septiembre 22, 2021

Salud, economía y seguridad nacional en la geopolítica de las vacunas antiCovid-19

Por  Hugo Moldiz Mercado-.


El desigual acceso a las vacunas antiCovid-19, denunciado por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha convertido en un triple problema –de salud, economía y seguridad nacional– para las naciones del sur global y es una “bomba de tiempo” que amenaza con desencadenar estallidos sociales de distinta magnitud que pondrían en riesgo, si eso sucede, la estabilidad de la democracia y de varios gobiernos.

Y este cuadro de situación estaba más que previsto. A diferencia de algunos filósofos, como Slavoj Žižek, que al comenzar la pandemia su fase de rápida expansión a fines de 2019 y principios de 2020 aseguraban que el coronavirus iba a afectar a todos por igual y que incluso abriría la oportunidad de transitar hacia un “comunismo renovado”, la realidad histórico-concreta muestra fehacientemente que la pandemia y ahora el acceso a las vacunas colocan a los pobres –sean países o personas– en una situación de absoluta vulnerabilidad. Lo que se aprecia, por el contrario, y en la línea reflexionada por el surcoreano Byung-Chul Han, es un capitalismo que busca responder a los efectos de la crisis sanitaria con más pujanza, insensibilidad e inhumanidad.

La reacción mundial ante la pandemia es diversa desde el punto de vista geopolítico. Los países de la Unión Europea (UE) han terminado de ponerse de acuerdo para la creación de un fondo común, estimado en más de 200 mil millones de euros, con el ánimo de encarar los desafíos que presentan sus crisis sanitaria y económica. En Estados Unidos, demócratas y republicanos han concertado una cifra más o menos similar en dólares. Entretanto, América Latina y el Caribe, ni qué decir el África y otros países muy pobres de Asia, exponen elevados grados de vulnerabilidad, en medio de organismos supranacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) –en el caso del continente americano–, que traducen absoluta inutilidad a la hora de enfrentar de manera conjunta los efectos de la pandemia en todos los campos.

La dependencia estructural de América Latina y el Caribe, Asia y África, respecto del capitalismo central, se ha ampliado al campo de las vacunas. Salvo Cuba, que igualmente en este campo saca la cabeza por las naciones del sur al estar desarrollando cuatro candidatos vacunales antiCovid-19 (Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Mambisa) en medio de un endurecimiento del bloqueo desde la era Trump, que no ha cambiado todavía con Biden en la Casa Blanca, el resto de los países no tienen otra opción que esperar la voluntad de las naciones del norte para acceder a las vacunas. La perspectiva no es nada alentadora, y dependerá de los gobiernos dejarse chantajear por los factores internos y externos de poder para acceder a las vacunas cubanas cuando ya estén disponibles.

Y Bolivia, que desde 2006 ha dejado de tener la voz embargada, salvo el año del gobierno de facto (noviembre 2019-2020) en el que Estados Unidos y la UE volvieron a subordinarla, acaba de plantear una cruzada regional para demandar el derecho de las naciones del sur a las vacunas. El carácter actual de la geopolítica de las vacunas, marcado por una gran desigualdad, ha sido denunciado esta vez por el presidente Luis Arce, quien en la línea de varias instituciones internacionales ha sostenido: “También nosotros tenemos derecho a vivir, como lo tiene la población de los países ricos”.

En realidad, las señales de que las relaciones centro-periféricas se expresan también en el acceso a las vacunas no son novedosas. El 12 de febrero de 2021, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de “grotesca” la forma de distribución de las vacunas y denunció que “cada día que pasa la inequidad para el acceso a las vacunas contra el Covid-19 es cada vez más notoria” y reprochó que “los países desarrollados, que han acaparado la mayor parte de los antídotos, hacen poco por revertir la situación”. No menos fuerte ha sido el secretario General de la ONU, António Guterres, quien denunció en febrero pasado ante el Consejo de Seguridad del organismo que solo diez países en el mundo han concentrado el 75% de las vacunas antiCovid-19 y que “más de 130 países no han recibido una sola dosis”. Es más, la propia OMS ha denunciado este 8 de abril que África está al margen de la campaña de vacunación.

Y es que garantizar la vacuna no depende del dinero o de la participación de los empresarios, como con cierto despiste o buena intención ha sostenido el diputado opositor Rodrigo Paz Pereira. El gobierno de Arce, a pesar de las recurrentes críticas de medios de comunicación conocidos por su oposición al progresismo, no ha dejado de actuar sobre el problema y remontó, hay que decirlo, cierto lento caminar en noviembre de 2019, atribuible a la situación de calamidad en la que encontró el Estado de manos del gobierno de facto y a la inexperiencia en gestión pública del anterior titular de Salud, un profesional de reconocido prestigio en el área.

