abril 18, 2021

La salud secuestrada


Por  Óscar Silva Flores * -.


La determinación de los colegios médicos de ampliar la paralización del servicio de salud a la población en plena pandemia por 15 días más, es un castigo no al Gobierno ni sus autoridades, sino a quienes resulten contagiados por el virus del Covid-19 y también a los que sufren otro tipo de enfermedades o podrían adquirirlas, además de otros accidentes que requieren una atención de urgencia o continua.

La negativa del corporativismo médico a la Ley de Emergencia Sanitaria a través de la suspensión de sus actividades, es una muestra más del lamentable estado de la salud pública en nuestro país, con responsabilidades que necesariamente deben ser asumidas por varios de los actores directamente involucrados en el tema.

La politización de este sector no es nueva, tal vez por ello pocos se sorprendan al ver a los hombres de los mandiles blancos, a diferencia de otros sectores profesionales académicos, marchando por las calles, bloqueando la libre circulación ciudadana, aunque para entender este fenómeno baste recordar que el mentado Colegio Médico fue una creación de la dictadura banzerista. Pero si bien eso es historia, en el pasado reciente se constituyó este en uno de los sectores más abiertamente opositores al gobierno de Evo Morales y ahora al de Luis Arce y a varias medidas destinadas a mejorar sus servicios. La ampliación de la jornada de trabajo, la penalización de la negligencia médica o la implementación del Seguro Universal de Salud (SUS), entre otras, fueron rechazadas de plano, sin ni siquiera admitir un debate en torno a ellas. Curiosamente, fueron activos partícipes y coadyuvantes del nefasto gobierno de facto que a lo largo de 12 meses arrastró al país a una desesperante situación social, económica y sanitaria. Ahora, privilegiados con la aplicación de la vacuna anticovid, solo por seguir consignas y mandatos político-partidarios de desestabilización, se niegan a volver al trabajo. No existe en la ley de emergencia absolutamente ningún aspecto que los perjudique, a no ser que defiendan los intereses de las clínicas privadas que temen perder sus pingües ganancias al ser reguladas en sus cobros y la prohibición, mientras dure la pandemia, de paralizar actividades.

Obviamente esto muestra de cuerpo entero el comportamiento político de quienes juraron, a tiempo de recibir el título de médicos, defender la vida de la gente, sin importar circunstancia alguna que lo impida.

Sin embargo, el problema de la salud pública no solo gira en torno al deplorable accionar político partidario de su dirigencia colegiada. Los seguros de salud se han convertido, unos más que otros, en espacios de disputa entre autoridades, sindicatos de trabajadores de estos entes y de las organizaciones que agremian a los asegurados. Y, lamentablemente, dicha disputa no está dirigida a mejorar sus servicios, a la construcción de nuevos centros de salud o, quizá, a modernizar sus servicios de atención al asegurado. Todo lo contrario, los seguros de salud se han convertido en un calvario para quienes no tienen otra alternativa que recurrir a sus servicios y en un refugio delincuencial de quienes viven a costa de estos problemas.

La actual situación del servicio de salud en Bolivia también es responsabilidad de los gobiernos departamentales y municipales, que han dejado de lado de manera clara sus competencias en el tema. No es necesario enumerar la cantidad de hechos evidentes al respecto, son de conocimiento público.

El ciudadano, víctima de esta dramática y lamentable situación, de médicos privilegiados, de un floreciente negocio de la salud privada, de la desatención de sus instancias subnacionales y del saqueo permanente de los seguros de salud, solo espera que este drama, desnudado en extremo por la pandemia, pero preexistente desde hace muchísimos años como un cáncer que corroe la salud pública y la vida de los bolivianos, concluya y aguarda que el Gobierno y los legisladores, de una vez por todas, con la fuerza legítima que les otorga la ley, encaren no pequeñas reformas o ajustes del sistema, sino una verdadera revolución de la salud. Es hora de poner fin al secuestro del que es objeto nuestro derecho a la vida y a la salud.


*       Periodista y abogado.

Be the first to comment

Deja un comentario