mayo 9, 2021

Puntos a favor del gobierno popular


La Época-.


“Cumplimos con el mandato del pueblo. Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde”, manifestó categórico el miércoles pasado el presidente Luis Arce en su cuenta Twitter, a propósito de la acción directa que tomó la Policía contra uno de sus ministros.

La acción desplegada contra el entonces Ministro de Desarrollo Rural y Tierras y otros de sus funcionarios no puede más que ser respaldada y aplaudida, y son varios puntos a favor para quien tiene la enorme responsabilidad de conducir el país en un contexto difícil como es el generado por la pandemia y las malas medidas tomadas por el gobierno de facto.

El hecho delictivo, cometido en flagrancia, tiene dos caras que no se excluyen la una de la otra. Por un lado está la prueba del delito, más de 20 mil dólares, que no puede pasar desapercibido ni mucho menos es intrascendente. Los imputados, a los que se les dio detención preventiva, deben dar cuenta ante la Justicia. Por otro lado está la evidencia de que existen altas irregularidades en la forma como acceden a la tierra personas naturales y/o jurídicas. Lo cierto es que lo segundo, que es estructural, no libera de responsabilidad al primero.

Es muy grave lo que ha sucedido. Independientemente del monto recibido, lo que se ha desarmado es la comisión de delitos de parte de algunas autoridades de distinto grado, cuya responsabilidad es en intuito personae. Lo que ha ocurrido no involucra a ninguna organización social y tratar de sacarle provecho de parte del aparato mediático o la oposición de derecha es reprochable y demuestra la mediocridad de quienes pretenden conducir los destinos del país en algún momento. Es más, ojalá los gobiernos de turno –tanto en dos décadas de neoliberalismo como en un año de gobierno de facto– hubieran actuado con la firmeza que reaccionó ante este hecho el presidente del Estado Plurinacional.

Los imputados deberán enfrentar a la justicia. Ahora lo que corresponde es aprovechar este hecho para llevar adelante una investigación profunda sobre el tráfico de tierras, cuyos orígenes se remontan a la década del 70, cuando el entonces dictador Hugo Banzer Suárez entregó tierras con absoluta discreción y que en la práctica revirtió la Reforma Agraria. El ilegal mercado de tierras es una realidad y sería un error no reconocerlo.

Y hay otro desafío para las organizaciones sociales. Si bien la responsabilidad penal es personal, es quizá momento de que los protagonistas del período político abierto desde el año 2000, y que se tradujo en la llegada de “los de abajo” al gobierno en 2006, hagan un balance autocrítico profundo para rectificar prácticas reñidas con la ley y los principios ético-morales, y más bien se empeñen en rescatar los valores y principios de una nueva forma de concebir y hacer la vida social, que no por nada fueron incorporados en la Constitución Política del Estado (CPE). Es de revolucionarios reconocer errores. Lo otro es pura retórica que no ayuda en nada.

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