octubre 29, 2020

Entre elecciones y tentativas de golpe de Estado

Por Juan Carlos Pinto Quintanilla-.


Se ha abierto el escenario previo a las elecciones y una serie de conflictos entre grupos y partidos nos anuncian las tensiones existentes en la sociedad en torno a lo que ocurrirá el 18 de octubre. En la recta final electoral, hay alineaciones de los sectores más definidos, que organizados ya salen a las calles. El Movimiento Al Socialismo (MAS) irrumpió en el espacio público con caminatas y movilizaciones, recuperando las calles otra vez y mostrando el poder popular que lo acompaña; los otros partidos han buscado realizar esta dinámica para no perder votos, pero apenas alcanzan a pequeñas concentraciones, caravanas automovilísticas y visitas a las casas. La disputa está en las calles, donde todos los días se movilizan candidatos con sus adherentes por sus barrios y zonas.

En algunos lugares han existido amagos de confrontación, en otros son algunos grupos que atacaron las tiendas partidarias, particularmente al MAS, con cerca de 20 ataques recibidos, y Comunidad Ciudadana (CC), que denuncia siete casos, entre los principales contendores. La intensidad del proceso electoral se encuentra en crecimiento, y podría ser propio de la democracia el que las corrientes de opinión y electoral contrasten posiciones y a veces surjan grescas inclusive. Los ataques y destrozos ocasionados en casas de campaña, junto a candidatas heridas, todavía puede ser una reacción frente a la violencia estatal con la que hemos vivido los meses pasados y que no dio curso al flujo democrático de posiciones e ideas.

Sin embargo, lo que preocupa es que estas nacientes muestras de violencia se vayan atando a una estrategia de grupos fascistoides que buscan la generalización de la violencia en la perspectiva de detener el proceso electoral en curso. En este camino están las declaraciones del ministro Murillo, que sostiene que se han comprado “más amas para defender la democracia, al precio que sea”, o en los últimos días “… que como gobierno entregarán el gobierno a quien resultare elegido por el pueblo, y que por supuesto no será el MAS”, esto después de su periplo viajero a Estados Unidos, donde se entrevistó con Almagro de la Organización de Estados Americanos (OEA) (que luego manifestó su preocupación públicamente de que pudiera haber “otro fraude en Bolivia”), y afirmar que estuvo en la Casa Blanca para “coordinar temas de seguridad”. Entonces y sintomáticamente se hacen más violentas las movilizaciones de grupos parapoliciales, que con sus armas de agresión se movilizan desde Cochabamba (Juventud Cochala) y desde Santa Cruz (Unión Juvenil Cruceñista) hacia los otros departamentos, con abundantes recursos para movilizarse y sostenerse. Es fácil deducir que obedecen a una estrategia de generalización de la violencia en esta etapa preelectoral.

Ya lo han hecho en las movilizaciones de La Paz, frente al juzgado, cuando se trataba el tema de la personería jurídica del MAS; en Sucre en la Fiscalía General, pidiendo la renuncia del fiscal general Lanchipa; o bien en el acoso y ataque a la casa del presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz. Si a esta situación sumamos el permanente acoso y agresión al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los medios de comunicación y las redes, estamos ante un escenario que busca convulsionar el panorama electoral y generalizar la confrontación para obligar, en teoría, a suspender el proceso electoral. No lo pudieron hacer a través del miedo a la pandemia, que fue su principal argumento, y hoy los golpistas tienen una nueva estrategia, que debemos develar y denunciar por todos los medios posibles, pues se prepara una nueva arremetida contra la democracia y la ciudadanía boliviana.

Los sujetos de sus ataques no son casuales, sino parte de los objetivos que pretenden. Desprestigiar el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), a quienes son actualmente sus representantes, y con la pretensión de una vez más, como en 2019, generalizar la desconfianza en quienes administran el proceso (aunque ellos mismos han sido puestos en su mayoría por la nueva fuerza oficialista, en el Gobierno) lo que es parte de una asonada golpista que pretende la anomia estatal, que desinstitucionaliza a las representaciones para sustituirla por la fuerza y las armas de quienes son parte de las Fuerzas Armadas, Policía, y las bandas paramilitares en las calles imponiendo su propio orden. Complementariamente a estas acciones, se compran armas y se devela que existen militares de grado en servicio activo y pasivo que están sosteniendo reuniones con el alto mando militar, puesto por la señora Áñez. Aún más, se anuncia un “ejercicio militar conjunto” en la zona del Chapare para el 12 de octubre, para cuyo fin se está enviando aviones cargados de armamento militar a esa zona, junto a una gran movilización de fuerzas de élite.

