Por Maya Verazaín-.
A siete días del Paro Nacional convocado por el pueblo colombiano, las noticias de las masacres y uso desproporcional de la fuerza por el órgano represivo del Gobierno de Iván Duque ya dan vueltas al mundo por medio de las redes sociales y los medios masivos de comunicación.
Los informes extraoficiales denuncian 35 muertos y más de 800 heridos. Las protestas iniciaron en contra de una reforma impositiva que el Gobierno neoliberal colombiano había anunciado, misma que planteaba que los fondos iban a ser adquiridos en un 73% de las personas naturales y 23% de las empresas. Tomando en cuenta que esta medida implicaría obtener los recursos para cubrir los déficits fiscales, ocasionados por la crisis económica a raíz de la pandemia de la Covid-19, y afectaría de sobremanera a las personas más vulnerables, de clase media y clase media baja.
Las medidas que aumentarían el IVA a productos de consumo básico, gasolina, y que las personas deberían pagar impuestos desde los dos salarios mínimos (aproximadamente 580 dólares), fue el precursor para retomar las movilizaciones que habían sido “calmadas” con la crisis sanitaria de 2020. La inconformidad con las políticas y la administración neoliberal de la economía en América Latina ya es una constante. Lo vemos en Chile, Perú, países que, a diferencia de otros de la Región, lograron, aunque sea por un tiempo, romper netamente con los gobiernos neoliberales. Conquistando gobiernos progresistas y de izquierda, que permitieron alcanzar ciertas luchas de nuestros pueblos, de los obreros y los pueblos indígenas originarios y campesinos.
La realidad social y política colombiana es un poco más compleja, pues está marcada por el terrorismo de Estado, los falsos positivos para la persecución de dirigentes sindicales y sociales. La falsa “guerra contra las drogas” financiada desde Estados Unidos, y la compleja relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y las reivindicaciones por tierra y territorio de muchas comunidades campesinas. También tiene como antecedente el engaño de los Acuerdos de Paz, cuando en 2016, bajo la presidencia de Juan Manuel Santos se llegó a varios acuerdos sobre participación política, desarme y un alto a las persecuciones y asesinato de dirigentes, sin embargo, poco después de la firma del acuerdo los falsos positivos, que terminaron en detenciones arbitrarias y asesinatos extrajudiciales, continuaron.
Colombia es un pueblo históricamente marcado por el paramilitarismo, fomentado por las más de ocho bases militares estadounidenses en su territorio, además de todos los tratados de “cooperación” y operaciones estadounidenses allí, con entrenamientos militares, guerra contra las drogas, operaciones relacionadas a la vigilancia y comunicación. No es por nada que líderes de izquierda llaman a Colombia el “servidor del Imperio”.
Además del ataque frontal a la soberanía del pueblo colombiano sobre su territorio, también significa un alto grado de intervención norteamericana en la Región, y junto a la presencia militar, con toda la construcción machista, fascista y colonizadora de la presencia de grupos armados y preparados para someter al pueblo, igual se ve reflejada en las denuncias de comunidades sobre violación a mujeres campesinas, de las FARC, y torturas.
Alejandra del Rocío Bello Urrego [1], en su artículo “El giro a la derecha en América Latina. La crueldad y el gobierno de los cuerpos-Otros en la etapa neoliberal del capital” [2], explica que una de las principales causas de la violencia de Estado proviene de la exclusión territorial y la califica como una “canalización patriarcal-colonial de la crueldad”, la crueldad como una forma de expresión de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, pero a su vez de las conquistas territoriales y exclusiones del “otro”. Esta relación la forma a través de los procesos coloniales de construcción de los Estados-nación en Latinoamérica, que fueron, y aún son, regidos y edificados desde la exclusión, la discriminación y opresión patriarcal.
Las diferentes formas de explotación y opresión hacia hombres, niños, mujeres y madre naturaleza. En Colombia, la concentración de la tierra, como en el resto del continente, es una de las principales causas de desigualdad económica y social, ocasionando no solo la exclusión del sistema económico, llegando a afectar al “ser ciudadano”, donde el ejercicio de poder se da desde la perspectiva de “amigo-enemigo”, como la dicotomía del “indio bueno y el indio salvaje”, que le da al Estado la falsa “legitimidad” de dejar vivir y dejar morir, en que el estado de excepción justifica la administración de la muerte.
Esta lógica gubernamental aclara la manera de ver la política del Gobierno paramilitar de Colombia. Donde se esclarece la actuación del sistema patriarcal sobre las relaciones de dominación desde la manutención de las fronteras entre los “ciudadanos permitidos” y los “otros”. El territorio es la base fundamental de la construcción de las presiones contra nuestros pueblos y la conquista y recuperación del mismo es una lucha irrenunciable. Significa romper con el colonialismo, la explotación y las diferentes formas de opresión.
Reivindicamos que la lucha por recursos, tierra y territorio es uno de los principales pilares de la lucha antipatriarcal, pues la soberanía y administración territorial llevan consigo las consecuencias de las exclusiones económicas, del acceso a espacios de poder, donde se pueden materializar las reivindicaciones de nuestros pueblos, sobre la autogobernación e identidad.
Es fundamental brindar el apoyo transfronterizo a los hermanos colombianos, en contra del sistema colonial, capitalista y patriarcal, pues desde el Feminismo Comunitario del Abya Yala defendemos que para vivir en comunidad, Vivir Bien, es necesario que toda la Región se una en la lucha antipatriarcal, que no puede ser de un solo territorio en tanto los pueblos del Abya Yala somos un tejido que se entrelaza, que debemos caminar juntos, respetando los territorios y especificidades sociales e históricas, pero siempre en la búsqueda por nuestra liberación, por mejores condiciones, por la dignidad, el respeto a la vida, en contra de todo tipo de explotación y opresión.
* Feminista Comunitaria del Abya Yala.
1 Alejandra del Rocío Bello Urrego, Universidad del Tolima, Colombia. Politóloga. Especialista y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Especialista y doctora en Bioética. Doctora en Género y Ciencia Política. Profesora e investigadora de la Universidad del Tolima.
2 Disponible en: https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/342694
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