octubre 27, 2021

El modus operandi del saqueo

Por Nathanael Hastie-.


Nuestra patria y sus bienes han sido asaltados y saqueados tantas veces y de variadas maneras, a tal extremo que se inventaron términos y aprobaron leyes para regular y sistematizar el despojo, lo llamaron privatización, capitalización, descentralización, concesión, ajuste estructural o liberalización. Con el cinismo, se construyó un discurso rimbombante de falso patriotismo para acompañar y legitimar el asalto, para proyectar la imagen del libre mercado como única salvación. El golpe de Estado de noviembre de 2019, mientras repetía el discurso de “recuperar la democracia”, ha avanzado sistemáticamente con el sabotaje y el debilitamiento de las empresas estatales.

René Zavaleta sentenció que en Bolivia la burguesía es “construida por el Estado y no… construye un Estado; por consiguiente, no concibe su vida fuera del acto estatal”; [1] las dos décadas de imposición neoliberal confirman este postulado. El bloque oligárquico ha montado un esquema sistemático de asalto a bienes del Estado, supo acomodar y rotar a directivos, gerentes y accionistas en puestos claves de la administración pública e instrumentalizó la partidocracia para representar los intereses de los distintos grupos económicos del país. La punta del iceberg del asalto se encuentra en los tres tomos del informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) (2015-2020).

Durante el neoliberalismo (1985-2005) se ha consolidado un modus operandi que se resume en:

  1. La designación de representantes empresariales en altos puestos de los órganos Ejecutivo y Legislativo de la República (esta práctica es conocida como la “puerta giratoria”, el flujo de ejecutivos entre sector público y privado);
  2. La contratación de “consultores” o “expertos” para evaluar el rendimiento y el valor de los emprendimientos estatales;
  3. La enajenación de las empresas estatales (mediante la modalidad de privatización o capitalización, según el gobierno de turno), favoreciendo a los grupos financieros nacionales o transnacionales.

Este modus operandi va de la mano con una estrategia mediática de legitimación de la enajenación, alegando la supuesta situación deficitaria de las empresas a ser rematadas. En 20 años se desmontó sistemáticamente la participación estatal en minería, hidrocarburos, banca, telefonía, ferrocarriles, electricidad, aviación, turismo e industrias. Las formas de organización, los grupos económicos, los mecanismos, incluso los mismos actores, se encuentran en el informe de la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización de la ALP. Pero, a pesar de las conclusiones del informe parlamentario, los principales responsables del desmontaje y el atraco de las empresas estatales en los 80 y 90 gozan de impunidad y volvieron con el mismo objetivo en 2019.

El modelo económico del Estado boliviano en la actualidad, es una síntesis del modelo nacional (1952-1985) y el modelo neoliberal (1985-2005), no se ha regresado a la receta del modelo nacional por completo como tampoco se ha desechado la administración corporativa neoliberal por completo. La mayoría de las “nacionalizaciones” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2019, en los hechos fueron compras de paquetes mayoritarios de acciones que generaron una dinámica en la que las empresas estratégicas y/o sus subsidiarias mantienen la organización corporativa de Sociedad Anónima con la participación proporcional de los accionistas en la conformación de la directiva. Además de estas empresas en las que el Estado recuperó su participación, se crearon empresas públicas en diferentes rubros con participación netamente estatal.

El marco normativo de la Ley de la Empresa Pública (Ley 466, 2013) creó el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep) como máximo ente rector de las empresas estatales, este se conforma con los ministros de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo, y de Economía y Finanzas Públicas, y entre sus atribuciones se encuentran las de designar y retirar a los directivos en las empresas estatales en representación del Estado central (Artículo 13).

