliviano va a hacer el ridículo planteando una demanda de resolución (de contrato) que implica devolución», explicó el jurista.
Vega aseveró que IME Consulting está dispuesta a negociar e incluso a entregar equipos nuevos, pues quiere llegar a una solución «técnica y no política». «Desde el 11 de mayo estamos tratando de comunicarnos con el gobierno boliviano para preguntarle dónde les entregamos el faltante, que son sensores y la actualización del software Advance, además de otros elementos», dijo. En caso de darse una posible devolución del monto adelantado, el estado no recibiría el dinero en un corto plazo, pues el proceso podría demorar años, según el abogado.
A tres meses de iniciada la investigación por presunta corrupción en la compra de 170 respiradores para el país, el paradero de los equipos es cuestionado por la empresa IME Consulting Global Services SL, que fue intermediaria entre el Gobierno y la fabricante de los ventiladores, la española GPAinnova.
El problema con la adquisición de los «ventiladores pulmonares» comenzó en mayo, cuando el Ministerio de Salud y la empresa española GPAinnova, por medio de la importadora IME, firmaron un contrato por la adquisición de 170 respiradores por un total de $us 28.080 por unidad.
El 14 de mayo, los equipos fueron descargados en Santa Cruz, tras llegar en vuelo chárter de BoA desde Barcelona, España, sede de GPAinnova, y esa tarde la presidenta Jeanine Áñez hizo la entrega de los primeros respiradores al gobierno municipal de Santa Cruz.
La fábrica aclaró luego que en realidad cada equipo tenía un costo unitario de $us 7.234, y el Ministerio Público inició una investigación y estimó un daño económico de al menos $ 3,3 millones.
En este caso son investigados el exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector Jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, el exdirector de la Aisem Giovani Pacheco, el «testigo clave» Fernando Humérez, una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el excónsul de Bolivia en Barcelona Alberto Pareja. La Fiscalía adelantó que también convocará por el caso al ex embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, que formaba parte del círculo familiar de la presidenta Añez, quien fugó hacia Estados Unidos tras destaparse el hecho de corrupción.
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