Por Roddy Martínez Villarroel-.
La noticia del momento es la devolución por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) al Fondo Monetario Internacional (FMI) del crédito por 351,5 millones de dólares desembolsados al país el 21 de abril de 2020, y lo que llama aún más la atención a varios colegas economistas es el costo que debe asumir Bolivia por la devolución de dicho crédito, monto que asciende a 24,3 millones de dólares. Hagamos un análisis sobre el asunto en cuestión.
No es un crédito propiamente dicho, en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (RIF), sino que el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia, misma que consiste en permitir al Estado vender sus Derechos Especiales de Giro (DEG) que se tiene en el FMI. Cada país miembro tiene una cuota de DEG en función a su participación accionaria. El Fondo al aceptar la asistencia financiera de emergencia de Bolivia le permitió vender sus 240,1 millones de DEG, tomando en cuenta que para esa fecha el tipo de cambio estaba a 1,36 dólares por DEG (aprox.), el país obtuvo por la venta 327 millones de dólares.
Hasta ahí se podría decir que Bolivia simplemente está haciendo uso de sus activos de reserva que tenía en el FMI y que no hay ningún daño económico, moral o afrenta a la soberanía nacional, pero ¿dónde está el problema y la razón por la cual el país tuvo que pagar 24,3 millones de dólares extras por la operación? Y además ¿por qué esta devolución se constituye o se muestra como una actitud soberana por parte del Estado frente a los organismos internacionales de financiamiento?
El quid del asunto está en la obligación que pone el FMI de recompra por parte del Estado boliviano de esos 240,1 millones de DEG liberados, y que si hubiera variación del tipo de cambio de los DEG el país debe asumir la diferencia, además de los intereses y comisiones. Al final, Áñez y su entorno económico terminaron vendiendo los DEG con el compromiso de recompra, pago de intereses y la incertidumbre de la variación del tipo de cambio de los mismos. Al día de hoy los DEG se apreciaron 6% desde abril de 2020, por lo que la recompra significó en términos de variación cambiaria un extra de 19,6 millones sobre el capital y sumando los intereses y comisiones aceptados en ese entonces dan el total de los famosos 24,3 millones de dólares.
Teniendo claro el panorama del RIF, podemos ver con mayor objetividad el tema. En su momento los que firmaron el acuerdo con el FMI, a través del RIF, tenían la obligación de negociar las mejores condiciones posibles para el Estado en lo que respecta a la obligación de recompra de los DEG; existen muchas alternativas dado el escenario de crisis y pandemia, por ejemplo, aprovechar la imagen que pretendía mostrar el FMI en ese momento de apoyo financiero global. Una alternativa pudo ser la mantención del valor de los DEG al momento de la recompra y que la variación la asumiera el FMI. La importancia para el FMI de los DEG asignados a un país como Bolivia es insignificante en relación a los cupos que tienen los países accionistas mayoritarios. Además, si se iba a asumir costos de recompra por variación cambiaria se nos debió liberar mínimamente de impuestos y comisiones, entre otros.
Ahora que se dejó el muerto al siguiente Gobierno, este tema de la recompra y la obligación de asumir la variación cambiaría de los DEG, sumado a los intereses y comisiones, se vuelve una bomba de tiempo debido a que en un contexto internacional de recuperación es muy probable que los DEG se sigan apreciando y el costo de no realizar la recompra inmediatamente sea mucho mayor en un futuro. Dado que las condiciones no las aceptó el actual Gobierno, y que esperar más tiempo no es una opción, se dejó a Bolivia entre la espada y la pared, debiendo asumir los costos para cancelar dicha obligación. Lo que nos lleva a plantear que la censura por daño económico recae al momento de contratar la obligación con cláusulas lesivas al Estado y no al momento de cierre.
Hubo una danza de miles de millones que administraron Áñez y su entorno, de donaciones y créditos externos por tema de Covid-19. Según datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, entre el 27 de marzo y el 4 de abril de 2020 Bolivia recibió mil 425 millones de dólares en donaciones (CAF, Fonplata, PNUD, etcétera); y entre el 17 de abril y el 19 de junio fueron adquiridos 754 millones de dólares de créditos externos de parte de la CAF, Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La contratación de esta obligación con el FMI significó para el país además de un endeudamiento un daño moral y un incumplimiento a la Constitución, tanto por la corrupción y manejo discrecional de los fondos como por las argucias jurídicas para evadir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La connotación de soberanía nacional frente al FMI que se le da a esta acción no es tanto por las condiciones que imponen estos, sino va más de la mano de la vergonzosa carta de intención escrita por el entonces ministro de Economía, José Luis Parada, y Guillermo Aponte, presidente del BCB, el 10 de abril de 2020, dirigida a Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, donde reconocen que ya han tomado acciones para eliminar las empresas públicas indicando: “…en el contexto de la solicitud de compra en el marco del RIF el nuevo gobierno redujo la inversión de las empresas públicas”. Y se comprometen a reducirlas más: “…Compensaremos algunas necesidades financieras adelantando un recorte planificado de la inversión de nuestras empresas públicas equivalente a alrededor de un 0,8% del PIB”. Por si esto fuera poco, unilateralmente ofrecen al FMI, a nombre de diálogo abierto, tomar decisiones sobre las políticas económicas de Bolivia: “…Además, el gobierno de Bolivia tiene la intención de mantener un diálogo abierto con el FMI para evaluar más a fondo soluciones a nuestras dificultades de balanza de pagos en los meses venideros”.
Esto es lo que avergüenza y lo que define al acto de devolución al FMI como un precedente de soberanía nacional. Bolivia dejó de ser colonia hace mucho tiempo y define de forma soberana su política económica, pero en abril de 2020 estas dignísimas autoridades transitorias fueron de libre voluntad a someterse y rendir cuentas sobre las posibles soluciones a tomar sobre nuestra economía. Primero, que esto demuestra incapacidad por parte de las autoridades de ese entonces de no poder solucionar los problemas del país; y segundo, se entiende claramente lo que es rifar la soberanía y la dignidad nacional.
Los tiempos neoliberales donde el FMI tenía un piso entero en el edificio del BCB y dirigía nuestra política económica, donde debía consultárseles primero para tomar alguna decisión de política, no deben volver jamás.
- Economista y abogado, especialista en temas de Desarrollo e integración.
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