septiembre 19, 2021

No hay donde perderse: no hubo sucesión, fue golpe


Por Óscar Silva Flores -.


No existe forma alguna, que no sea faltando a la verdad o tergiversando los hechos, de afirmar que en Bolivia se dio una sucesión constitucional en noviembre de 2019. Hubo un golpe de Estado. Todos los elementos constitutivos de aquel hecho ratifican que se trató de una acción inconstitucional, pero que además estuvo acompañada de otras conductas delictivas que deben ser sancionadas con el rigor que la ley establece, pues debe sentarse un precedente ejemplarizador para que estas acciones, ilegales, inconstitucionales y antidemocráticas no vuelvan nunca más a suceder en nuestra patria.

La autoproclamación de la senadora Jeanine Áñez como presidenta transitoria se realizó totalmente al margen de lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) (Art. 169). Ella en ningún momento fue elegida presidenta del Senado y, por tanto, no le correspondía acceder a la sucesión. Diferente hubiese sido la situación si convocaba a sesión del Senado y allí, poniendo en consideración la renuncia de la presidenta de esa cámara, Adriana Salvatierra, el pleno la elegía como nueva presidente. Pero eso no sucedió y, por tanto, nunca fue presidenta del Senado y nunca estuvo habilitada para ejercer la presidencia del Estado por la vía de la sucesión. Los hechos ratifican el accionar inconstitucional e ilegal de Áñez y de quienes participaron de esta usurpación a la voluntad de pueblo. Corresponde entonces su juzgamiento, sin ningún juicio de privilegio, ya que se trata de delitos comunes que deben ser tramitados como tales.

El “golpe de Estado”, que es como se ha dado en denominar al proceso que se sigue a Áñez y otros, no es en sí mismo un tipo penal, pero está constituido en este caso por varios otros tipos claramente establecidos en el Código Penal. Encontramos con anterioridad a la autoproclamación inconstitucional de Áñez, la comisión de los delitos señalados en el Art. 121 (Alzamientos armados contra la seguridad y la soberanía del Estado); Art. 123 (Sedición); Art. 124 (Atribuirse los derechos del pueblo); Art. 126 (Conspiración); Art. 127 (Seducción de tropas); Art. 128 (Atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado); y el Art. 129 (Ultraje a símbolos nacionales).

La norma es totalmente clara y el comportamiento de los actores que llevaron a cabo el golpe de Estado se encuadra perfectamente en uno o en varios de los artículos mencionados. El golpe de Estado fue planeado con anticipación, sus actores estaban conscientes de ello y actuaron en consecuencia. Hubo conspiración y sedición (Art. 126), pues se reunieron “tres o más personas” para “desconocer la autoridad del gobierno legalmente constituido” de “forma pública” y con “abierta hostilidad”. Las reuniones de los comités cívicos o la realizada en la Universidad Católica son evidencias de la comisión de estos delitos. También se produjeron “alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado” (Art. 121) con “el fin de deponer algunos de los poderes públicos del gobierno o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en los términos legales”. El asalto y quema de tribunales electorales, la aparición de grupos paramilitares fuertemente armados y entrenados para ese fin, que fueron los que finalmente llevaron a cabo la toma del Palacio de Gobierno, son totalmente evidentes.

A estos se debe añadir, a partir de las expresiones de Camacho, que atribuyó a su padre el “haber arreglado” con policías y militares, el Art. 127 (Seducción de tropas), “el que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición”, que derivó en el amotinamiento policial y la sugerencia de renuncia al presidente legalmente constituido de parte del comandante de las Fuerzas Amadas, además de la toma de la Plaza Murillo y alrededores para garantizar la asunción de la autonombrada, así como la imposición de la banda presidencial y de otros símbolos de mando por parte de jefes militares, sin que exista norma alguna que les asigne esa atribución. También se encuadra la conducta de los golpistas en lo establecido en el Art. 128 (Atentados contra el Presidente y otros dignatarios de Estado), por la persecución y secuestro por parte de efectivos de la Fuerza Aérea del Presidente, y la persecución a ministros y asambleístas, poniendo en riesgo su integridad física y la de sus familias. Y, desde luego, la quema de la wiphala de parte de policías y de otros civiles, en distintos lugares del país, encuadrando su conducta a lo establecido en el Art. 129 (Ultraje a símbolos nacionales).

No es solo Áñez, desde luego. La investigación establecerá quiénes además fueron responsables de la comisión de los delitos antes señalados, aunque de antemano, por sus propias declaraciones, por los registros de medios de comunicación y de redes sociales, ya se conoce por lo menos a los principales autores materiales e intelectuales: Carlos Mesa, Fernando Camacho, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, los mandos militares y policiales, la jerarquía católica, algunos representantes diplomáticos, entre otros, los que deben responder ante la justicia, sin privilegio de ninguna naturaleza.

No hay donde perderse, no hubo sucesión constitucional, hubo una conspiración planificada y ejecutada con tiempo, con recursos económicos suficientes, con la única intención de sacar de la presidencia a Evo Morales, es decir, hubo un golpe de Estado. Más claro agua.


* Periodista y abogado.

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