diciembre 3, 2021

Las destituciones de Cabrera y Durán desnudan el carácter del régimen de facto


Por Carlos Echazú Cortéz-.


Pese a sus burdos esfuerzos por presentarse como un gobierno «democrático de sucesión constitucional», la dictadura de Áñez ha sido ya develada en prácticamente todos sus aspectos, desde su captura del poder, mediante un golpe de Estado; sus matanzas en la resistencia al golpe en Sacaba y Senkata; la persecución política a sus opositores; el blindaje mediático que promueve sus narrativas y encubre sus irregularidades, entre otros.

Quedaba, sin embargo, algo por develar: su actitud hacia los casos de corrupción que brotan de su seno. Habrá que aclarar que la corrupción, en sí misma, no es una característica exclusiva de los regímenes de facto, pues también se han visto manchados por esta lacra los regímenes de la más vasta variedad, desde democracias liberales hasta incluso gobiernos socialistas. El hecho es que el poder atrae a la corrupción, pues se nutre de este. No obstante, otros regímenes, debido al fuerte costo político que conllevan, reaccionan ante los casos de corrupción pretendiendo apartarse de ellos, desligarse. Lo hacen, ya sea de modo sincero o simulado, intentando sancionar el hecho o, por el contrario, negándolo y encubriéndolo.

Los regímenes dictatoriales, por su parte, actúan de un modo que los descubre como regímenes de facto, pues proceden a resquebrajar el orden creado para combatir la corrupción. Esto conjuga muy bien con su sentido general, pues todo régimen de facto implica un resquebrajamiento de toda la institucionalidad vigente. Esto lo hemos atestiguado, del modo más grosero posible, en las últimas semanas, con el régimen de Áñez.

Los casos se refieren a la compra con sobreprecio de agentes químicos para la Policía, por parte del Ministerio de Defensa, y otros varios casos en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre los que destaca la clonación de matrículas de avionetas, algo que obviamente está destinado a servir al narcotráfico. En el primer caso, si bien el exprocurador general José María Cabrera no era el denunciante, la institución a su cargo había tomado la tarea de realizar las investigaciones. En el segundo caso, el jefe de la Unidad de Transparencia de la entidad, Omar Durán, descubrió y llevó adelante las investigaciones para proceder finalmente en las respectivas denuncias.

Pues bien, en ambos casos el gobierno de Áñez destituyó a los funcionarios denunciantes. Estos hechos no tienen precedentes en la historia del país, puesto que se los ha destituido inmediatamente después de que los casos se hicieran públicos, lo que implica necesariamente que el motivo de esos despidos no sea otro que el haberse atrevido a investigar y evidenciar la corrupción.

Ambos casos son trascendentales, puesto que no se trata de funcionarios de rango inferior, a quienes se pueda esconder bajo la alfombra. Por un lado, es el Procurador del Estado, tiene el más alto rango, equiparable al del Contralor General, y cuya función constitucionalmente establecida es la de ejercer la defensa legal del Estado. Según la ley, la Procuraduría es una entidad que goza de autonomía administrativa y es independiente en el ejercicio de sus funciones. Nada de eso detuvo a los golpistas. La única explicación que ha dado el Gobierno al respecto es una declaración del ministro Murillo, quien sostuvo que el procurador se había reunido con la presidenta del Senado, Eva Copa, y que, por lo tanto, estuviera sirviendo a intereses de «otros» y no «de los que le pusieron en el cargo», como si esa entidad tuviera que estar al servicio de determinados sectores y no del Estado. La declaración de Murillo desnuda completamente a los golpistas y su visión de las instituciones del Estado.

El otro caso, tampoco es de menor alcance. Las Unidades de Transparencia son parte de una institucionalidad creada específicamente para luchar contra la corrupción, por tanto el señor Omar Durán, estaba haciendo exactamente lo que debía hacer, según las normas que rigen la entidad. Su destitución implica consiguientemente el resquebrajamiento de la institucionalidad creada para luchar contra la corrupción. La justificación que ha entregado el ministro Arias para su destitución es ridícula, pues señala que el mentado funcionario hubiera faltado a su fuente de trabajo desde tiempo atrás. Lógicamente, respondió Durán, ¿por qué entonces no se lo destituyó antes y más bien se lo hizo cuando denunció los casos de corrupción?

Ambos casos dejan entrever el carácter de un gobierno de facto en cuanto a la reacción que este tiene respecto a los casos de corrupción que se generan en su seno. Procede a quebrantar las instituciones creadas para combatir la corrupción. Evidentemente, ¿qué puede quedar en pié de esas instituciones, cuando sus cabezas han sido destituidas justamente por cumplir sus funciones?


* Militante de la izquierda boliviana

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