octubre 31, 2020

¿Aprendimos la lección en Bolivia?

El Gobierno de facto de Bolivia no participó en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en la que se analizó la situación de la vacuna contra la Covid-19.

La rápida propagación del virus letal en Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá y Bolivia, desbordan los sistemas sanitarios del continente, a lo que se suma la corrupción en pleno padecimiento de la enfermedad.

El escándalo desatado en Bolivia por la compra de respiradores con un sobreprecio millonario, llevó -en mayo- a la detención del ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Para julio el ministro interino de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, militar de profesión, asumió el cargo. Ya van por la tercera sustitución bajo la presidencia de facto, al nombrar a María Eidy Roca Justiniano y ni así han logrado organizar o controlar la situación frente a la pandemia.

Hasta el momento, la jornada del 2 de septiembre ha sido la más lamentable en cuanto a fallecimientos: con 102 decesos, se registró un nuevo récord diario de fallecidos por Covid-19.

A una semana para que termine el noveno mes del año, ahora en fase de «posconfinamiento», Bolivia registra 133.000 casos de infectados y 7.765 fallecidos por el coronavirus. El Departamento de Santa Cruz es el más afectado por la pandemia, con 42.178 enfermos.

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos mantiene a Bolivia entre los más afectados por el virus en el mundo, en proporción a su población de unos 11 millones y medio de habitantes.

Bolivia es el cuarto país en número de fallecidos, respecto a los casos positivos. El porcentaje alcanza un 4,3 por ciento. Es el sexto en número de decesos, con 44,93 por cada 100.000 habitantes.

Desde que en marzo se conoció el primer caso de coronavirus en Bolivia, la pugna entre el ministerio de Salud y los servicios departamentales, que defienden su autonomía, es evidente. ¿Quién piensa en el ser humano, en una nación donde los intereses clasistas, han usurpado el derecho a la vida?

Clínicas privadas y racismo

El sector médico fue parte del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, afirma Adriana Guzmán, activa militante social e integrante del colectivo Feminismo Comunitario Anti patriarcal.

«Los médicos han estado más de 60 días en paro antes del golpe de Estado. Por ende, el sector médico ha sido parte del golpe. Si no se han transformado las condiciones en salud, ha sido porque los médicos permanentemente se han opuesto a las transformaciones para beneficiar a sus clínicas privadas, pero también por su profundo racismo y colonialismo», asegura Guzmán.

Durante los primeros meses de la pandemia, las pocas pruebas que se realizaban en el interior del país, podían demorar muchos días en ser procesados en un laboratorio de La Paz, capital administrativa.

A cualquier viajero posible, se le advierte hoy, que los hospitales que reúnen las mejores condiciones son privados, los servicios prestados caros y, además, éstos sólo se ofrecen si el paciente cuenta con una garantía previa de pago.

Para los bolivianos que viven el día a día en una economía emergente, es difícil pagar la atención médica en una clínica privada por unos 11.000 bolivianos (1.500 dólares). Ahí, sólo el examen del virus, cuesta entre 700 y 1.000 bolivianos (101 y 144 dólares). Mientras, el sistema público ahora carece de todo: médicos, insumos, equipos, reactivos, material para las pruebas de detección, por lo que se advierte un rebrote de la enfermedad, al flexibilizar las medidas restrictivas.

Tras el golpe de Estado, es tangible la desaparición de grandes beneficios sociales y económicos. Aunque el Gobierno de facto, convenientemente, no cuenta con un registro de la situación social y sanitaria. Empresas cerradas y empleos perdidos, se suman al impacto de la pandemia.

El bien mayor

Al renunciar la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, a su candidatura a las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, quiere evitar la dispersión del bloque contrario al Movimiento al Socialismo (MAS), lo que favorecería la victoria de ese partido en primera vuelta.

Al menos en la más reciente encuesta, quedó -con su alianza Juntos- en el cuarto lugar con el 10,6 por ciento de intención de voto, por debajo del candidato del MAS, Luis Arce, quien registró el 40,3 por ciento.

A esta altura del ejercicio democrático, ese dato no es suficiente, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado, sin lugar a dudas y Evo Morales fue forzado a renunciar a la presidencia de esa nación.

Recordemos sus palabras en el contexto: “Esto es conspirar contra la democracia, esto es un golpe de Estado (…) No es ninguna traición a los movimientos sociales, la lucha sigue, somos pueblo. Hemos liberado Bolivia, estamos dejando una patria liberada, en desarrollo con generaciones que tienen mucho futuro”.

“Decidí renunciar a mi cargo para que Carlos Mesa y Luis Camacho, dejen de maltratar y perjudicar a miles de hermanos (…) Tengo la obligación de buscar la paz y duele mucho que entre bolivianos nos enfrentemos, por esta razón envío mi carta de renuncia a la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Volveré con más fuerza, con más energía trabajando por nuestra querida patria”, expresó el expresidente Evo.

