junio 14, 2021

El arbitrario poder de nombrar: sesgos acerca de la democracia en nuestra América

Por Antonio Quiroga *-.


Los dos últimos informes acerca del estado de la democracia en nuestra América distan mucho de ser imparciales o siquiera objetivos, tal como demuestran las evaluaciones de Bolivia, Colombia y Chile. En este artículo evidenciamos el sesgo geopolítico al momento de juzgar a nuestra Región. No es tanto su culpa, pues hablan desde su posición e intereses. Es la nuestra, por no decir nada al respecto.

Alguna vez alguien dijo que no hay mayor expresión de dominio que la capacidad de poder nombrar, de imponer nominalismos específicos a sujetos concretos. Es claramente el caso del calificativo de “democrático” o “país democrático”; pertenecer a esta categoría es, hasta el día de hoy, una aspiración de muchos Estados en el mundo, no solo por la legitimidad que dicha posición implica, sino también por las ventajas que trae consigo en ámbitos como el sistema financiero internacional, el comercio exterior o las relaciones diplomáticas. Razón por la cual, justamente, se trata de un problema más político y geopolítico que técnico. Es decir, ser considerado como un país democrático depende mucho de quién lo señale y de los intereses de quien ejerce el poderoso acto de nombrar. Para quien lo dude, solo vea el caso de Venezuela, así como el de la estoica Cuba.

Los jueces

Intentar clasificar la forma de gobierno por la cual una sociedad organiza el poder no es nada nuevo. Los griegos llevaban haciéndolo desde hace mucho tiempo, al menos, empíricamente, desde Aristóteles. Pero la emergencia del poder estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, y de forma mucho más pronunciada una vez desintegrada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hizo de esta categoría una de suma importancia geopolítica, pues, al menos desde la Guerra Fría, se trató de un recurso más entre las diferentes estrategias de Estados Unidos para antagonizar e intervenir en la política interna de otros Estados. Es una forma de decir: “estos países están conmigo, esos no”. Tendencia acentuada a partir de lo que Huntington llamó “la tercera ola democrática”.

Nada nuevo, sin duda. ¿Subjetivo?, no tanto, más bien complejo. No se trata, entonces, de desestimar el concepto de democracia como tal, ni mucho menos una razón por la cual dejar de aspirar a ella. Se trata, al contrario, de salir de los ejes discursivos impuestos por una academia que podría acusarse de “occidental”, partiendo de sus propios intereses y percepciones acerca de cómo debería funcionar el mundo. Es a partir de ese poder, el poder de nombrar, que los Estados centrales del sistema-mundo capitalista se permiten a sí mismos la prerrogativa de juzgar qué países son democráticos y merecedores de reconocimiento, y cuáles no.

Y más allá de los reportes que el Departamento de Estado y toda la maquinaria intervencionista de los Estados Unidos emite regularmente acerca del resto del mundo, queremos concentrarnos acá en otras fuentes de clasificación de regímenes políticos que, justamente por su carácter no gubernamental, proyectan una falsa imagen de imparcialidad y objetivismo académico que muy pocos se atreven a cuestionar, como sucede efectivamente con los proyectos de clasificación de regímenes políticos como el Polity IV, la para nada sutil libertaria Freedom House y el Índice para la Democracia de la Unidad de Inteligencia del reconocido medio de prensa de The Economist. El primero y el último aspiran a ser más “objetivos” respecto a los intereses geopolíticos de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras que el informe anual de Freedom House hace poco por disimular su inclinación hacia las tendencias del Partido Republicano de los Estados Unidos, al pertenecer a la célebre Heritage Fundation, ya conocida en nuestra América por sus actividades injerencistas.

Pero de los otros dos que son, en definitiva, más confiables, nos concentraremos acá en el Índice para la Democracia, de The Economist o Democracy Index Report, para mantenernos fieles al idioma en el que se publica anualmente desde 2016. Y esto debido a que el proyecto Polity IV cubre un lapso que retrocede hasta el siglo XIX sobre casi todos los Estados existentes desde entonces. Algo para nada despreciable, pero que excede el propósito de este artículo.

Criterios de calificación

Ahora bien, cuando se trata de clasificar qué tan democrático es un país, puede decirse, siguiendo a John Hogstrom, que existen tres formas de medición: dicotómicas (se es una democracia o no se lo es), tricotómicas (se puede ser democrático, semi-democrático o autoritario), y continuas (existe todo un continuum lleno de matices entre un país democrático o autoritario). Polity IV es, así, una medición continua, al igual que el Democracy Index Report, mientras que el reporte de Freedom House es dicotómico. En el caso que nos atañe, del proyecto de The Economist, existen cuatro categorías que engloban a todos los Estados del mundo: Democracias plenas, democracias con fallas, regímenes híbridos (que tienen un poquito de democrático y un poquito de autoritario) y regímenes autoritarios.

