junio 24, 2021

Exigen justicia por corrupción de gobierno de facto en Bolivia

La Paz-. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia Juanito Angulo reiteró hoy la exigencia de justicia por los hechos de corrupción atribuidos al gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.

El pueblo clama y pide sentar un precedente o un antecedente en el ámbito constitucional a partir de las irregulares en el caso Gases Lacrimógenos, entre otros, expresó el legislador esta mañana en una entrevista televisiva.

Durante más de 11 meses, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el régimen golpista se dedicó a asaltar las arcas del Estado para saciar sus intereses personales, denunció Angulo a través de Bolivia Tv.

‘No es posible que roben a los bolivianos cuando se vive una época tan difícil como lo es la emergencia por la Covid-19’, apuntó, mientras recalcó que el ejecutivo de Áñez debe ser investigado y si se encuentran indicios de corrupción, sancionado.

La detención de Arturo Murillo, exministro de Gobierno, en Estados Unidos, junto a su exjefe de gabinete y tres empresarios de una intermediaria que se hizo con la adjudicación de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma en la anterior gestión, llevó a retomar el proceso legal abierto en suelo boliviano.

Para el congresista, esa aprehensión desvirtúa la idea promovida por la oposición de persecución política del MAS, puesto que sale a la luz que la actual administración solo quiere hacer cumplir las normas y dar justicia al pueblo.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional divulgó el pasado lunes la lista de 17 extitulares del Gobierno de Áñez convocados a declarar por la Fiscalía debido a la suscripción de tres decretos supremos usados para la compra de gases lacrimógenos a sobreprecio.

Por otra parte, continúan las investigaciones en torno a las masacres de Sacaba y Senkata, en las cuales las fuerzas de seguridad asesinaron a decenas de bolivianos, advierten analistas locales.

Refierenm, además, la indagación de compra a sobreprecio de respiradores para pacientes con la Covid-19, el pago de nóminas sobregiradas a familiares y amigos, así como la privatización de empresas estatales sin el debido proceso.

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