septiembre 18, 2021

Las elecciones de marzo de 2021 y el golpismo en el nivel subnacional

Por Helena Argirakis Jordán-.


Las elecciones del 7 de marzo presentarán algunos desafíos, así como características peculiares y preocupantes –por decir lo menos– por la posibilidad de la perpetuación de una serie de eventos y/o rasgos de interrupción de la institucionalidad democrática que se evidenciaron a finales del año 2019 y durante el 2020, en el nivel de las entidades territoriales autónomas o en el nivel de gobierno(s) subnacional(es). Entre estos eventos o rasgos, vale la pena destacar lo que el Sistema Asociativo Municipal (SAM) denunció en su momento como el “golpismo subnacional”. La referencia a este puso de manifiesto una peligrosa tendencia de interrupción de la institucionalidad democrática, interrupción de gestiones administrativas y alteración de las correlaciones de fuerzas políticas, resultado de las elecciones subnacionales de 2015, así como de las relaciones y niveles de coordinación entre el nivel de Gobierno Central del entonces régimen de facto de Jeanine Áñez Chávez con el tejido asociativo municipal del nivel territorial subnacional.

La importante alerta del golpismo en el nivel subnacional entraña varias connotaciones que merecen ser analizadas con detenimiento habida cuenta que nos conducen a posibles escenarios de conflictividad desde las regiones, departamentos, territorios y municipios a partir de marzo de 2021. Por lo tanto, un primer elemento a resaltar es la variable geográfica-territorial, desde la cual podemos evidenciar o constatar que la interrupción de la institucionalidad democrática del Estado Plurinacional no solo se perpetuó en el nivel del Gobierno Central, sino también desde las entidades territoriales autónomas (ETA) o niveles de gobierno subnacional.

Existen múltiples casos y evidencia fáctica del golpismo en las ETAs a nivel nacional, como el caso de la violencia política ejercida en contra de la alcaldesa de Vinto en Cochabamba; en Palos Blancos, Viacha y Patacamaya en La Paz; o en la ciudad de Potosí y Sucre, pero igual vale la pena analizar con mayor detalle los casos de golpismo subnacional en el Departamento de Santa Cruz, desde donde aparentemente se configuró y/o articuló la estrategia del “golpe de Estado combinado” [1] el pasado noviembre de 2019, en torno a la conformación de un bloque de poder cívico/civil-policial y Militar, que sustentó el régimen de Áñez.

Los integrantes del bloque de poder cívico/civil oscilaron internamente en los 11 meses del gobierno de Áñez, por ejemplo, desde la representación política de Luis Fernando Camacho en el gabinete presidencial de esta en un primer momento; luego las representaciones de los Demócratas y del bloque político de Rubén Costas; y, por último, la presencia controversial del empresario cruceño Branko Marinkovic como ministro de Estado. Sin embargo, a pesar de las oscilaciones internas en la composición del gabinete de Áñez, se constata por medio de estos eventos recurrentes de golpismo en el nivel de las ETAs en la región cruceña de la importancia, la proyección nacional y el peso específico del reposicionamiento geográfico-territorial-regional de Santa Cruz en la política nacional.

En consecuencia, así como la base de legitimación de la movilización política en torno a la insurrección de algunas facciones de clase media en el país –principalmente en las ciudades del eje troncal– se construyó respecto al dispositivo discursivo del fraude electoral sindicado al Movimiento Al Socialismo (MAS), para impedir la reinstalación del gobierno de Evo Morales y de esta manera justificar o fundamentar la toma de poder de facto del Estado Plurinacional de parte del conglomerado de fuerzas políticas del espectro de derechas –conservadores y reaccionarios–, asimismo y de manera simultánea o paralela se fundamentó la (re)toma de poder local y la alteración de las correlaciones de fuerzas en los Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs), luego de los resultados electorales de 2015.

Casos muy emblemáticos en todo el territorio nacional, con manifestaciones de renuncia forzada de alcaldes y alcaldesas en circunstancias de amedrentamiento, amenazas, coerción, coacción, con familias y bienes tomados por las fuerzas locales de oposición al MAS –como los casos de Warnes, así como otros casos en los municipios de Montero, Cabezas, Camiri, Ascensión de Guarayos y Samaipata–, fueron altamente llamativos e irregulares. Es decir, en un reflejo y/o reflujo territorial-regional del “golpe de Estado combinado” perpetrado para la toma de control del Estado Plurinacional en el nivel de Gobierno Central, se dieron múltiples casos de fractura de la institucionalidad democrática en los municipios, interrupción irregular de mandatos de alcaldes/alcaldesas, así como de concejales/concejalas, con deposición por la fuerza de autoridades electas en 2015.

La casuística enunciada nos manifiesta un capítulo o faceta prácticamente inexplorado de los renovados dispositivos de la Guerra Híbrida [2] y el “golpe de Estado combinado”, que no solo contienen elementos que contribuyen a caracterizar los nuevos repertorios del golpismo, sino que nos puntualizan una serie de desafíos y dilemas fundamentales que tendrá que enfrentar el Estado Plurinacional en general, el Gobierno Central y los gobiernos subnacionales en particular, desde sus respectivas atribuciones y competencias constitucionales.