El modus operandi que asumieron desde el bloque oligárquico durante su año de usurpación del gobierno fue entregar el mando de empresas estatales a exgerentes y accionistas del sector privado, desfalcar y actuar contra los intereses del Estado; no es una novedad, sino una réplica del neoliberalismo. El golpe de Estado de noviembre de 2019 fue cuidadosamente articulado y planificado, participaron en su ejecución políticos, cívicos, altos mandos policiales y militares, medios de prensa, embajadas y empresarios. Llama la atención que el 18 de octubre de 2019 (dos días antes de las elecciones) se produjo una reunión entre Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), e Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias en la que aquel destacó el “rol del sector privado en democracia.” [2] Se hace evidente el grado de compromiso del empresariado con el golpismo en el comunicado conjunto, del 19 de noviembre de 2019, de la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Nacional de Comercio, que manifiesta tácitamente:

“Celebramos la recuperación de la Democracia en Bolivia. Apoyamos al actual gobierno de transición.”

El compromiso del sector empresarial con el golpe no se ha limitado al ámbito discursivo o al financiamiento, que admitió públicamente Luis Fernando Camacho, sino que dirigentes empresariales han contado con nombramientos dentro del gabinete de Áñez y de las directivas de empresas estatales.

Al revisar los antecedentes de los ministros que pasaron por el consejo encargado de las empresas públicas, encontramos al exministro de Economía, José Luis Parada Rivero, quien fue director del Fondo Ganadero SAM, una entidad financiera constituida con aportes del sector privado y del Estado mediante la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), que en 1992 transfirió la totalidad de sus acciones al sector privado. Otra de las empresas en las que Parada Rivero fue director es la Hilandería Santa Cruz SAM, también constituida con fondos estatales mediante la Cordecruz, empresa cuya inversión fue de 77 millones de dólares y que en 1996 fue privatizada por cuatro millones de dólares. Se suma a este currículum el cargo de director del Ingenio Azucarero Guabirá, con una inversión de 19 millones de dólares y privatizado por 10 millones de dólares en 1992. Algunos de los otros ministros que han pasado por el Coseep incluyen a Branko Marinkovic, quien ha sido directivo del Banco Económico y de Industrias Oleaginosas (Aceite Rico), y Carlos Melchor Díaz Villavicencio, exdirectivo del Banco Ganadero. ¿Cuál fue la intención del régimen al nombrar a representantes de la banca privada, de la agroindustria y quienes tienen antecedentes de haber participado en la privatización como responsables de las empresas estatales?

La campaña desatada en medios de comunicación durante los primeros meses del régimen de Áñez se centró en legitimar una supuesta pérdida, falta de rentabilidad y mala gestión de las empresas estatales, con titulares como “Revelan pérdidas en Entel” (El Diario, 03/03/20); “La mitad de las empresas estatales arroja pérdidas” (ABI, 29/02/20); y “Gerente de BoA denuncia pérdida de más de $us 50 millones e intento de sabotaje” (Los Tiempos, 02/03/20). Se volvía a la misma práctica de intento de legitimación que en los 80 y 90 se empleó para crear una corriente de opinión pública abierta a la posibilidad de reducir la presencia estatal en la economía.

Fue noticia nacional en febrero que el gerente de Entel SA, Elio Montes Chávez, se había dado a la fuga luego de una denuncia de desfalco a la empresa telefónica que se expresó en viáticos lujosos, auspicios y finiquitos fuera de la normativa legal. Sin embargo, lo que no se dijo es que en la presidencia del directorio de la empresa, a pesar del escándalo, no se produjo ningún cambio. El presidente del directorio de Entel SA en el régimen de facto, en representación del Estado boliviano, fue Ibo Blazicevic, gerente de la Cervecería Boliviana Nacional y presidente de la Cámara Nacional de Industrias. Cabe destacar que el accionista principal de Entel SA es el Estado boliviano mediante el Ministerio de Obras Públicas, en ese momento Iván Arias. ¿Por qué el gobierno de Áñez designó a uno de los principales representantes de la gran empresa privada como presidente de Entel SA?

En el año de régimen de facto, se han encargado de modificar estructuras orgánicas, por ejemplo, el DS 4084 autoriza al Ministro de Energía la designación “por Resolución Ministerial al Presidente Ejecutivo interino, al Vicepresidente Ejecutivo de ENDE-Corporación, a los gerentes de área de ENDE-Corporación y gerentes generales de filiales/subsidiarias” (Artículo 3), cuando este cargo debía ser nombrado por el Presidente del Estado de una terna presentada por la ALP (Artículo 2, DS 267). Irregularidades en el nombramiento de directivos y ejecutivos de empresas estatales durante el régimen de facto que deben ser revisados a profundidad.

