agosto 1, 2021

La incesante búsqueda de justicia de Patricia Arce por los crímenes del golpismo en Bolivia

La senadora Patricia Arce fue la cara más visible del golpe de 2019, dadas las torturas públicas a las cuales fue sometida por una turba cuando aún era alcaldesa de Vinto. Con heridas curadas y otras por sanar, recordó esos tiempos en conversación con Sputnik y contó en qué se enfoca su actual labor parlamentaria.

Contra su voluntad, la senadora Patricia Arce se convirtió en la cara más visible de la violencia golpista desatada en noviembre de 2019. Las imágenes de ella supliciada y torturada recorrieron el mundo para dejar en claro el nivel de agresividad desatado contra quienes en ese entonces pertenecían al Movimiento Al Socialismo (MAS), en el marco de un evidente golpe de Estado que acabó con casi 14 años de Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

«Recordarlo hace que se me ponga la carne de gallina. Han sido momentos muy difíciles. El único delito que cometí fue defender mis principios, mis ideas; pensar diferente a esos que estaban tramando un golpe de Estado», dijo la senadora a Sputnik en su departamento, en la ciudad de Vinto.

Patricia Arce, en ese momento alcaldesa de Vinto, en Cochabamba (centro), fue golpeada, fustigada con alambres de púa, le cortaron el pelo, le echaron pintura roja, alcohol y gasolina, entre amenazas de que iban a quemarla viva. Era 6 de noviembre y en las calles maduraba el golpe que cuatro días más tarde rompería el orden constitucional de Bolivia, el cual se había sostenido desde 1982.

El calvario de Arce continuó con la imposición del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que se encargó de perseguir con policías y fiscales a la todavía alcaldesa. Pese a las presiones y amenazas concluyó su mandato el año pasado, días antes de que asumir como senadora.

Hoy, varios líderes opositores están cercados por la justicia, dada su participación en el golpe del 10 de noviembre de 2019. Aunque tienen un pie virtualmente tras las rejas, varios de ellos aún sostienen que Morales cometió «fraude» en las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuyo resultado (favorable al entonces presidente) desató protestas en cadena en todas las ciudades del país.

Tres semanas después, la Policía y el Ejército dejaron de obedecer a Morales. Así fue derrocado y forzado a abandonar el país.

«Jamás se comprobó que hubo fraude, como ellos habían manifestado. Lamentablemente, organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la cabeza con Luis Almagro, se han prestado a eso, para que haya muerte y dolor en nuestro país», reflexionó la senadora.

Recuerdo de aquel 6 de noviembre

«Ese día me encontraba en la Alcaldía, trabajando. Ya anteriormente habían venido los motoqueros mal llamados Resistencia Juvenil Cochala (RJC), porque solo han sido vándalos que han causado terror y miedo en nuestra población», consideró Arce.

«Ese día me han sacado de la oficina, han quemado el edificio municipal, me han golpeado, me han arrastrado hasta Quillacollo [municipio lindero]. Me han echado alcohol, gasolina, decían que me iban a prender fuego. Querían matarme», relató la senadora.

«Me golpearon con alamares punzocortantes, me cortaron el pelo… Realmente no quisiera que jamás suceda eso con ningún ser humano, porque nadie se lo merece. Lo único que yo había hecho era trabajar y demostrar mi trabajo con obras», contó Arce, quien no pudo contener las lágrimas mientras narraba.

«La verdad es muy duro para mí recordar esos momentos. Veía a los policías, que me miraban y no hacían nada, porque estaban totalmente parcializados. Dejaban que me sigan golpeando, me sigan maltratando», recordó.

Bajo el nuevo Gobierno golpista, se trató de que Arce renunciara a su cargo como alcaldesa. Pero a pesar de todo lo que le hicieron sufrir, se mantuvo firme.

«Siguió la persecución política, la persecución judicial, el amedrentamiento a mi casa. Incluso se entraron cuando estábamos festejando el cumpleaños de mi niño. A mi hijo menor lo llevaron a un centro de infractores. Lo tuvieron dos noches durmiendo ahí», dijo Arce.

Fue el 22 de abril de 2020, en plena cuarentena radical dictaminada por Áñez, para supuestamente evitar contagios de COVID-19: «Nos llevaron sin tener una orden judicial de allanamiento. Se entraron a mi casa los policías con la fiscal y nos llevaron detenidos», relató.

Durante el Gobierno de Áñez «he debido contar con más de 17 procesos judiciales», calculó la senadora. «Pero en ninguno han podido comprobar algún delito que haya cometido».

En esos tiempos, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, convocaba a los medios televisivos para amenazar públicamente con cárcel a quien se le pasara por la cabeza en ese momento. «El señor Murillo mandó a la prensa, mando a la Fiscalía, a la Contraloría, al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a avasallar la Alcaldía. Les abrí la puerta, pero jamás encontraron nada», afirmó.

«Adonde iba, el señor Murillo me amenazaba», recordó Arce. El exministro de Áñez está detenido desde mayo pasado en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y de participar en sobornos para la compra de material represivo no letal destinado a la Policía boliviana.