Cuando el actual ministro de Salud, Jeyson Auza, expresaba que al parecer “los dólares bolivianos” no tienen el mismo valor que los de otros países en el mundo, se estaba refiriendo a dos elementos cruciales que no pueden escapar de cualquier análisis: a las relaciones internacionales de fuerza y a la ubicación de cada país, en este caso de Bolivia, dentro del tablero geopolítico de dominación imperial. De hecho, nuestro país, después de un año del fallido intento de restaurar el neoliberalismo, está obligado a transitar de la conquista de la estabilidad al crecimiento con justicia social. Las medidas adoptadas por el gobierno de Arce-Choquehuanca han parado la tendencia a la caída y este país, enclavado en el corazón de la Región, nuevamente empezaría, a partir de este año, a colocar su nombre entre los de mayor crecimiento en Sudamérica, según han estimado el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un 5,5%, y el Banco Mundial (BM), con un 4,7%, dos indicadores situados por encima de la previsión del gobierno de Arce (4,4%).

Por lo tanto, la economía no es para Arce el mayor dolor de cabeza. Los desafíos se concentran más bien en el campo de la salud y la política, en una coyuntura internacional en la que la perspectiva de una pronta desaceleración de la pandemia y sus efectos están lejos de suceder. Si bien otras pandemias como la “peste negra” se han llevado la vida de más 200 millones de personas en Eurasia en el siglo XIV, esta es la primera vez que una pandemia, en todas sus variantes, ha adquirido, a tono con el carácter universal del capitalismo, una irrefrenable naturaleza planetaria.

El gobierno de Bolivia ha gestionado la compra de 15 millones de vacunas (5,2 millones de la Sputnik V, cinco millones de AstraZeneca y 5,1 millones a través del mecanismo Covax). Las negociaciones se hicieron desde diciembre, pero aparte de la naturaleza geopolítica de acceso a las vacunas, que ya es adversa para el sur global, el Estado Plurinacional perdió valiosos meses en la segunda mitad de 2020 con un gobierno de facto que concentró su atención en la represión organizada del pueblo, con el fallido objetivo de evitar las elecciones generales, e incurrió en los reconocidos casos de corrupción en la compra de respiradores para las salas UTI. Es una batalla contra el tiempo.

Los problemas de Arce radican en el incumplimiento de las empresas farmacéuticas debido a que, salvo los 10 países del capitalismo central que acaparan las vacunas disponibles, el resto de las naciones deben entrar a pugnar, sin reglas de ninguna clase, por las sobras que quedan dentro de un mercado salvaje en el que la política y la economía andan de la mano. “Las vacunas comprometidas por las empresas no llegan a Bolivia y a otros países, ya que se da prioridad a las llamadas grandes potencias”, aseveró el jefe de Estado. No es la falta de dinero, sino la geopolítica la que explica la demora en la llegada de las vacunas o en el uso inmediato de la cantidad de dosis que están en el país.

Pero eso no es todo. Hay que sumar a este cuadro adverso dos factores adicionales: primero, el papel de los organismos departamentales (SEDES), que no han cumplido con las metas asignadas, especialmente en aquellos lugares donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) no es gobierno subnacional, para la vacunación de las personas de la tercera edad. De cerca de un millón de dosis entregadas a los nueve gobiernos subnacionales, solo un 34% han sido utilizadas hasta ahora. Segundo, la obsecuencia de las organizaciones de trabajadores de salud contra el gobierno progresista no ha variado respecto de la que tuvieron contra el expresidente Evo Morales. La dirigencia de este sector, en algunos casos fuertemente vinculada a partidos tradicionales de derecha y en otros ensayando ingresar a la escena política por la vía de la conformación de nuevos partidos anti-izquierda, no ha cedido un milímetro en desarrollar medidas de presión, como huelgas y bloqueos de calles en unas cuantas ciudades, con el pretexto de oponerse a una Ley de Emergencia Sanitaria promulgada por Arce en febrero pasado.

Desde el punto de vista político, a pesar del fallido plan de convulsionar el país el mes pasado, de parte de los mismos actores que hicieron posible el golpe de Estado de 2019, sería una ingenuidad pensar que la derecha, sobre todo radical, no tenga en sus planes llevar a cabo una estrategia de desestabilización del gobierno de Arce una vez que ciertas autoridades electas asuman la conducción de gobiernos subnacionales –gobernaciones y alcaldías– en mayo próximo. No cabe duda que la forma de distribución de los recursos, la bandera de los Derechos Humanos y la pandemia serán los tres ejes estratégicos para socavar la estabilidad política institucional.

En medio de ese cuadro nacional, regional y mundial es que la iniciativa del Gobierno cobra sentido. La cruzada anunciada por Arce es, por tanto, necesaria para Bolivia y América Latina y el Caribe. El campo institucional que se presenta como adecuado es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pues representa un espacio en el cual es posible lograr una articulación de gobiernos progresistas y de izquierda, de derecha y centroderecha.


  • Periodista y escritor.

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