julio 25, 2021

El Tribunal boliviano paraliza juicio a Evo Morales en espera de autorización parlamentaria

LA PAZ (Sputnik) — El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó paralizar el proceso penal ordinario que enfrentaba el expresidente Evo Morales (2006-2019), por sedición y terrorismo, para tramitarlo como un juicio de responsabilidades que deberá ser autorizado por el parlamento, informaron medios locales.

«El TSJ ordena que el juez de La Paz [que atiende el caso] remita investigación contra Evo (…) La Sala Penal del TSJ se declaró competente para tramitar el proceso penal en contra del expresidente, denunciado en la Fiscalía de La Paz, por los delitos de terrorismo y sedición», publicó el diario Correo del Sur.

El TSJ deja así en manos del parlamento controlado por el partido de Morales la decisión de autorizar el eventual juicio de responsabilidades, que debería ser requerido por la Fiscalía General, o archivar el proceso.
El medio de la ciudad sureña de Sucre, donde funciona el TSJ, dijo que el cambio de jurisdicción judicial fue planteado por la defensa con el argumento de que los hechos investigados ocurrieron cuando Morales era aún presidente, en noviembre de 2019, y su renuncia estaba pendiente de aprobación parlamentaria.

Cambio de justicia

La decisión es un nuevo giro en el proceso impulsado por el pasado Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que ya había sufrido en octubre la anulación de la imputación y de la orden de aprehensión contra Morales, por supuestos errores que la Fiscalía debía enmendar.

Esta situación se suma a decenas de casos en los que fiscales y jueces dieron marcha atrás en procesos impulsados por Áñez contra autoridades de los gobiernos de Morales y seguidores del líder indígena desde que su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó las elecciones de octubre y retomó el Gobierno en noviembre.

Según Correo del Sur, la Sala Penal del TSJ falló a favor del «incidente de inhibitoria» que había planteado el abogado de Morales, Wilfredo Chávez, contra el juez de La Paz que atendía el caso, demandando que el proceso sea elevado a rango de juicio de responsabilidades.

Chávez, quien es ahora Procurador General del Estado, benefició también con este recurso al otro acusado en el mismo proceso, el dirigente campesino Faustino Yucra, quien por su parte anunció que demandará a los fiscales que lo imputaron y al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por «falsa acusación».

El caso está basado en un audio de una conversación telefónica en la cual un supuesto Morales da instrucciones a Yucra sobre bloqueos de carreteras en protesta contra la autoproclamación del Gobierno de Áñez, ocurrida el 12 de noviembre de 2019.

Ese diálogo habría ocurrido cuando Morales estaba ya en el exilio.

Sin embargo, la exsenadora derechista Carmen Eva Gonzáles, quien se sumó formalmente a la acusación, dijo a reporteros que el proceso debería continuar en la vía ordinaria, porque la supuesta conversación telefónica motivo del proceso penal ocurrió cuando Morales ya no era efectivamente presidente.

El Correo del Sur citó fuentes judiciales que señalaron que el eventual juicio de responsabilidades contra Morales por terrorismo y sedición solo seguiría adelante si el parlamento lo autoriza.

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