septiembre 21, 2021

Justicia de EEUU aplaza audiencia contra exministro boliviano Murillo

La Paz-. Una orden oficial de Estados Unidos confirmó el aplazamiento para el próximo 9 de julio de la audiencia contra el exministro boliviano de Gobierno Arturo Murillo, informaron hoy medios locales de prensa.

La delegación boliviana y sus abogados recibieron la notificación de la Fiscalía la víspera después de que el acusado iniciara negociaciones con la justicia norteamericana, explicó a través de Bolivia Tv el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

Añadió que esa decisión resulta beneficiosa para este país sudamericano, porque Murillo reconoce el delito de soborno y lavado de dinero entre noviembre de 2019 y abril de 2020 por la compra de armamento bélico no letal con sobreprecio.

Chávez, quien viajó a territorio estadounidense para representar este lunes a su nación, aseguró que el exfuncionario ese mes de ampliación continuará detenido porque las autoridades estadounidenses necesariamente deben emitir una sentencia.

Simultáneamente la administración boliviana iniciará un proceso civil para la restitución de los activos objeto de lavado de dinero en un momento en que el país atravesaba una situación difícil por la pandemia del virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, reiteró.

El procurador descartó, según divulgó el diario Ahora el Pueblo, que el aplazamiento de la audiencia perjudique el trámite de extradición que comenzó Bolivia, pues aquel proceso es por soborno y lavado de dinero, en tanto en esta nación es por otros delitos.

‘Esperemos que la justicia norteamericana actué con mucha transparencia en este hecho’, declaró esta mañana a la propia televisora estatal el diputado boliviano Héctor Arce.

De acuerdo con las normas en Estados Unidos, cuando un acusado coopera en la investigación, tiene la posibilidad de reducir su pena, pero hay que aclarar que en este caso existe un delito aceptado, precisó.

La justicia de Washington detuvo el 26 de mayo a Murillo por los citados delitos, cometidos al comprar gases lacrimógenos para el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez y con implicación de la mayoría de los detenidos en ambos países.

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