junio 18, 2021

¿Es posible otro golpe de Estado en Bolivia?

Por  José Galindo * -.


“Si hubo alguna vez un acontecimiento que proyectase delante de si una sombra mucho tiempo antes de ocurrir, fue el golpe de Estado de Bonaparte”, señala Marx en su 18 brumario de Luis Bonaparte para explicar cómo la lucha de clases en la Francia del siglo XIX condujo inexorablemente a la captura del poder por parte de uno de los más despreciables personajes que haya visto esa nación. Lo mismo podríamos decir en Bolivia, que terminó secuestrada por un reducido grupo de asaltantes durante el golpe de Estado de noviembre de 2019, ante la incredulidad de todo un movimiento popular que creía haber cambiado la historia para siempre a partir de 2006. Razón por la cual es necesario deshacerse de toda complaciente sensación de seguridad.

El golpe de Estado ya se venía anunciando mucho antes de las elecciones de octubre de ese año. Una convulsionada coyuntura de casi dos años advertía que los ánimos de las clases medias urbanas eran algo más que una revoltosa actitud frente al primer presidente indígena de la historia del país y todo lo que él representaba. Toda reforma de la sociedad que planteara su Gobierno, así fuera parcial, chocaba inmediatamente con la organización corporativa de médicos, abogados, profesores y policías, mientras la iniciativa de las organizaciones sociales se había diluido en la más impotente inercia, distraídos en la captación de excedentes que proporcionaba la exitosa nacionalización de los hidrocarburos.

En el vecindario, los golpes contra Zelaya, Lugo y Dilma, sumados al acoso sistemático de la Revolución bolivariana de Venezuela, daban cuenta de que la turbulencia política era un fenómeno generalizado en la Región, del cual, obviamente, no escaparía uno de los procesos más radicales del continente, el nuestro. Pero a pesar de estas advertencias, registradas en las noticias, los termómetros de las encuestas y los pronunciamientos de la opinión pública, se confió en que el desarrollo socioeconómico de Bolivia hiciera imposible un golpe de Estado a la vieja usanza, como efectivamente ocurrió. Se creyó supersticiosamente en la institucionalidad democrática, como si fuera una verdad metafísica y eterna, para luego darse cuenta de que la forma en que las sociedades organizan su poder es tan práctica como la forma en la que los bolivianos se aseguran el pan de cada día. La democracia no estaba escrita en piedra.

Estado de excepción

Así que ocurrió la interrupción del orden constitucional y la convivencia democrática, mediante un golpe de Estado con la concurrencia de la Policía y el Ejército, bajo el signo de la Biblia y la empresa privada, por si fuera poco. Golpe de Estado que no es otra cosa que la imposición de un “estado de excepción”. En palabras de Agamben: “El estado de excepción no es una dictadura (constitucional o inconstitucional, comisarial o soberana), sino un espacio vacío de derecho, una zona de anomia en la cual todas las determinaciones jurídicas –y, sobre todo, la distinción misma entre público y privado– son desactivadas (…) El estado de necesidad no es un ‘Estado del derecho’, sino un espacio sin derecho (aun cuando no se trata de un estado de naturaleza, sino que se presenta como la anomia que resulta de la suspensión del derecho) ”. Espacio al cual son confinados individuos y clases enteras cuya existencia física y política se busca eliminar haciendo de ellos una excepción constitucional. Haciéndolos excepcionales a la norma.

Es importante, por ello, reflexionar sobre las condiciones que posibilitan dicho estado de excepción para evitar su reedición futura. Algo sumamente complicado. Ya nos advirtió Hannah Arendt, en su ensayo Sobre la violencia, acerca de la imposibilidad de predecir científicamente el futuro en términos políticos, debido a que toda pretensión cientificista de conocimiento del futuro social, ya sea a través de “la Teoría de Juegos” o la “Teoría de la Elección Racional”, cae en saco roto porque de lo que tratamos acá es de una cualidad de agencia de individuos, organizaciones y pueblos, que no puede ser cuantificada. Las cosas son visibles solo después de que suceden o, como dicen otros, a veces el análisis político no puede aspirar a ser más que una descripción forense de procesos ya consumados. Sí es posible, no obstante, percibir movimientos generales, que no den indicaciones específicas pero sí orienten direcciones, a través de la aplicación de un concepto tan sencillo pero a la vez tan ignorado como el de “lucha de clases”.

Desde esta perspectiva, queremos analizar cuatro condiciones de posibilidad que podrían sugerir posibles coyunturas de ruptura constitucional.