También el ataque a la Fiscalía General es ilustrativo, pues si bien Lanchipa en un primer momento ayudó a la legitimización de la represión golpista, en otro momento tuvo desacuerdos frente a las imposiciones de Murillo; y hoy frente a un posible nuevo escenario represivo, los que propugnan una nueva asonada quisieran tener una vez más a un fiscal que legitime y legalice la represión y persecución que pretenderían desatar; no habría otra explicación para desatar una campaña violenta para buscar la renuncia de Lanchipa a apenas 12 días del proceso electoral. Tampoco tendría sentido aparente el acoso y ataques al presidente del TED Santa Cruz, que siempre ha sido parte de los grupos de poder de esa ciudad y, sin embargo, es parte de la confrontación entre la visión electoral del proceso y la confrontacionista que tiene a Camacho como referente junto a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

Junto a las confrontaciones políticas en curso, encontramos la generalización de problemas producto de la situación económica que viven la mayoría de los bolivianos. Las huelgas de hambre de los grupos nacionales de AFP; los que piden la pronta aprobación del 10% de salud en el presupuesto nacional para el año y otros que son parte de los conflictos, que si bien nacen de necesidades sentidas por la población, son utilizadas políticamente por grupos oficialistas y el Gobierno para presionar a la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP), para que antes del 18 de octubre libere recursos y/o los comprometa pretendiendo hacer bandera electoral de estos temas o bien llevar a la desesperación a los movilizados para tener la excusa de la creciente violencia “desatada por el MAS”, frente a la democracia que “los golpistas nos quisieran regalar”.

En estas condiciones la desesperación es una tónica de este tiempo y tiene consecuencias como la toma de las instalaciones de la Vita en El Alto, con represión con heridos, y más de 50 obreros arrestados, que pedían respeto al fuero sindical, violado consecutivamente a lo largo de estos más de 10 meses del gobierno transitorio; las movilizaciones de padres y madres de familia para la reposición del desayuno escolar; o las movilizaciones de sindicatos mineros que demandan estabilidad laboral y pago de salarios retrasados por meses, tanto por privados como el propio Estado; el movimiento nacional de los discapacitados ya reprimidos por la Policía, que piden un bono de 1000 Bs para sobrevivir, entre muchos otros problemas en curso que no fueron ni serán atendidos por el gobierno golpista, pero que son utilizados para buscar incendiar el panorama social y político.

En definitiva, las condiciones políticas del contexto suman esperanzas de retorno democrático para la ciudadanía, pero hay algunos que piensan en cómo sostener los espacios de privilegio económico y político que no desean perder ni en el actual gobierno, ni en el futuro gobierno, que si no es de su gusto seguirán complotando con la posibilidad del golpe continuado.

Ante esa condición no queda más que pensar la toma del poder como un proceso en marcha, cuya primera etapa en curso es el que las elecciones se realicen efectivamente el 18 de octubre, para el que debemos prepararnos y ejercer el control social organizado a nivel nacional, en defensa del voto y el derecho a elegir. Cuidar y supervisar el voto en todas las instancias para evitar el fraude electoral, pues ante la imposibilidad de ganar el caudal electoral del MAS existe la posibilidad del fraude a través del sistema electoral (todavía más pues el sistema de conteo rápido la noche de las elecciones hará públicos los conteos nacionales de primera comprobación, generando una impresión verdadera o creada de ganador y las diferencias con el segundo, que luego en el conteo real de las actas físicas podría cambiar, pero ya se hubiera posicionado una idea, quizás la que ellos quisieran para creer en los resultados; lo que devendría en conflictos sociales).

Entonces existe la imperiosa necesidad de que la ciudadanía este atenta no solo para la defensa de su voto, sino de la democracia y de los derechos adquiridos de elegir y ser elegidos. En consecuencia, las organizaciones y la ciudadanía en general, deben tener el plan B para que orgánicamente pueda enfrentar la posibilidad de un nuevo golpe de Estado que no solo busque invalidar las opciones populares, sino sobre todo sostener los privilegios de los golpistas así como la de escapar de responder a la justicia por los muertos, los heridos, los perseguidos en estos meses, junto a los miles de muertos por la incapacidad deliberada frente a la pandemia. Todo esto, además, para esconder los millones de dólares que este gobierno transitorio le ha robado al pueblo boliviano junto al desmantelamiento del Estado Plurinacional.

Si la victoria electoral fue contundente, y los golpistas no pueden cumplir con sus planes, entonces preparemos el poder popular con el nuevo gobierno, para salir juntos de la crisis, para reponer los derechos fundamentales y para recuperar la verdadera justicia que respete la dignidad de la pluralidad que somos y penalice a quienes han matado y robado a nombre nuestro… y eso no es venganza, es solamente Estado de Derecho.


* Sociólogo

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