junio 20, 2021

Arce en la mira telescópica desestabilizadora


Por Hugo Moldiz Mercado *-.


La ultraderecha europea, secundada por algunos aliados que se autocalifican como demócratas, ha demostrado que la legitimidad y legalidad de un gobierno popular en América Latina de nada sirve y mucho menos le interesa. Emulando a sus pares estadounidenses, que se atribuyen prerrogativas extraterritoriales, diputados del Europarlamento aprobaron una resolución, el jueves último, en la que piden la liberación inmediata de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y de dos de sus excolaboradores, y, por si fuera poco, que se les retiren los cargos por motivos políticos.

La resolución, aprobada por 396 votos a iniciativa del partido Vox, de tendencia ultraderechista en España y con vínculos con sus similares de Italia y Alemania, no da para la duda. Una estrategia de desestabilización se ha puesto en marcha contra la democracia boliviana y la ruta elegida para llevarla a cabo es “desde afuera para adentro”, mientras la derecha boliviana alcance algún grado de recuperación tras las derrotas sufridas en las elecciones generales de octubre y las subnacionales de marzo pasado.

Y, por si fuera poco, los europeos dan rienda suelta a su espíritu colonizador al pasarse “por el forro” la legalidad e institucionalidad boliviana. La resolución del Parlamento Europeo coloca su interesada interpretación política por encima de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) –que establece la línea de sucesión solo hasta los presidentes de las cámaras de senadores y diputados– al sostener que Áñez cumplió con la legalidad al asumir como segunda vicepresidenta del Senado la conducción de Bolivia, tras el “vacío político” dejado por Morales.

Pero sería un error pensar que el principal interés para debilitar y derrocar al gobierno popular es solo de la derecha europea. El Partido Republicano y las fracciones conservadoras del Partido Demócrata de los Estados Unidos, en el Congreso y en el Gobierno, son parte de la jugada. La secuencia los pone en evidencia: pronunciamiento de la Casa Blanca a los pocos minutos de la aprehensión de Áñez; visita de asambleístas de la derecha boliviana a los Estados Unidos para conversar con sus pares estadounidenses y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, el jueves 29, la aprobación de la resolución en el Europarlamento.

La resolución de los diputados europeos y las declaraciones de su principal embajador en Bolivia se han encargado de confirmar la participación de la Unión Europea (UE) en el golpe de Estado de 2019, cuando el entonces embajador Leo de la Torre fue, con asesoramiento permanente de la embajada de los Estados Unidos, el más activo operador en organizar, en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), las reuniones de partidos y plataformas ciudadanas de derecha que consolidaron el cambio no democrático de gobierno. Todavía resta por aclarar las razones que facilitaron que dos personajes sin ningún caudal electoral, como Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, fueran claves en la selección de Áñez para que ocupara la presidencia, y la participación de algunos delegados del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya presencia, que solo fue para garantizar la salida de Morales rumbo a México, fue usada para darle al gobierno de facto una legitimidad que nunca tuvo. Ahora, a un año y cuatro meses de esa interrupción violenta de la institucionalidad, el actual embajador de la UE, Michael Dóczy, ha opinado, sin la más mínima vacilación, que la aprobación de la resolución “refleja el interés con el que se sigue en Europa los hechos relacionados con la democracia y los Derechos Humanos en Bolivia”. A confesión de parte, relevo de prueba.

Esto quiere decir que, a pesar de haber obtenido una votación superior al 55% en las elecciones del 18 de octubre de 2020, el presidente Luis Arce se ha colocado en la mira telescópica de los países y fuerzas políticas que no toleran a un gobierno popular que está en la línea de recuperar el camino de un Proceso de Cambio que “los de abajo” empezaron a construir desde las épicas jornadas contra el neoliberalismo en abril de 2000, febrero y octubre de 2003 y mayo-junio de 2005, para luego tomar el gobierno a través de Evo Morales, un líder campesino e indígena que gobernó desde enero de 2006 hasta noviembre de 2019, cuando fue derrocado.

Si bien la ultraderecha europea no logró plenamente lo que deseaba, que era sugerir a los gobiernos de la UE aprobar una lista de sanciones contra Bolivia –similares a las que progresivamente se tomaron contra la Revolución bolivariana de Venezuela–, la resolución hay que tomarla en serio. Sería un grueso error del Gobierno dar una respuesta retórica –que felizmente no ha sucedido hasta ahora– al peligro que se cierne sobre la institucionalidad democrática. Los hechos que precedieron al golpe de Estado contra el gobierno de Morales en 2019 dan lecciones que no se deben olvidar.