El primero desafío y/o dilema tiene que ver con el hecho de que algunos/as candidatos/as de las elecciones subnacionales, tanto para el Ejecutivo Departamental y la Asamblea Legislativa Departamental, como para el Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal, provienen de la experiencia golpista de noviembre de 2019, considerando de que a la fecha aún no se ha saneado la situación jurídica-legal de la participación de estos actores en aquellos eventos, siendo quizás los casos más llamativos la candidatura de Luis Fernando Camacho a la Gobernación de Santa Cruz y la de Jeanine Áñez para la Gobernación del Beni.

Las candidaturas de Áñez, Camacho y otros muchos otros actores políticos que participaron de manera directa o indirecta en el golpismo del 10-N, y que participan en la contienda electoral de marzo de 2021, ponen de manifiesto dos implicaciones que a nuestro criterio son amenazas a la estabilidad e institucionalidad democrática del país:

  1. El primero tiene que ver con un recurso frecuentemente usado por el bloque de poder cruceño, por medio de la configuración del territorio o la región como espacio de resistencia. Dicho de otra manera, la configuración de la región como territorio de exclusión y exclusividad reflotando el dispositivo político ideológico de la tensión entre Estado-región. Es decir, Luis Fernando Camacho y el bloque de poder que lo respalda, decide(n) y elige(n) estratégicamente postular para la candidatura a la Gobernación cruceña –ante el inminente fracaso de su bloque político de la toma de control del Gobierno Central y del Estado Plurinacional–, para guarecerse o refugiarse de las posibles consecuencias de su participación en los eventos del 10-N y, en consecuencia, articular la región como espacio de impunidad política. (Considerando de que, como se mencionó líneas arriba, aún queda pendiente sanear la situación jurídica-legal de la participación de múltiples actores en los eventos del 10-N en adelante.)
  2. Pero la segunda implicación es quizás más grave aún, ya que ante una eventual victoria electoral de este conjunto de actores políticos que han habilitado sus candidaturas en el margen de la ambigüedad e incertidumbre legal-jurídica e institucional, abren la posibilidad de articular una segunda parte, faceta o capítulo del golpismo iniciado a fines del año 2019, pero esta vez desde el nivel subnacional. En otras palabras, se abren las posibilidades de un golpismo desde las regiones, departamentos, municipios y territorios, proyectando un escenario geopolítico hipotéticamente muy volátil a partir de los resultados de las elecciones de marzo de 2021.

Como corolario, la tesis del golpismo o la interrupción de la institucionalidad democrática, aparentemente derrotada con y por las elecciones nacionales del pasado 20 de octubre de 2020, con la contundente victoria en primera vuelta del binomio conformado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca del MAS, podría tener una segunda ronda de intento de captura del control o asfixia del Estado; pero esta vez desde las regiones, departamentos, municipios y territorios, tomando en cuenta de que muchos de los actores golpistas, protagonistas de la Guerra Híbrida y del “golpe de Estado combinado” de noviembre de 2019, actualmente se encuentran pugnando por espacios importantes en los niveles de gobiernos subnacionales.

Un segundo desafío o dilema se presenta con lo que se denomina la Transición Transparente, en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado (TSE) respecto a los principios que rigen la administración pública, en el entendido de que todo/a servidor/a público/a –electos o designados, de libre nombramiento, de carrera o interinos– tiene la obligación de rendir cuentas sobre las responsabilidades en el ejercicio de la función pública. La transición se define como un proceso de la gestión pública, entre dos etapas de gobierno, en el cual las autoridades salientes transfieren información, bienes y servicios y la administración de una entidad a las nuevas autoridades electas entrantes sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública.

En este sentido, el desafío o dilema se presenta luego de la realización de las próximas elecciones en el nivel subnacional, tanto a nivel de las Gobernaciones como de los Municipios, en el marco de la Ley 1178 de Administración Pública y Control Gubernamental, que regula el procedimiento administrativo y jurídico en la gestión pública y establece los procesos de administración y control gubernamental que se aplican en todas las entidades del sector público, sin excepción, entre los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales y las Autonomías Indígena Originario Campesinos, para impedir, identificar o constatar el manejo (in)adecuado de los recursos públicos del Estado.

Sin embargo, la complejidad política de esta obligación se presenta cuando en el marco del proceso de Transición Transparente, las autoridades entrantes de la nueva gestión de las ETAs reciben y toman conocimiento formal de una anterior gestión administrativa de autoridades salientes que han accedido al ejercicio de la función pública por medio del fenómeno del golpismo subnacional y en circunstancias y/o condiciones altamente irregulares y de interrupción de la institucionalidad democrática descrita con anterioridad, generando en consecuencia una distribución de responsabilidades a los diferentes niveles de Gobierno.


  • Politóloga.

  1. Ver: El Golpe de Estado Combinado y la Dictablanda Pretoriana. El Establecimiento de un Co-Gobierno Civil- Policial y Militar desde noviembre de 2019 en Bolivia. Argirakis Jordán, Helena

2       La Guerra Híbrida hace referencia a nuevas doctrinas militares de conflicto armado que combinan los elementos de la guerra convencional con la guerra irregular (insurgencia, terrorismo, guerrilla y actualmente los dispositivos tecnológicos), que implican esfuerzos de diferentes niveles con el objetivo de desestabilizar un Estado funcional y provocar la polarización y atomización de su sociedad, conllevando a situaciones de ingobernabilidad y crisis interna, acorde a los intereses de terceros actores.

 

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