septiembre 22, 2021

Repercutió en Bolivia arresto en EEUU de exministro de gobierno

La Paz-. La detención este miércoles en Estados Unidos del exministro del gobierno boliviano de facto Arturo Murillo, acusado de corrupción y prófugo de la justicia, repercutió hoy dentro y fuera del país sudamericano.

Medios políticos y periodísticos reflejaron el impacto entre la población ante el anuncio de las autoridades locales sobre la decisión del país norteño de apresar y también imputar al cuestionado exfuncionario golpista.

La justicia estadounidense asumió esa decisión ante las acusaciones contra Murillo por corrupción, soborno, lavado de dinero ‘e impulso a un clan mafioso’, aseguró el ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Los cargos contra Murillo comprometen a su hermana, cuñado, varios oficiales de la Policía, exfuncionarios públicos y diversos enlaces internacionales, precisó la autoridad.

Del Castillo explicó que esos individuos construyeron una red para obtener unos 2,3 millones de dólares, procedentes de la corrupción y el narcotráfico.

‘Recibimos un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se informa que el señor Arturo Murillo fue detenido e imputado en aquel país’, subrayó el ministro de gobierno.

Entre los implicados citados por el titular junto a Murillo figuran su hermana Magda Mireya, su cuñado Daniel Leonardo Aliss Paredes, el oficial de policía Ívar Víctor Gómez Apaza y el capitán de policía Daniel Bellot.

La lista incluye a Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete de Murillo, y a Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, junto a varios exfuncionarios del gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez, están acusados de soborno de una empresa intermediaria para un contrato con el gobierno boliviano sobre adquisición de gases lacrimógenos, precisó del Castillo.

Los sobornos pretendían que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tecnical Solutions, con sede en Florida, obtuviera transacciones del Ministerio de Defensa boliviano para la obtención de esos medios represivos.

La negociación comprendió un contrato de 5,6 millones de dólares para gases lacrimógenos y armas no letales para el gobierno de facto, que los usó contra las protestas por el golpe de Estado de noviembre de 2019.

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