Crisis de legitimidad

Sea a través de una estrategia mediática sistemáticamente ejecutada, o por errores de cálculo cometidos por el propio Gobierno, lo primero que debe suceder para que un golpe de Estado no se trunque en una simple conspiración es que la clase gobernante pierda legitimidad frente al resto de la sociedad. Se trata, primero, de desprestigiar al gobernante, hacerlo parecer vil, corrupto y, sobre todo, débil. Esto sucedió desde el momento en que el 21-F se convirtió en una consigna movilizadora capaz de aglutinar a todos los sectores descontentos con el Movimiento Al Socialismo (MAS), desde la oligarquía oriental hasta la clase media andina. A partir de ese momento, toda protesta coyuntural tenía la capacidad de convertirse en una rebelión, tal como lo advirtió Helena Argirakis en Intento de fractura hegemónica en Bolivia 2018: “Sin embargo, a pesar del anuncio del presidente Morales de la abrogación del nuevo Código Penal, los operadores políticos de las oposiciones de derechas rápidamente respondieron que demandaban el respeto al voto popular del Referéndum del 21 de febrero de 2016 (…) además de argumentar la necesidad de poner `fin a la dictadura`…”.

Un actor fundamental en esto fueron los medios de comunicación y los hacedores de opinión pública, cuyos libretos de desinformación no venían desde Bolivia, sino desde “tanques de pensamiento” y universidades extranjeras muy dedicadas a la argumentación en contra de todo proceso popular latinoamericano. Ciertamente el desconocimiento del 21-F fue un error garrafal del gobierno de Morales, pero de todos modos también pudo haberlo sido la gestión de los incendios en la Chiquitanía, el Tipnis, el gasolinazo y demás. Iniciar el proceso de deslegitimización de un gobierno popular es el primer paso de lo que actualmente se conoce como “guerras de cuarta generación”.

Una de las posibles consecuencias de estas guerras de cuarta generación es la estimulación de los impulsos más conservadores de los sectores de la sociedad más proclives a buscar soluciones autoritarias; es decir, la inducción de un estado de ánimo en el que el proyecto reaccionario tenga la capacidad de contar con “respaldo popular”. Se busca seducir exitosamente a las masas desorganizadas de la sociedad y motivarlas a actuar en contra de un enemigo construido por los medios de comunicación (como, por ejemplo, el masismo), generalmente aprovechando la existencia previa de clivajes como el racismo o el regionalismo boliviano. En otras palabras, es imprescindible sembrar odio para cosechar revueltas.

Crisis de gobernabilidad

Seguidamente, se debe socavar la efectividad institucional del Estado. Y entre todas sus instituciones, en última instancia, las más importantes son las que monopolizan el ejercicio legítimo de la violencia, que sintetizan el contenido político del Estado: la suprema autoridad del Gobierno sobre la sociedad o cualidad soberana del Estado. El momento en que policías y militares ya no están dispuestos a obedecer órdenes es cuando la crisis de gobernabilidad se ha tornado irremediable. Y en Bolivia, hay más posibilidades de que esto pueda suceder tomando en cuenta el carácter corporativo de ambas instituciones, razón por la cual no es de sorprenderse la delicadeza con la que todo gobierno del país se ha dirigido hacia los uniformados.

En esto la elección de los oficiales, así como la capacidad de castigar a los mandos que fueron parte del anterior golpe de Estado, es crucial, debido a que no hacerlo puede dar la impresión de que la impunidad es posible y que las consecuencias de violentar la Constitución nunca serán tan graves como lo serían en otros países. Equivale a neutralizar la efectividad de las reglas de juego democráticas para condicionar el comportamiento de los actores políticos. Claro, también está la posibilidad de irritar al Ejército por ello, pero el costo de la impunidad es de todos modos más alto. Sea cual sea el curso de acción que tome el Gobierno, ciertamente se trata de un factor que debe ser vigilado cuidadosamente, particularmente frente a posibles hechos de injerencia externa.

Este punto no debería requerir exposición alguna, dados los antecedentes injerencistas del gobierno de los Estados Unidos y otras potencias similares en la historia de Bolivia, aunque solo por respetar el formalismo de la argumentación, debe señalarse acá que antes del golpe de Estado surgieron a la luz varios de documentos que demostraban la clara intención de Washington para acabar con el Gobierno de Morales, como los 16 audios informados incluso por la red Erbol en la víspera de las elecciones de octubre de ese año. En dichos audios se hacía evidente el acercamiento de agentes de la Central de Inteligencia Boliviana hacia las instituciones armadas, lo cual quedó demostrado con la confesión de Fernando Camacho respecto al rol de su padre en la “rebelión pitita”.