Los criterios de calificación son cinco: a) Pluralismo y proceso electoral; b) Funcionamiento del gobierno; c) Participación política; d) Cultura política; y e) Libertades civiles. Se parte de la premisa, bajo el criterio de los jurados, de que una democracia no solo se define por la realización periódica de elecciones libres y competitivas, sino también por la forma en la que operan los gobiernos y por la preminencia y garantía de ciertos derechos políticos y libertades civiles, además de una asentada cultura democrática en la sociedad civil. La puntuación va de 0 (autoritario), 5.0. (régimen híbrido) y 10 (plenamente democrático).

Lo que nos lleva a una definición muy precisa de lo que es un régimen político, en palabras de Jeroen Van Der Bosch: “Un régimen político es un conjunto de instituciones formales e informales que regulan la forma en la que se accede y ejerce el poder sobre una sociedad”. Suena razonable, ahora veamos que tan bien funciona…

El cuestionable veredicto

2018, 2019 y 2020 han sido años particularmente conflictivos y tumultuosos para Latinoamérica: revueltas contra medidas económicas provenientes del recetario neoliberal estallaron en Ecuador, Perú, Colombia y Chile, mientras que las transiciones políticas en Brasil y Bolivia fueron disruptivas y cuestionablemente constitucionales, sobre todo en Bolivia, sobre la cual existe consenso, incluso entre progresistas y conservadores, de que se trató de un golpe de Estado clásico. Venezuela, tal como ya llevaba desde hace un tiempo, se encontraba sumida en una profunda crisis socioeconómica provocada, en última instancia, por el asedio imperialista contra su Gobierno. Tres años, en definitiva, sumamente problemáticos, a tal punto que el Informe del Latinobarómetro en 2018 subtitulaba “Annus Horribilis” y advertía un preocupante retroceso democrático en la Región. No se equivocaban, las cosas solo irían para peor.

Lo que sorprende no es, empero, la que hayan acertado respecto a la declinante permanencia de unas democracias que nunca fueron plenas y muchas veces solo revestimientos formales de lo que es una democracia, sino la forma en la que juzgaron esta tendencia caso por caso en Latinoamérica. Sorprenderá mucho a nuestro querido lector y lectora que, de acuerdo al reporte de nuestros británicos amigos de The Economist, Bolivia se haya considerado más democrática durante el gobierno de Áñez, con su corrupción a gran escala y su sistemática violación de Derechos Humanos y masacres, que durante el último año de gobierno de Morales; o que Colombia haya mejorado su puntuación respecto a años anteriores a pesar de la esquemática persecución y asesinato de líderes sociales y sindicales, siendo considerada una democracia con fallas (pero democracia a fin de cuentas); o que Chile, con su represión generalizada contra estudiantes y sectores vulnerables, que llegó a cobrar a casi una treintena de muertos entre finales de 2019 e inicios de 2020, sea considerada una “democracia plena”, junto con Uruguay y Costa Rica.

Veamos:

Bolivia, en 2019, acumuló una puntuación de 4,84, ocupando el puesto 104 de 165 puestos en total, muy cerca de un país autoritario, pero, por el momento, considerada como un “régimen híbrido”. Una de las categorías más importantes, Libertades Civiles, fue calificada con 6,76. ¿No fue el año en el que se cometieron actos de explícito racismo que confluyeron en las trágicas masacres de Senkata, Sacaba y la Zona Sur de La Paz?; entre otras muertes que no fueron otra cosa que asesinatos extrajudiciales. Bueno, para la Unidad de Inteligencia de este periódico tales acontecimientos no fueron suficientes como para excluir a la Bolivia de entonces de una calificación propia de… ¡una democracia plena! Si algo empañó el desempeño democrático nuestro ese año fue “la crisis pos electoral” provocada por las cuestionables elecciones de octubre. Lo que indica que adoptaron el mucho más cuestionado veredicto de la Organización de Estados Americanos (OEA) de aquellos días.

