septiembre 18, 2020

¿Qué se puede esperar en Bolivia tras las elecciones?

Por Pablo Jofre Leal -.


Santiago de Chile-. Washington y con ello el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, intensifican su interferencia en la política interna boliviana para tratar de evitar que este Estado sudamericano vuelva a una determinación independiente de su desarrollo como país.

No es casual que tanto la Secretaría de Estado norteamericana como la OEA critiquen fuertemente las movilizaciones sociales contra la presidenta interina Jeanine Áñez y defiendan a una administración sometida a acusaciones de corrupción y el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19.

El propio Almagro desnudó su apoyo irrestricto a los ayer golpistas, hoy gobierno, afirmando que ‘los cortes de ruta -que se vivieron hasta hace pocos días- representan actos bajos al pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante el Covid-19. Es inmoral e indigno’, sostuvo este activista de las políticas estadounidenses en la región, quien durante el golpe y la posterior represión contra los militantes y adherentes del MAS, no levantó su voz de condena.

Resulta hipócrita condenar ahora a las movilizaciones de la población y no las muertes propiciadas por los golpistas. Condena a quienes exigen democracia, y enmudece frente a la corrupción galopante de Áñez y los suyos.

La llegada al poder de Jeanine Áñez, como resultado del golpe de Estado de noviembre de 2019, que propició la renuncia del exmandatario Evo Morales, ha respaldado la irrupción y el control manual de los grupos políticos hoy en Palacio Quemado, de manera favorable a los intereses y objetivos de Estados Unidos y sus aliados regionales.

A pocas semanas de las elecciones presidenciales (definidas para el 18 de octubre) y los porcentajes de apoyo ciudadano, que favorecen claramente al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, los grupos desestabilizadores externos e internos, aupados por el trabajo de los servicios de inteligencia y organizaciones político-sociales que suelen aparecen en escenarios electorales para favorecer los movimientos más a la derecha, se han puesto en acción.

Persiguen desacreditar al MAS y a sus dirigentes de tal forma de asegurar el puesto de jefe de Estado, ya sea con la actual mandataria de facto, Jeanine Áñez o sectores también proestadounidenses representados por el dirigente supremacista Luis Fernando Camacho y el expresidente Carlos Mesa Gisbert, y asegurar de ese modo el control de esta nación sudamericana en la dirección diseñada desde Washington.

En estas semanas hubo propuestas de suspender las elecciones (que ya han sufrido tres postergaciones) con la excusa respecto a los efectos de la pandemia de Covid-19, una idea surgida, principalmente, desde los sectores oficialistas y socios políticos que dieron el golpe de Estado.

Esto, a contrapelo de los movimientos sociales, organizaciones de trabajadores y el MAS, que se movilizaron para que las elecciones no sufrieran más retrasos y se efectuaran el pasado 6 de septiembre.

Las presiones políticas y comunicacionales desde su mismo sector sobre Áñez, a quien se le asignaría toda la responsabilidad por la situación epidemiológica del país, llevó a intensificar la propuesta de postergar la fecha de las presidenciales. Así, la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) favoreció la tesis de la derecha, pero no logró mermar el apoyo, que surge de las encuestas y de la calle, a la dupla conformada por Luis Arce y David Choquehuanca.

Quedó comprobado que el aplazamiento de las elecciones para el 18 de octubre, no tenía que ver con el tema Covid-19, sino hacer efectiva la estrategia destinada a aumentar el tiempo necesario para atacar a las fuerzas del MAS, desacreditar sus figuras políticas, sobre todo al expresidente Evo Morales.

Esta persecución se concretó con la decisión del Tribunal Constitucional de La Paz, que inhabilitó el pasado 7 de agosto a Evo Morales para postularse como candidato al Senado.

Esa es una línea de ataques del oficialismo y enemigos del MAS cuyo eje va dirigido, fundamentalmente, a comprometer la imagen de Luis Arce como candidato presidencial ante su electorado. El propio Arce denunció al gobierno golpista de la presidenta interina, Jeanine Áñez, de estar llevando a cabo una ‘cacería judicial contra dirigentes obreros y campesinos’.

Resulta incuestionable que si los candidatos pronorteamericanos triunfan el 18 de octubre, el país va a enfrentar tiempos difíciles que hacen prever un estallido social similar al comenzado en el vecino Chile desde octubre de 2019.

Si el pueblo de Bolivia no desea un escenario similar de explosión social para su patria multiétnica, para ‘esta República Plurinacional’ como fue declarada constitucionalmente, entonces, el elegir quien encabece la presidencia, no es un tema menor.

Resulta a estas alturas incontestable que en el abanico de postulantes, sólo la dupla Luís Arce-David Choquehuanca tiene una propuesta programática, de futuro, seria y de beneficio para el conjunto de la población boliviana, para millones de hombres y mujeres que cambiaron radicalmente sus condiciones de vida en los 14 años de gobierno del MAS, como también un cambio en el conjunto del país en el plano social, económico y político.

La victoria de Luis Arce da más chance de permitir el mejoramiento de la posición de la población indígena, como parte de planes gubernamentales prioritarios, resolviendo problemas urgentes vinculados a la representación política en el poder, por ejemplo.

Las capas de bajos ingresos de la sociedad boliviana y los habitantes rurales son los que miran con mayor esperanza el triunfo de Arce y el MAS.

Una espera cargada de anhelos, para que el bienestar social y la protección del Estado abarque las distintas esferas de la vida de los bolivianos. Si ello no es así, no es necesario ser vidente para visualizar que la dependencia frente a Estados Unidos y con ello la inestabilidad interna y el empobrecimiento de la gran mayoría de ciudadanos será una realidad indesmentible.

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