septiembre 16, 2021

Una actitud soberana ante la injerencia


oPor La Época-.


Los puso, con respeto y firmeza, en el lugar que deben estar, y colocó a Bolivia, sin vacilaciones, en el sitial que se ganó desde 2006, con la deshonrosa excepción del período noviembre 2019-noviembre 2020. Así es como hay que analizar las palabras del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en la tarde del jueves pasado, con que salió al paso a los criterios formulados a mediados del año pasado –cuando estaba todavía el gobierno de facto de Áñez–, sobre los alcances de la Ley General de la Coca.

Y es que aunque han transcurrido varios meses desde aquella infortunada declaración del representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Bolivia, Thierry Rostan, en sentido de que había necesidad de revisar la Ley 906 porque tener “datos inflados” respecto de las 22 mil hectáreas de la hoja de coca, el titular de Gobierno hizo bien en recordarle al funcionario internacional que Bolivia es un Estado soberano y que opiniones injerencistas como esas deben tener el cuidado de ser emitidas.

Las palabras de Del Castillo no han sido un reproche, como se han encargado de señalar los medios hegemónicos de comunicación, sino que hacen notar, con la firmeza debida y proporcional, al representante de la Unodc y también, de rebote, a los embajadores de varios países de la Unión Europea (UE) que estaban en el acto público, de que nuestro país, al ser signatario de la Carta de las Naciones Unidas, no permite actos de intromisión de ninguna naturaleza en asuntos internos.

Sobre la base de un modelo propio de lucha contra el narcotráfico y sin requerir la presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) –que fue expulsada en 2008 por desplegar acciones de inteligencia contra el gobierno de Evo Morales–, Bolivia ha logrado mejores resultados en el combate al negocio de las drogas que los obtenidos, con presencia de esa agencia, durante dos décadas de neoliberalismo. Lo que no significa que no haya tareas pendientes.

A pesar de que el gobierno de Morales se demoró en sustituir la Ley 1008, promulgada en 1988 por la administración neoliberal de Víctor Paz Estenssoro, en marzo de 2017 finalmente se promulgó la Ley 906, que fija en 22 mil hectáreas –de las 12 mil establecidas antes– las plantaciones de ese arbusto en todo el territorio, sobre la base de que son las necesarias para el consumo legal y para su industrialización. Esta última ley determina 14 mil 300 hectáreas para el departamento de La Paz y siete mil 700 para el departamento de Cochabamba, eliminando además los conceptos arbitrarios de zonas legales, ilegales y en transición, que estaban estipulados en la Ley 1008.

El modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico reemplaza, entre otros aspectos, el concepto de erradicación forzada por el de sustitución, generalmente voluntaria, de las hectáreas excedentes de la hoja de coca. De los tres países andinos productores del arbusto, Bolivia es el que menos tiene respecto de Colombia y Perú, según datos de la Unodc y de la UE, pero, paradójicamente, es el que no ha sido certificado por Estados Unidos desde 2008, en una clara demostración de la interpretación política que se hacen de los datos y de su uso injerencista.
Bien por Del Castillo, bien por el gobierno del presidente Luis Arce, que no se “achicopalan” ante las presiones externas.

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