En primer lugar, la instrumentalización de las banderas de la democracia y los Derechos Humanos de parte de los Estados Unidos y Europa para intervenir en asuntos internos de varios países del mundo, como ocurre con Rusia, China, Irán y otros, es en realidad parte de una disputa geopolítica mundial en la que América Latina y el Caribe son piezas fundamentales para inclinar la balanza en una u otra dirección. A partir de ahí es posible entender que Cuba, Venezuela y Nicaragua estén en la primera línea a ser atacada por las fuerzas conservadoras de Estados Unidos y Europa, aunque, como todo es acción política y habilidad diplomática en medio de ese complejo escenario, Cuba ha logrado disminuir el grado de tensión con la UE, pero cuya duración es difícil de predecir.

No hay que olvidar que desde que Evo Morales asumió el gobierno, no pudo estar exento de las críticas que, desde ONG, medios de comunicación, Iglesia católica y partidos de derecha le hacían en temas de democracia y Derechos Humanos. A pesar que la implementación de la nueva CPE –aprobada en 2009 en medio de un boicot violento desplegado por la oposición– dio paso a una ampliación de los derechos colectivos sin precedentes en la historia de este país sudamericano, así como a un incremento de la democracia en la que el pueblo no solo vota sino además participa, los gobiernos contrarios al progresismo y la izquierda nunca dejaron de respaldar los planes desestabilizadores.

Y si de doble moral ante la vigencia de los Derechos Humanos se trata, estadounidenses y europeos se llevan la flor. No existe ningún pronunciamiento de la UE y del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la era Trump que, al menos discursivamente, llamara la atención de la sistemática persecución y represión que enfrentaban miles de bolivianos por parte del gobierno de facto de Áñez, ni mucho menos de los asesinatos de Sacaba y Senkata. Esta hipócrita postura llevó en 1978 al desaparecido líder socialista boliviano, Marcelo Quiroga Santa Cruz, en pleno Congreso norteamericano –al que fue invitado–, a denunciar la política exterior de esa potencia y abordar, con alto grado de conocimiento, el tema “Derechos Humanos y liberación nacional”.

En segundo lugar, la debilidad estructural de la derecha criolla no ha podido ser remontada desde 2005, cuando Morales se alzó victorioso con un 54% en las elecciones. A pesar de la irrupción de Camacho en Santa Cruz como líder regional, la derecha en todas sus expresiones no cuenta con una presencia territorial, como se han encargado de mostrar fehacientemente las elecciones generales y subnacionales, lo que ha obligado a los poderes facticos internos a encontrar en el apoyo “desde fuera” la base principal o el punto de partida en su estrategia de desestabilización.

La desestabilización de Morales, ya sea para desplazarlo del gobierno por la vía electoral o mediante un golpe de Estado –pues sería un grueso error pensar que solo fue una de ellas– se desarrolló, en su nueva fase, con una amplia e inocultable participación –por orden de importancia y grados de incidencia– de partidos, gobiernos y ONG de Estados Unidos, Europa y América Latina. De ahí los comunicados de la Casa Blanca dos veces consecutivas y de la UE –en una sola oportunidad–, los pronunciamientos de congresistas estadunidenses de abierta participación en los planes contra las revoluciones de Cuba y Venezuela, y las abiertas intromisiones de la OEA mediante su secretario general, Luis Almagro, y de los presidentes Bolsonaro de Brasil y Duque de Colombia.

En tercer lugar, lo interno como factor de desenlace de la desestabilización. No hay estrategia “desde fuera” que alcance sus resultados si no es con el aprovechamiento de las debilidades “desde adentro”. Para ocupar un país hay que tomar el conjunto del territorio y eso ya es una lección aprendida por la derecha boliviana, cuando en noviembre de 2019 desplegó una guerra de movimientos y posiciones que la condujeron desde Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz, la sede de gobierno.

Entre 2016 y 2019 se aprovechó el resultado del referéndum del 21 de febrero que, con una activa participación de Plataformas Ciudadanas en sustitución de los partidos de derecha, rechazó la modificación del Artículo 168 de la CPE para habilitar a Evo-Álvaro para las elecciones de 2019 –lo que obligó al oficialismo a recurrir a una sentencia del Tribunal Constitucional para postular al binomio– y, sobre todo, se hizo uso favorable de la desaceleración del Proceso de Cambio en todos los niveles, particularmente de un gobierno que en los últimos años devino más administrador del postneoliberalismo que transformador, y con movimientos sociales más preocupados en gestionar del poder “desde arriba” que en construir poder popular “desde abajo”.

Y vista la actual situación interna del MAS y los problemas que le provocan al Gobierno, como efecto no deseado pero inevitable, no hay que ser brujos para afirmar que la estrategia de desestabilización contra el presidente Luis Arce alentará la implosión interna que se pone en evidencia todos los días en medio de un inocultable júbilo de los medios de comunicación opositores. La falsa contradicción entre renovadores y conservadores o anti o proevistas, es tierra fértil para erosionar al gobierno popular y reeditar las tristes y duras lecciones que marcaron la historia de los gobiernos de Torres en 1970 y de Hernán Siles Suazo entre 1982-1985, cuando la izquierda y el movimiento popular organizado no supieron identificar al enemigo principal.


* Periodista y escritor.

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