Crisis económica

Ahora bien, aunque mantener el control sobre las instituciones represivas del Estado es importante, igualmente lo es garantizar el funcionamiento del resto de las instituciones que están más cerca de la sociedad, por lo cual una crisis de gobernabilidad también es posible cuando la justicia, la educación y la salud no funcionan como deberían. Después de todo, es de lo más común que en Estados periféricos y subdesarrollados se piense en el Estado como en monopolio de la fuerza exclusivamente, y se pierda de vista su componente social. Y mantener en funcionamiento estas instituciones es casi imposible si no se cuenta con una capacidad presupuestaria mínima, que en Bolivia depende casi completamente de la distribución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos.

No toda crisis económica se traduce en una crisis política, pero ciertamente hacen más posible su emergencia. La distribución de este excedente es sumamente problemática cuando no hay un “pacto fiscal” que garantice a la ciudadanía condiciones de vida dignas. Son las clases medias las que más se benefician de esto, a través del aparto público, de los empleados de los sectores de salud, justicia, educación, de los funcionarios de los gobiernos municipales y de las universidades. Aunque su capacidad de movilización nunca puede llegar a ser tan imponente como la de los sectores populares, las clases medias pueden llegar a ser problemáticas a través de sus organizaciones corporativas, como los colegios de profesionales, entre otros.

Esto hace más difícil, incluso, la aplicación de reformas urgentes como las que necesitan los sectores de salud, educación y, sobre todo, justicia. Reformas que pueden tirar abajo un castillo de naipes que se sustenta sobre un delicado equilibrio de intereses. El pacto fiscal es un as en la manga para los sectores interesados en desestabilizar al Gobierno y podría conducir a problemas no solo en la distribución de la renta entre los diferentes sectores corporativos de la sociedad, como burocracia armada o de oficina, sino además entre regiones o niveles de gobierno.

Fracturas y desgastes en el bloque de poder

Con esto no nos referimos solo a divisiones al interior de las organizaciones sociales, sino de igual forma a fracturas en la dinámica entre la dirección y la base del Proceso de Cambio, o entre la capacidad de correspondencia entre ambos elementos, como diría Hugo Moldiz, que a fin de cuentas debilitan las potencialidades de una revolución política.

Es decir, el desgaste del bloque popular en el poder no fue solo a partir de desmembramientos de las fuerzas aliadas, como sucedió con la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) o los cocaleros de los Yungas, divisiones o fracturas que en última instancia parecen responder a una disputa por la apropiación del excedente económico del Estado, sino también mediante el progresivo adormecimiento del resto de las organizaciones sociales que constituían el tuétano del Proceso de Cambio.

¿Puede volver a suceder? Es difícil que se las pueda “madrugar” nuevamente después del balde de agua fría de 2019, pero no se debe olvidar que todo golpe de Estado no es un esquemático despliegue de intenciones, sino que consta de una creativa improvisación malintencionada. Eso quiere decir que el factor conspirativo siempre estará presente en la contenciosa realidad política local, en cuyo desarrollo todo error es aprovechado hasta el último recurso por el antagonista o el enemigo.

Actualmente, aunque el golpe de Estado imprimió un fuerte sentido de vigilancia en las organizaciones sociales, todavía no se puede decir que han recuperado el papel protagónico que las caracterizó a inicios de este siglo, cuando fueron capaces no solo de movilizarse sino a la par proponer una alternativa al modelo neoliberal imperante pero ya en decadencia en ese entonces.

Persiste aún hoy la tendencia a percibir al Estado como una figura paternal cuya principal responsabilidad es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y no como la de un instrumento para alcanzar la emancipación de los pueblos, lo cual, ya se ha demostrado, puede tener consecuencias terribles para la continuidad del Proceso de Cambio.

Atentos

Como se puede observar, todas las condiciones son existentes en diverso grado, y algunas son constantes, como las pretensiones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos o la sistemática campaña de desprestigio de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que debe darnos una idea bastante cabal acerca de las posibilidades de otra interrupción del orden constitucional, que es, a pesar de muchos, plurinacional.

¿Es posible otro golpe de Estado? Por experiencia, sabemos que lo es; solo esperemos que no sea inevitable.


  • Cientista político.

Be the first to comment

Deja un comentario