El Gobierno renuncia para que cese la violencia. “Somos el Gobierno que nacionalizó los hidrocarburos, el Gobierno que sacó de la pobreza a más de tres millones de ciudadanos”, dijo entonces el exvicepresidente Álvaro García Linera.

La OEA, esa cosa tan fea

“Observador imparcial”, una frase que recuerda un viejo estribillo de la canción de Carlos Puebla: “cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa”

La misma OEA, quiere ser institución observadora en las próximas jornadas electorales que tengan lugar Bolivia, a lo que se opone el Grupo de Puebla, compuesto por 44 personalidades de la política latinoamericana.

Desde diciembre de 2019, todavía están esperando la respuesta de dicha “institución”, los 133 economistas y estadistas que hicieron pública una carta a la OEA, señalando que “el resultado final -de las elecciones pasadas en Bolivia- era bastante predecible sobre la base del primer 84 por ciento de los votos reportados” y pidiendo a la OEA que “retracte sus declaraciones engañosas sobre la elección”.

También la Casa Blanca promovió el argumento del “fraude”. “La salida de Morales preserva la democracia y allana el camino para que se escuche la voz del pueblo boliviano”, dijo el presidente Donald Trump.

El derecho al desarrollo y al ″buen vivir”

El artículo 8 de la Constitución Política del Estado (CPE), al cual se le dio “el golpe”, decía: “Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y luego de valorar hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos”.

El artículo 8 también establece que “El Estado asume y promueve como principios ético–morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

“Para los que pertenecemos a la cultura de la vida lo más importante no es la plata ni el oro, ni el hombre, porque él está en el último lugar. Lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas (…) El hombre está en último lugar, para nosotros, lo más importante es la vida”, explicó alguna vez, el ex canciller David Choquehuanca, uno de los estudiosos aymaras de ese modelo y especialista en cosmovisión andina.

Para implementar tal filosofía de existencia, fue necesario que llegara al poder el primer mandatario de origen indígena en la historia de Bolivia. En las elecciones de 2005, Evo Morales obtuvo casi el 54 por ciento de los votos.

A partir de aquí, Bolivia experimentó transformaciones económicas y sociales. Dejó de ser uno de los países más pobres, y ese indicador disminuyó de 38,2 por ciento en 2005 a 16,1 por ciento en 2017. Ello significó una rebaja de 21,1 puntos porcentuales, la mayor a nivel de región.

“La tasa de desempleo abierto urbano, registró una reducción sustancial al pasar de 8,1 por ciento en 2005, a 4,2 por ciento en 2019. El PIB creció desde el 2006 a un ritmo promedio de 4,3 por ciento, mientras los programas sociales resultaron amplios y variados para lo cual se destinó alrededor de 2 000 millones de dólares, el mayor para un aparato estatal que hasta el año 2005 invertía solo 500 millones de dólares”, refiere la analista Marina Menéndez.

Alfabetizar a 819.417 personas, se dice fácil. Eran el 99,5 por ciento del total de analfabetos del país, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al país libre de analfabetismo en 2010.

En 2014, el presidente aymara, fue reelecto para el período constitucional 2015-2020 con más de 60 por ciento de los votos. En el 2018 Bolivia alcanza un 4,7 por ciento y un PIB de 40.000 millones de dólares, reconocido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La tarea

Lo que interrumpe el golpe de Estado es el progreso de un país para el bien común, con altos índices de desarrollo humano y garantía de los derechos fundamentales. Un país en crecimiento, redistribución de las riquezas y flujo de inversiones, con notable mejoría en todos los indicadores macro y microeconómicos.

Incluso, para este año 2020 hasta el Banco Mundial le pronostica al país suramericano la caída del 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se hace evidente el aumento la pobreza. “El desempleo urbano subió de 4,2 por ciento a 9,4 por ciento y la informalidad ronda al 80 por ciento de la población económicamente activa”.

Eso es lo visible del sufrimiento de una nación. A pesar del claro lenguaje elitista y anti indígena, de las precariedades populares, del saldo negativo en la gestión de la camarilla de facto que juró sobre una biblia -con el mazo dando- en un estado laico, en total irrespeto a la libertad de religión y de creencias espirituales. A pesar de todo lo ocurrido, convendría escuchar al sociólogo argentino, doctor en Ciencia Política Atilio Borón, cuando advirtió de la experiencia boliviana.

“Hay que estudiar los manuales publicados por diversas agencias de Estados Unidos y sus voceros disfrazados de académicos o periodistas para poder percibir a tiempo las señales de la ofensiva. Esos escritos invariablemente resaltan la necesidad de destrozar la reputación del líder popular, lo que en la jerga especializada se llama asesinato del personaje (character assasination), calificándolo de ladrón, corrupto, dictador o ignorante. Esta es la tarea confiada a comunicadores sociales, autoproclamados como «periodistas independientes», que a favor de su control cuasi monopólico de los medios taladran el cerebro de la población con tales difamaciones, acompañadas, en el caso que nos ocupa, por mensajes de odio dirigidos en contra de los pueblos originarios y los pobres en general” puntualiza Borón.

¿Aprendimos la lección?

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