Por Por Ramiro Lizondo Díaz-.
A lo largo de los años y en el marco de gobiernos neoliberales entre los años 80 y 90, se fue tejiendo una estrecha y tormentosa relación entre la región y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los préstamos condicionados del FMI exigen a los gobiernos aplicar ajustes estructurales en sus economías, los que implican casi siempre la reducción del gasto público para realizar ajustes fiscales; la anulación de subvenciones y bonos sociales; la privatización de las empresas estatales y el incremento de la liquidez a través de créditos de corto plazo.
Hasta el año 2005, Bolivia vivía bajo el designio del FMI y sus condicionamientos. La privatización de las empresas públicas y los servicios básicos; la pérdida de miles de empleos; el expolio de los recursos naturales con la venta de gas natural a los Estados Unidos usando puertos chilenos, entre otros, crearon el escenario de un levantamiento popular en la ciudad de El Alto que acabó con las políticas económicas que impuso aquel organismo y que habían pauperizado a los trabajadores y enajenado los recursos naturales en favor de las transnacionales y las élites que gobernaban el país desde su fundación.
Con el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) (2006-2019), fue política de Estado no gestionar recursos ante el FMI precisamente por los condicionamientos que imponía. Esa decisión soberana significó una exitosa gestión macroeconómica del Gobierno. Los indicadores económicos y sociales que ubicaban a Bolivia en una posición de crecimiento sostenido; bajo déficit fiscal; bajas tasas de desempleo; crecimiento del mercado interno; reducción de la pobreza y la extrema pobreza; incremento del consumo interno y mejora de la producción y productividad de la economía real. No era necesario el FMI ni sus medidas de ajuste. En ese período el país fue la prueba de que se podía vivir sin los condicionamientos del FMI.
Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, el FMI aumentó su influencia en la región, otorgando créditos de emergencia solicitados por los países. En todos los casos, el Fondo autorizó los desembolsos para paliar la emergencia sanitaria y reconoció la necesidad de incrementar el déficit presupuestario para preservar la salud pública y contener el impacto económico del coronavirus, pero destacando que esos gastos públicos son eventuales y que las políticas sociales aplicadas por los gobiernos en la pandemia están bien, pero que se deberán hacer ajustes en la etapa postpandemia a partir del 2021.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), antes de la pandemia la región ya tenía el menor crecimiento económico en décadas. La pandemia llegó en un momento de debilidad económica y se estima que habrá una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 5.3% en 2020, la peor en toda su historia y solo comparable a la Gran Depresión de la década de 1930 (-5%) o, más aún, hasta 1914 (-4.9%). También se estima que en 2020 el desempleo llegará al 16% en la región. Ese es el escenario ideal de la reaparición del FMI con fuerza en muchas décadas y con el tono de voz más alto.
En el caso de Bolivia, después del golpe de Estado de 2019 y la ruptura del orden constitucional, la pandemia provocó una crisis sanitaria que se agudizó por la pésima gestión del gobierno de facto. Los principales casos de corrupción se dieron en la compra de insumos médicos. Sin embargo, según el FMI, la respuesta de Bolivia a la crisis sanitaria fue “oportuna, bien focalizada y apropiada», resaltando además la determinación del Gobierno para «garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda» una vez que haya pasado la emergencia.
El 17 de abril de 2020, el país recibió un préstamo por 327 millones de dólares del FMI, solicitado por el gobierno de facto. Dicho crédito siguió su trámite en la entidad pese a la situación de ruptura constitucional por el golpe de Estado. En todo caso, el mencionado crédito no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debido a las condiciones lesivas al interés del Estado que trataba de imponer el Fondo y que, al conceder ese crédito, este violó su carta constitutiva porque no contaba con el aval y la aprobación legislativa que exige la norma actual boliviana. A pesar de ello, el Gobierno de facto recibió el crédito a través del Banco Central de Bolivia (BCB) y ya comenzó con el pagó 1.7 millones de dólares por intereses.
En los últimos días, el ministro de Economía de facto, Branko Marinkovic, representante de los sectores más reaccionarios y conservadores de la derecha agroindustrial de Santa Cruz de la Sierra y que hace pocos años atrás trató de dividir el país con la llamada “media luna”, acordó con el FMI adquirir ese crédito al margen de la ley y vulnerando el orden constitucional al recurrir a una maniobra legal que compromete su pago y devolución con cargo a las reservas internacionales de Bolivia, depositadas en bancos internacionales.
Cuando en muchos países de la región, como Argentina y Costa Rica, se cuestiona en las calles la presencia del FMI, en Bolivia, al amparo del gobierno de facto, retornó el FMI, por supuesto, imponiendo sus condiciones y ajustes que promueven la pérdida de la soberanía económica.
En el marco de la pandemia, los préstamos del Fondo a las economías de la región están dirigidas a proporcionar liquidez, pero estas se vuelven impagables y se fugan del país sin saber en la mayoría de los casos adonde van a parar, como en el de Bolivia, en que no se sabe el destino de esos recursos y el BCB deberá explicar al nuevo gobierno electo el 18 de octubre todo lo referido a los mentados acuerdos.
Para ponerle la guinda a la torta, en situación de crisis sanitaria y golpe de Estado, sabemos que la principal función de la Procuraduría General del Estado, creada en el gobierno del MAS, es la defensa del Estado, pero dicha institución se ha convertido en un botín de guerra para el gobierno de facto, por lo que deberá ser la ALP la que deba iniciar procesos de responsabilidades por incumplimiento de deberes, daño económico al Estado y traición a la patria a los responsables de adquirir un crédito con el FMI que compromete nuestras reservas internacionales y ponen en riesgo la soberanía nacional.
* Economista
Cortesía de https://correodelalba.org/
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