El 21 de noviembre de 2019, mediante el DS 4084, se modifica la estructura de ENDE matriz, autorizando al Ministro de Energía la designación “por Resolución Ministerial al Presidente Ejecutivo interino, al Vicepresidente Ejecutivo de ENDE-Corporación, a los gerentes de área de ENDE-Corporación y gerentes generales de filiales/subsidiarias” (Artículo 3). El principal ejecutivo de ENDE, conforme a la normativa hasta entonces vigente, debía ser nombrado por el Presidente del Estado de una terna presentada por la ALP (Artículo 2, DS 267). Hubo cinco diferentes presidentes interinos de ENDE-Corporación en el año del régimen de facto, entre ellos Humberto Antonio Leigue Vaca y José Kreidler Guillaux, ambos exgerentes de la Cooperativa Rural de Electrificación RL de Santa Cruz (CRE), la empresa de electricidad no estatal más grande del país. Estos nombramientos contravienen directamente los impedimentos establecidos en el Artículo 43 de la Ley 466 de las Empresas Estatales. En enero 2020, mediante un informe público, el presidente de ENDE, Jorge Cordero Zárate, plantea que el problema principal de la empresa era “su dependencia del gobierno” y que la solución se hallaba en convertirle en sociedad anónima, recomendando además que ENDE debiera coadyuvar a las empresas y cooperativas eléctricas sin participar directamente en ellas.

Esta línea de acción en beneficio de las empresas no estatales llegó a su cúspide con el DS 4346, que instruye el estudio de la información financiera de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) (Cochabamba), con el objetivo manifiesto de determinar la composición accionaria de la misma, poniendo en tela de juicio el grado de participación de ENDE a favor de la empresa Inversiones Luz del Valle SA. Mientras en los medios de prensa el ministro Murillo hablaba de la devolución de utilidades a los socios de Comteco, en el decreto supremo solo se hacía mención a Inversiones Luz del Valle SA (cuyas acciones corresponden en 56,6% a Comteco y el restante 43,3% a otras personas). El intento de “devolver” el paquete accionario de Elfec a inversionistas privados provocó una crisis dentro del gabinete de Áñez y resultó en la renuncia del ministro Ortiz y otros ligados al partido Demócrata.

La oligarquía en Bolivia durante el periodo neoliberal se ha enriquecido a través de la privatización y la capitalización de las empresas estatales, reduce el Estado a un instrumento que posibilita su enriquecimiento y atenta sistemáticamente contra las empresas estatales con el objetivo de enajenarlos. A pesar de la nutrida documentación en el informe parlamentario respecto al daño económico al Estado entre 1985 y 2005 y los responsables/beneficiarios directos, la gran mayoría de los sindicados goza de impunidad, ni siquiera enfrentan cargos penales por sus acciones ilegales. Usar la lucha contra la privatización y contra la enajenación de los bienes del Estado como bandera en la campaña electoral sin tomar medidas concretas para evitar que vuelva a ocurrir es un saludo a la bandera. Los mismos actores, con el mismo modus operandi, volvieron a atacar nuestras empresas estatales con el golpe de Estado de 2019. ¿De qué sirve publicar tres tomos de informes en torno a la enajenación de bienes del Estado cuando los juicios iniciados pueden contarse en una mano y no existen cambios legislativos que garanticen que no vuelva a ocurrir? ¿Cuánto tiempo más se mantendrá la impunidad de aquellos actores que asaltaron los bienes colectivos del pueblo boliviano?


1       Zavaleta, R. (1990) El Estado en América Latina. La Paz: Editorial Los Amigos del Libro, pág. 4.

2       http://www.cnibolivia.com/noticias/presidente-de-la-cni-se-reune-con-almagro-en-el-marco-del-world-business-forum-2019

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