En 2020, casi enteramente gestionado por Áñez, Bolivia logró mejorar su puntuación, sin por ello dejar de ser considerada un régimen híbrido, alcanzado el 5,08 y el rango 94 de los 165 puestos. Sutil mejora que nuevamente es cuestionable desde la categoría de Libertades Civiles, que decayó unos puntos hasta 5,88. ¿Por qué mejoró entonces, si al parecer hubo un peor desempeño en esta dimensión central para toda democracia? Ese año la persecución encarceló a cientos de bolivianos y luego a miles bajo la excusa de la pandémica de Covid-19, limitando derechos fundamentales como el derecho a la información y la libertad de expresión, justamente bajo el gobierno de Áñez. Según ellos, Bolivia se hizo levemente más democrática que en 2019 porque “las elecciones se demostraron transparentes e imparciales”. ¿Olvidan que Áñez y su superministro no querían esas elecciones en primer lugar?

Pasemos, ahora, a Colombia. En 2019 logró una puntuación de 7,13, casi una democracia perfecta, por poquito, y alcanzando el rango 45, donde la categoría de Libertades Civiles conquistó el puntaje de 8,53. Algo que retrocedería de forma casi imperceptible en 2020, cuando Colombia alcanzó un puntaje global de 7,04, retrocediendo apenas al puesto 46, con Libertades Civiles evaluadas en 7,94, casi 8. ¿Estamos hablando de la Colombia que se negó a ratificar un Acuerdo de Paz dificultosamente negociado y que al final no se respetó? ¿La Colombia de casi mil líderes sociales y sindicales asesinados desde 2016 hasta 2020? ¿La Colombia de guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y rangers gringos entrenados para matar? Sí, esa Colombia, que es considerada más democrática que Bolivia, donde las únicas masacres que se dieron lo hicieron durante gobiernos de derecha alineados con los Estados Unidos… Seguramente ahí reside el problema. Habrá que ver cómo califican a Colombia después de la ola de asesinatos selectivos de este abril, que fueron aplaudidos por el expresidente e impresentable Álvaro Uribe.

Cerremos con Chile. Alcanzó una puntuación de 8,8 en 2019, logrando el rango 21, una democracia plena y saludable, con la categoría de Libertades Civiles calificada en 9,12. Si, el Chile de la treintena de muertos a finales de ese año. ¿Tal vez un error? Pues no. En 2020 Chile mejoró su posición al rango 17, entre las primeras democracias del mundo, y de las pocas de Latinoamérica, con un puntaje global de 8,28 y Libertades Civiles evaluadas en 8,82. Al parecer, la ola represiva de entre finales del 2019 e inicios de 2020 no contó mucho para ellos, como tampoco lo hizo el estado policial y de excepción impuesto en esos días.

Si no se tratara de un medio tan prestigioso como The Economist, cualquiera pensaría que se trata de un mal cálculo de percepción, de cierta ingenuidad metodológica para juzgar a nuestra Región, e incluso de cierta incapacidad. Pero no es así. Se trata, en teoría de cientistas sociales de alto vuelo, de un sesgo que es, sin duda, geopolítico: “el creciente uso de prácticas autoritarias en Venezuela, Nicaragua y Bolivia explica mucho del reciente deterioro democrático en la Región”, reseñan en su reporte de 2019… la mención a Venezuela ya dice mucho. País que consideran plenamente autoritario, por cierto, tal como a Cuba, donde, hasta donde sabemos, no se ha perpetrado ninguna masacre desde el triunfo de la Revolución.

Reclamemos el poder de nombrar

Galeano alguna vez dijo, recordando un viejo proverbio africano, que hasta “el día en que los leones tengan sus propios historiadores, los cuentos de caza seguirán glorificando al cazador”. Nada podría sonar más apropiado para nuestra América que aquella afirmación, en momentos en que el supuesto ímpetu democratizador de lo que peyorativamente se considera como “el Occidente” llega a descalificar todo proceso de emancipación nacional como un impulso “autoritario” explicado nunca desde criterios científicos como la división internacional del trabajo y por los efectos pervasivos del imperialismo, sino, casi siempre, a partir de explicaciones antropológicas que explican todo por una supuesta “cultura política autoritaria”.

No podemos confiar en la benevolencia de su juicio, ni de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, razón por la cual es momento de que nosotros construyamos nuestros propios criterios para evaluar una democracia, yendo más allá de los sugeridos por Robert Dahl o Adam Przeworski. No se trata de pasar por alto los invaluables aportes de la filosofía y la ciencia política occidental, sino de añadir la experiencia latinoamericana y tercermundista para la construcción de nuevas formas de entender la democracia, nuevas y complementarias.

Si para ellos la democracia no es solo una cuestión de elecciones, sino también de Derechos Humanos, para nosotros es eso y más. Es también igualdad social y equidad económica. Es Derechos Humanos en su sentido más cabal. Bolivia, y todo el progresismo latinoamericano y su academia, fuente de ideas y descubrimientos históricos y fundamentales, están llamados a encarar este desafío.


  • Sociólogo.

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