octubre 19, 2021

El Acuerdo de Escazú y la búsqueda de justicia ecológica

Por Iván Zambrana Flores -.


El 22 de abril del presente año entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, llamado Acuerdo de Escazú, por la ciudad costarricense donde se adoptó el 4 de marzo de 2018.

Si bien este Acuerdo abre oportunidades de desarrollo normativo para Bolivia y los países latinoamericanos, también plantea diferentes preguntas sobre cómo desarrollar su aplicación. Para esto es importante comprender el contexto de su elaboración y ratificación, sus limitaciones actuales y los desafíos que tenemos quienes valoramos la profundización de la justicia ecológica.

Negociación final

El Acuerdo se origina en la adopción del Principio 10 en la Cumbre de Río de 1992, aunque su negociación recién empieza en 2015 en gran medida con el impulso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del valor del tema es necesario indicar que durante varios años no se le dedicó la atención necesaria a la negociación del texto, los Estados mandaban generalmente representantes sin poder de decisión, por lo que la discusión se fue dilatando por más de tres años de reuniones.

En la cita en la que finalmente se cerró el texto, solamente Bolivia envió una representación de alto nivel a la cabeza de una Viceministra, y quizá esto permitió al país hacer compromisos ambiciosos e instar a que los demás países los hagan. Tanto así que en las negociaciones finales surgió una cierta preocupación por una “aprobación prematura” de países como Colombia y Chile. Casualmente, el primero con una larga historia de violación de los Derechos Humanos de luchadores sociales incluyendo los ambientales, y el segundo, igual con extenso prontuario de abusos en especial contra el pueblo Mapuche, a pesar de ser vicepresidente de dicha cita.

Entre los asistentes se rumoreaba que Chile deseaba retrasar la aprobación para hacerla en Santiago, en la siguiente reunión. Pero la historia reciente lleva a pensar que en realidad había preocupación sobre lo que representaba generar oportunidades de acceso a la información, participación y justicia para la ciudadanía, en especial en países con una tradición de democracia liberal representativa muy estrecha, como son Colombia y Chile. Tanto así que hasta ahora ambos han rehusado ratificar el Acuerdo de Escazú, a pesar de fuertes presiones sociales internas manifestadas en las demandas de sus respectivos levantamientos populares recientes.

Limitaciones del Acuerdo

Al final, el Acuerdo fue negociado por casi todos los países de la Región, pero solo entrará en vigencia para aquellos que lo ratificaron. Esto significa que, aunque el documento representa un tímido mínimo común denominador entre Estados con posicionamientos diversos y problemáticas distintas, los gobiernos de los países donde el Acuerdo de Escazú es más relevante no han tenido la voluntad política para someterse a su más bien blanda jurisdicción.

No es casualidad que otros países, igualmente con gobiernos de derecha, como Perú y Brasil, se sumen a Colombia y Chile en calidad de “retardadores” del progreso normativo regional en temas ambientales. Por otro lado, es importante recordar que fueron, en realidad, los cambios de orientación política de países como Argentina y México los que posibilitaron finalmente con sus ratificaciones que el Acuerdo de Escazú entre en vigor este año, en el Día Internacional de la Madre Tierra.

Por su parte, Bolivia se convirtió en el segundo país en ratificar el Acuerdo, gracias al compromiso político demostrado enviando una delegación de alto nivel a las fases finales, pero además al trabajo interinstitucional desarrollado con la Cancillería, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Agroambiental e inclusive la Defensoría del Pueblo, quienes laboraron a la cabeza del Viceministerio de Medio Ambiente para lograr que se expedite el proceso de ratificación del Acuerdo y el depósito del instrumento correspondiente, es decir, la Ley No. 1.182.

Se ha criticado mucho al Gobierno boliviano por su desempeño frente a los conflictos socio-ecológicos, y razones justificadas existen. Sin embargo, acciones como esta demuestran el verdadero compromiso del Estado en profundizar la justicia ecológica a partir de la Constitución de 2009 y sus principios.

Escazú sí, pero ¿cómo?

Este Acuerdo, que es el primer instrumento multilateral ambiental establecido en nuestra América, brinda muchas oportunidades para profundizar la transparencia, la participación y la justicia como tres pilares de la democracia ambiental/ecológica. Pero cuánto se logre avanzar dependerá del tipo de democracia por el que luchen los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

Si bien la hoja de ruta está planteada para poder brindar lineamientos de “acceso” a esos pilares, lo hace desde un enfoque de democracia tradicional liberal, donde las sociedades pueden fiscalizar a sus representantes, pero por la misma razón adolece de numerosos vacíos que tendrán que ser llenados con arreglos institucionales de los países, y candados que deberán ser superados a partir de los avances político-institucionales de estos. Estos vientos ya se están materializando en hitos regionales, como la reciente elección presidencial de Perú y la próxima realización de la Convención Constituyente de Chile, donde la recuperación de los recursos naturales y la restauración de los sistemas de vida degradados por el capitalismo salvaje se han constituido en demandas principales de ambos procesos revolucionarios.

El Acuerdo de Escazú no debe ser entendido como el fin (ni como el principio) de una lucha que duró y durará mucho tiempo todavía. Más bien, debe servirnos como referencia mínima para avanzar hacia la consolidación de mecanismos de democracia cada vez más participativa y directa que permitan hacer de las luchas ambientales una vertiente más de los procesos revolucionarios que necesita la Región. La información no es solo un recurso de fiscalización, sino un instrumento de gestión, en que la participación no significa presenciar las decisiones de desarrollo, sino incidir en ellas constructivamente, y donde la búsqueda de justicia ecológica deja de recaer en los hombros de defensores ambientales individuales, y más bien se convierte en factor fundamental para la construcción de comunidad.

  • Especialista en ecología política y cambio climático, miembro del Comando Madre Tierra.

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