agosto 2, 2021

Impunidad, justicia y humanidad


Por La Época-.


“No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia de la que henos dado cuenta a lo largo de nuestra vida”, sentenció Marcelo Quiroga Santa Cruz –el líder socialista torturado y asesinado por paramilitares en el golpe de Estado de 1980 encabezado por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez– en el histórico juicio de responsabilidades que le instauró ante el Congreso Nacional al militar Hugo Banzer Suárez, quien se hizo violentamente del gobierno el 21 de agosto de 1971.

Estas palabras de Quiroga Santa Cruz fueron retomadas hace unos días por el vicepresidente del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, para referirse a la demanda de justicia que los familiares de las personas asesinadas en Sacaba y Senkata esperan de parte de la Justicia boliviana, tras la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, quien se hizo del poder político del Estado mediante un hecho violento, inconstitucional e ilegal, el 12 de noviembre de 2019.

Este miércoles pasado, a cinco días de que la autoproclamada presidente fuera aprehendida y luego trasladada a una cárcel pública en calidad de detenida preventiva por cuatro meses, los políticos y medios de comunicación de la derecha presionaron para que Áñez sea liberada, y entre ellos está la voz de la hija de la expresidenta de facto, que le pide al gobierno de Luis Arce, que nada tiene que ver con su situación legal, actuar con humanidad. Es evidente que a nadie le gusta tener a un ser querido en la cárcel y los pedidos de humanidad se hacen comprensibles, como mismo fueron los pedidos de esa naturaleza que hicieron los familiares de las más de mil 500 personas detenidas ilegalmente por el ministro de Gobierno de la dictadura, el actualmente prófugo Arturo Murillo. En todos esos meses de salvaje persecución, esos políticos, medios de comunicación y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) se caracterizaron por el silencio, y fresca está en la memoria los atropellos que padeció Patricia Hermosa, la exjefe de gabinete del presidente Evo Morales.

No cabe duda que el Ministerio Público debe cumplir con su tarea de esclarecer los alcances de la demanda presentada por una exdiputada y resarcir, con apego absoluto a la ley y sin odios ni venganzas, los dolores de los que fueron víctimas miles de bolivianos y bolivianas. Los hechos de noviembre de 2019, y los que prosiguieron durante casi un año, deben esclarecerse en su totalidad, pues la impunidad sería un grave precedente para la democracia.

La conquista de la justicia no es fácil, pero es irrenunciable. Hay que actuar con humanidad, por supuesto, y esa cualidad debería beneficiar a todas las personas que, por cualquier causa, cumplen detención preventiva en los recintos penitenciarios, independientemente de su militancia política, su pertenencia étnica y su condición sexual o religiosa. Es decir, diría poco de la Justicia boliviana, criticada con razón por su estado de calamidad, que se apartara de su misión por el solo hecho de la presión política que en la actualidad ejercen quienes fueron actores de un golpe de Estado.

Impunidad, no; justicia, sí.

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