Agotadas las vías legales contra Arce, el Gobierno de facto continuó con operaciones encubiertas. La senadora contó que desconocidos «entraron a mi casa y envenenaron a mis perros. Tuvimos que salir de allí, porque no podíamos dormir. Acudimos a nuestros familiares y amigos para que nos resguarden», dijo.

«Durante todo ese tiempo hemos sufrido una real persecución y un dolor muy grande. Pero eso nos ha fortalecido como familia, como seres humanos. También nos ha fortalecido para seguir y buscar justicia para quienes han sido vulnerados en todos sus derechos», comentó la senadora, quien tiene 51 años y es madre de cinco jóvenes.

Tiempos del gobierno de facto

Arce recordó el fuerte componente racista que acarreaba el Gobierno de facto de Áñez: «Las personas que vivían en el campo no podían acceder a las ciudades. Si lo hacían, eran golpeadas, las mujeres de pollera eran amenazadas para que no salgan de sus casas. Decían que éramos indios y campesinos, que no teníamos derechos. Y eso no se podía soportar», aseguró.

«Realmente la vida de nosotros para ellos era nada», dijo la senadora al evocar la masacre de Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, cuando 10 campesinos venidos del Trópico de Cochabamba fueron asesinados por balas militares y policiales, según las investigaciones.

Desde que asumió la presidencia Luis Arce, en noviembre de 2020, el Gobierno avanzó en su compromiso de lograr justicia para las 37 personas asesinadas en diferentes masacres propiciadas por la gestión golpista.

Por este motivo, actualmente está presa Áñez, dos de sus exministros, varios exjerarcas de las Fuerzas Armadas y algunos civiles, que integraron la RJC. Las investigaciones continúan y se prevé que en los próximos días sean citados a declarar más políticos opositores, por sus nexos con la masiva vulneración de derechos originada con el derrocamiento de Morales.

«Ahora, cuando actuamos respetando el debido proceso para los detenidos, nos dicen que somos dictadores, que se está cometiendo abuso, que se está haciendo persecución política. Jamás vamos a permitir eso», dijo Arce.

«Porque nosotros hemos sido víctimas de persecución, también nuestras familias, nuestros hijos. Han sido momentos muy duros los que hemos vivido. Quisiera que de verdad haya justicia. Quienes han sido parte de este golpe tienen que pagar de acuerdo a nuestra normativa», afirmó.

Desde que cayó preso Murillo, la oposición boliviana no deja de desintegrarse, como un meteoro en contacto con la atmósfera. Abundan las acusaciones cruzadas entre opositores, las críticas y los desconocimientos: lo que sea con tal de salvar el pellejo de la prisión.

«Es lamentable que quienes han sido partícipes de todo esto ahora no se conozcan. Es lamentable también que los medios de comunicación de Bolivia no mencionen lo que ha pasado con Murillo, ni por qué lo han detenido», dijo la senadora.

Para ella, la cárcel del exministro demuestra que el Gobierno de facto «era un clan de delincuentes, que han entrado al Gobierno para saquear nuestro país. En 14 años nos ha costado mucho a nuestras hermanas y hermanos bolivianos salir de la pobreza», dijo en referencia a las cifras positivas de desarrollo logradas durante los mandatos de Morales.

«Vamos a denunciar al mundo entero lo que ha pasado en Bolivia, lo que han vulnerado nuestros derechos. Porque ni a un animal se arrastra como se ha arrastrado a Patricia Arce. Ni a un animal se le corta los cabellos como me han hecho, y me han pintado de rojo», comentó.

«Realmente es muy doloroso recordar todo esto. Pero tengo que decirles que Patricia Arce está firme y más firme todavía porque tiene principios e ideales. Y no voy a buscar venganza, pero sí justicia», sostuvo.

La necesaria reorganización de la justicia

La senadora, quien es abogada, integra las comisiones de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado. En sus meses como asambleísta, demostró una especial sensibilidad por los casos de violencia hacia las mujeres.

En días pasados, se apersonó con otras legisladoras en la Fiscalía de Cochabamba para conocer el avance de las investigaciones por feminicidios. En lo que va de 2021, fueron asesinadas 52 mujeres en todo el país, con énfasis en el departamento que representa. La senadora indicó que desde 2002 son 822 las muertes sin resolver en Bolivia.

«Estamos dando seguimiento a los juicios donde se observa retardación de justicia para las víctimas de feminicidios. Hemos podido ver que las víctimas han sido olvidadas por la justicia», dijo Arce.

«En algunos casos, el agresor está con medidas sustitutivas a la detención y convive en la misma casa con la agredida. Nuestro principal objetivo es que la justicia actúe de acuerdo a lo que dice la normativa», explicó.

Para la autoridad, hay un trasfondo que evidencia serias falencias en los encargados de administrar justicia. Lo mismo se pudo ver luego del golpe de 2019, cuando «la justicia ha sido un brazo operativo de los golpistas».

En este sentido, destacó: «No queremos que vuelva a suceder esto. Queremos que la justicia sea totalmente independiente. Sé que es un trabajo duro. Estamos en ese camino. Esperemos que al finalizar la gestión podamos decir que hemos ayudado a construir una justicia totalmente independiente».

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