junio 14, 2021

¿Qué pasó con Fundempresa?

Por Nathanael Hastie *-.


En marzo de este año el Ministerio de Justicia anunció la presentación de cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades contra altas autoridades del régimen de facto (2019-2020), entre las cuales se encuentra una por la “prórroga ilegal de la concesión de Fundempresa” [1].

¿Qué es Fundempresa?

La Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa) es una entidad sin fines de lucro compuesta por cuatro organizaciones empresariales: la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara de Industria Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y la Cámara de Constructores de Santa Cruz (Cadecocruz), que, desde el año 2001, cuenta con la concesión por el plazo de 20 años para operar el Registro de Comercio de Bolivia.

El modelo neoliberal no solo enajenó, cerró, privatizó y capitalizó las empresas públicas del país, sino que también concedió los derechos operativos de diversas entidades estatales al sector privado, de esa forma cumplía con el objetivo de reducir el aparato estatal a su mínima expresión y simultáneamente beneficiaba a sus socios comerciales. En 2000, el gobierno de Banzer y el Acuerdo “Patriótico” (ADN-MIR) aprobó la Ley 2064 para la “reactivación económica”, que modificó la normativa bancaria y crediticia del país; esta ley en su Artículo 64 autoriza al Ejecutivo la licitación o adjudicación del Servicio Nacional de Registro de Comercio. La Ley 2196, aprobada en 2001, en su Artículo 18 especifica los términos y las condiciones de la concesión, indicando que “se asigna al concesionario competencia exclusiva para la realización de todos los actos propios del registro de comercio” y que “los actos del concesionario del servicio tendrán plena validez legal y surtirán los efectos jurídicos en todo el país”. En 2001 el Estado se deslindó de sus competencias y las asignó a una entidad privada, mediante el DS 26.335, firmado por Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, quien continúa la hoja de ruta planteada por su mentor y aprueba la concesión del Servicio del Registro de Comercio al Consorcio para el Registro Mercantil, conformado por las cuatro cámaras empresariales que ya se mencionaron, que luego pasa a usar la denominación de Fundempresa.

El Estado otorgó por 20 años la competencia exclusiva del manejo y el registro de todas las entidades comerciales del país a los representantes de la gran empresa privada. Mientras se secaba la tinta del decreto de concesión, se alistaba el proyecto TC0201038/7979-BO para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió con un millón 297 mil dólares un programa para la “modernización del Servicio de Registro de Comercio” a cargo de Fundempresa, aplicado desde el año 2002. El documento del BID indica que “el Contrato de Concesión entre el Gobierno de Bolivia y Fundempresa, ha dejado la puerta abierta para que esta última entidad pueda incorporar la administración de otros registros del Estado”.

Hasta el año 2016, el Código de Comercio exigía a las sociedades comerciales la publicación de determinados documentos como la escritura constitutiva, la modificación de escritura o disolución de la empresa en un periódico de alcance nacional. Mediante la Ley 779 de Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas, aprobada en 2016, se crea la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio como único medio válido para la publicación de los documentos de carácter público. La Gaceta Electrónica en teoría democratiza el acceso a la información comercial al transparentar el acceso, pues es más fácil hacer una búsqueda digital que recurrir a ediciones pasadas del periódico en una hemeroteca. Sin embargo, a pesar de tratarse de una plataforma nueva, tanto el diseño como la implementación de la Gaceta Electrónica fueron delegados por el Ministerio de Desarrollo Productivo a Fundempresa (Resoluciones Ministeriales 307/2015 y 142/2017), cediendo una vez más funciones estatales al sector privado.

El 26 de septiembre de 2020, el gobierno de facto de Jeanine Áñez aprobó el DS 4.356 con el objetivo ampliar la concesión del Servicio de Registro Comercial a favor del Consorcio para el Registro Mercantil (Fundempresa) sin realizar una licitación pública (procedimiento establecido en el DS 26.215 y la Ley 2196), sujetándose al mismo pliego de condiciones de hace 20 años. Ignorando toda la normativa vigente, el DS 4.356 plantea la “necesidad de brindar continuidad al servicio” y la pertinencia de ampliar los plazos de la concesión a favor de Fundempresa.

A lo mejor se trata de una coincidencia el hecho de que las cámaras que conforman Fundempresa apoyaron públicamente al golpismo en 2019. Recordemos que el 08/11/2019 la Cadecocruz publicó un comunicado para ratificar su “apoyo y compromiso con cada una de las decisiones que ha asumido el Comité Cívico Pro Santa Cruz”; el 15/11/2019, de forma pública, la Cainco junto al Comité Cívico Pro Santa Cruz unieron “esfuerzos para dotar de insumos a los efectivos policiales y militares que se encuentran trabajando en restaurar el orden”; y el 19/11/2019 la CNC y la CNI emitieron un comunicado conjunto para celebrar la “recuperación de la Democracia en Bolivia” y expresar su apoyo al “gobierno de transición”.

La responsabilidad directa sobre el Registro de Comercio le corresponde al Ministerio de Desarrollo Productivo y llama la atención otra coincidencia, pues tanto el ministro que rubricó el DS 4.356 horas después de ser posesionado, Adhemar Guzmán Ballivián, como su antecesor José Abel Martínez Mrden, fueron viceministros del gobierno ADN-MIR entre 1997 y 2002, cuando se aprobó la primera concesión.

La ampliación ilegal de la concesión de Fundempresa por 15 años fue abrogada el 2 de diciembre mediante el DS 4.077, sin embargo, quedan muchos pendientes al respecto. Por una parte, queda por verse si el Gobierno tendrá la consecuencia de recuperar para el Estado la administración del Registro de Comercio y devolver esta competencia al sector público o si se limitará a lanzar una convocatoria de licitación para proveedores de servicio.

Mediante la concesión de funciones estatales los representantes de la gran empresa privada en nuestro país se han asegurado de mantener el control sobre su “enclave” dentro del Estado boliviano, más allá de los cambios de gobierno; de esa forma atentan contra el principio fundamental de la democracia representativa en la que el pueblo escoge entre las alternativas electorales quien dirigirá el Estado. El futuro del Registro de Comercio no es solo una determinación administrativa, el gobierno de Luis Arce Catacora debe decidir entre los intereses de la gran empresa privada y la voluntad democrática del pueblo.


  • Sociólogo.

1       Agencia Boliviana de Información, 15/03/2021.

 

Be the first to comment

Deja un comentario