junio 21, 2021

¿Otra campaña de desestabilización del gobierno popular?


La Época-.


En los últimos días cerca de 20 organizaciones de la “sociedad civil” han emitido un pronunciamiento en el que advierten su preocupación por el “deterioro” de las instituciones democráticas, la falta de garantías constitucionales y la pérdida de la independencia de poderes. Y, además, afirman que existe una “escalada de criminalización como estrategia del Gobierno” contra los facilitadores del diálogo que encontró una salida política a la crisis de noviembre de 2019.

Una lectura detenida del pronunciamiento de estas organizaciones conduce a identificar con claridad meridiana las motivaciones políticas que contiene y, sobre todo, los efectos que busca provocar en sectores de la población que, por lo demás, son los mismos que de ninguna manera respaldarían al gobierno popular que, por la fuerza de la movilización y elecciones generales de agosto y octubre de 2020, desplazó al gobierno de facto.

Aunque estas organizaciones de la sociedad civil, en una aparente inclinación de neutralidad, hacen referencia a que se identifica “impunidad acumulada” sobre los hechos de Sacaba, Senkata, Pedregal, Vila Vila y Montero –todos de 2019–, su propósito no es el de pedir justicia para las víctimas directas o para las familias de las personas que murieron, pues la “manipulación y subordinación” de la Justicia al partido gobernante “deja a la población en una situación de indefensión”. Pues bien, del pronunciamiento se puede colegir lo siguiente.

Primero, se trata de las mismas organizaciones de la “sociedad civil” que durante cerca de 14 años se mostraron contrarias al Proceso de Cambio y se alinearon, en distintos grados y tiempos, a las fuerzas de derecha y ultraderecha que fueron instalando en sectores de la población matrices de opinión respecto del carácter no democrático del gobierno de Evo Morales y su inclinación autoritaria.

Ninguna de estas organizaciones, como Fundación Jubileo, Cejis, Cedib, Caritas y otras, carecen de posicionamiento político y eso no está mal, es parte de la democracia. Lo reprochable es que pretendan confundir a la gente –lo cual ya no es fácil– con poses de neutralidad e independencia política. Los firmantes toman parte por el gobierno de Áñez y sus colaboradores.

Segundo, este pronunciamiento se registra días después de que los actores directos del golpe de Estado en 2019: el comité Pro Santa Cruz y su partido CREEMOS, emitieran comunicados de amenaza contra el Gobierno de Luis Arce, aunque fracasaran en su intento de convulsionar el país.

Es más, llama poderosamente la atención de que se produjera pocos días después de un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos que da a conocer su preocupación por el comportamiento antidemocrático en Bolivia al momento de detener y procesar a protagonistas del golpe de Estado, como la expresidenta de facto Jeanine Áñez y dos de sus colaboradores. El contenido de ambos pronunciamientos es el mismo.

Tercero, su pose de neutralidad se derrumba más rápidamente de lo que seguro demandó en horas la elaboración del pronunciamiento, pues estas organizaciones no emitieron, por separado o conjuntamente, ningún comunicado en el año del gobierno de facto que denunciara la violación sistemática de los Derechos Humanos, ni mucho menos que advirtiera la notoria intención de los golpistas de proscribir a las organizaciones sociales, al Movimiento al Socialismo (MAS), al expresidente Evo Morales y otros de su derecho a la participación política.

Cuarto, el objetivo fundamental de estas organizaciones es reemprender la estrategia de desestabilización de la democracia y del gobierno actual. ¿Estará promover o respaldar otra salida no democrática como en 2019?

Be the first to comment

Deja un comentario