abril 20, 2021

Vivir Bien: el reto de las ciudades

Por Cynthia Silva Maturana* -.


América Latina y el Caribe tienen el 79,5% de su población en promedio viviendo en áreas urbanas, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En el caso de Bolivia, según los datos del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 67,3% de la población nacional vive en áreas urbanas y el 32,7% en áreas rurales. Estas cifras nos indican claramente la importancia creciente de encarar el desarrollo integral y sustentable en las ciudades, reto al que se enfrentarán los Gobiernos Municipales en este nuevo período de gestión que se inauguró con las elecciones del 7 de marzo, donde se eligieron a alcaldes y alcaldesas por los siguientes cinco años.

De acuerdo al marco constitucional y autonómico en Bolivia, las competencias de los Gobiernos Municipales abarcan numerosos ámbitos, como el aseo urbano, manejo y gestión de residuos sólidos, las redes y el acceso al agua potable, la protección de cuencas y la implementación de sistemas de riego en concurrencia con el nivel central del Estado. Son responsables directos de las áreas protegidas municipales, la promoción y conservación del patrimonio natural municipal, así como de contribuir a la protección del medio ambiente en su jurisdicción.

Todas estas responsabilidades y competencias pueden ser encaradas aisladas las unas de las otras, como ha venido siendo en los últimos años, o pueden ser impulsadas de forma articulada, de manera de lograr una gestión integral y sustentable que se oriente a establecer procesos y modelos de desarrollo integral en miras a un Vivir Bien.
Para impulsar el desarrollo de las ciudades, en diferentes regiones del mundo se ha formulado y se está aplicando nuevos conceptos de gestión urbana, como las ciudades inteligentes (“Smart Cities”), concepto que apuesta a minimizar la contaminación y la generación de residuos, a las energías no renovables de fuentes no fósiles, a la vez que buscan una gestión responsable de los recursos como el agua. Sin embargo, muchos de estos conceptos nos dejan interrogantes importantes relacionados con quiénes son los que “pagan” por las innovaciones tecnológicas en las ciudades, como menciona Iván Zambrana en su artículo: “Los municipios y la basura: cómo cerrar la economía circular”. [1]

Por otro lado, tanto en Bolivia como en otras regiones de América Latina, los gobiernos locales deben gestionar espacios urbanos y rurales íntimamente relacionados, donde la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas depende de los flujos de alimentos, muchas veces producidos en los entornos periurbanos y rurales; las ciudades dependen de las fuentes de agua situadas y/o construidas (represas, por ejemplo) en los espacios rurales.

Por ello es que la gestión de las ciudades debe construirse en la comprensión de los territorios de los que son parte, estableciendo las relaciones metropolitanas con ciudades vecinas, y las relaciones positivas con los entornos rurales, que igual requieren de políticas justas de desarrollo, que lleven a superar su condición de aportantes al desarrollo urbano.

Un paso en esta dirección fue la creación de una Política de Ciudades en Bolivia, formulada a través de un proceso participativo amplio y plural, en foros departamentales y metropolitanos que confluyeron en dos Foros Urbanos Nacionales, en octubre del 2018 y en septiembre de 2019. En estos espacios se abordaron una diversidad de temáticas como la relación entre los espacios rurales y los espacios urbanos, la participación de los y las jóvenes en las ciudades, la sustentabilidad ambiental y social en las ciudades, incluyendo el análisis de estudios, propuestas y reflexiones de los ámbitos académicos y de la sociedad civil.

Sin duda el debate y construcción de una política nacional de ciudades, desde una perspectiva integral, que funda sus planteamientos en el ejercicio de derechos, es un aporte fundamental para la transformación de los espacios urbanos en Bolivia. El enfoque de derechos planteado en la Política de Ciudades abarca “los civiles y políticos, potenciando la ciudadanía, la participación en la toma de decisiones y el ejercicio de las libertades y responsabilidades individuales propias del Estado de Derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales servicios básicos, la educación, la salud, el empleo y la vivienda adecuada. Los derechos de tercera generación, orientados a promover relaciones pacíficas y constructivas que permiten afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Los derechos a un medioambiente limpio y saludable, en un espacio que, por sus lógicas de producción y consumo, tiene un impacto ambiental, reconociendo que el Estado boliviano ha adoptado una posición de vanguardia al dotar a la Madre Tierra de un carácter de sujeto colectivo de interés público”.

Esta formulación que funda y sustenta los lineamientos programáticos, en un esfuerzo e interpretación de los Derechos de la Madre Tierra, así como en la necesidad de gestionar los espacios urbanos con justicia social y justicia ecológica íntimamente relacionadas, es una base fundamental para transformar la gestión y planificación de las ciudades en Bolivia.

Es probable que haya llegado el momento que la ciudadanía impulse la necesidad de un análisis y ajuste a las Cartas Orgánicas a estos postulados y planteamientos, para un direccionamiento hacia una nueva gestión de las ciudades, nunca desvinculadas de su territorio, de sus múltiples relaciones en el mismo, y de la necesaria complementariedad en espacios metropolitanos, que nos lleven a un desarrollo integral, sustentable, sobre la base de los Derechos de la Madre Tierra.

La responsabilidad y los retos que deben asumir los nuevos Gobiernos Municipales son enormes, alcanzarlos será seguramente la llave para un futuro más digno, y que nos encamine en la ruta del Vivir Bien.


  • Bióloga, militante del Proceso de Cambio y exviceministra de Medio Ambiente.

1 La Época, edición impresa, No. 899, del domingo 21 al sábado 28 de febrero de 2021.

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