septiembre 16, 2021

Estrategias políticas y jurídicas


Por La Época-.


En las últimas semanas el Ministerio Público ha procedido a la aprehensión de varias ex altas autoridades militares dentro del proceso penal ordinario por las masacres de Sacaba y Senkata, donde la represión ordenada por el gobierno de Áñez provocó la muerte de más de una treintena de personas, dejando otra decena de personas heridas y un número apreciable de campesinos detenidos. A la mayor parte de los aprehendidos se les ha dado en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva.

Inmediatamente los políticos de la oposición (dirigentes de partidos y organizaciones cívicas), sus aparatos mediáticos y sus disciplinados analistas, no han dejado de calificar de persecución política a las acciones que adopta el Ministerio Público en este y otros casos abiertos por los delitos cometidos antes y después de la instalación del gobierno inconstitucional e ilegítimo de Áñez, y de atribuirle al gobierno de Luis Arce estar detrás de cada uno de estos casos.

Es evidente que existen sobradas pruebas de los delitos que se cometieron en las distintas etapas del golpe de Estado de 2019 y durante el año que duró el régimen de facto. Y como establece nuestro sistema jurídico, hay autoridades que deberán enfrentar juicios de responsabilidad por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Tantas pruebas como autores intelectuales y materiales de esos delitos. De eso no tienen duda, aún los que pueden tener una posición política distinta a los que ahora conducen el timón del Estado Plurinacional.

El peligro es, sin embargo, que en cada uno de los casos existan tantos involucrados que el proceso penal no avance en los tiempos razonables y establecidos por ley, lo que ciertamente puede llevar a un escenario similar a los casos “terrorismo I y II”, que no llegaron a la fase de la sentencia después de 10 años. A pesar de que se disponía de elementos probatorios de que en 2008 y 2009 el presidente Evo Morales enfrentó un proyecto terrorista impulsado por fracciones no democráticas de la derecha, los casos no avanzaron debido a las triquiñuelas (incidentes y otros medidas) presentadas por las partes afectadas. Y entonces es evidente que la estrategia jurídica falló, lo que fue utilizado por los golpistas para cerrar los casos “de un plumazo”.

Y es aquí donde se confrontan las estrategias jurídicas con las estrategias políticas, y que corresponde asimismo a las distintas potestades y facultades de los órganos del Estado. La resolución no es fácil ni la advertencia de los riesgos visible. Un caso puede arrancar con bombos y platillo como señal de “no impunidad”, pero su desarrollo puede conducir a donde no se quiere llegar, es decir, a provocar “impunidad”. Tampoco se puede descartar que una saturación de medidas procesales, como la aprehensión, puede estar hecha precisamente con la intención oculta de que el caso se entrampe. Hay suficientes evidencias como para no confiar en la Justicia.

De ahí que la otra perspectiva, que no niega la anterior, sea más bien priorizar la estrategia política, pero no en sentido de fabricar responsables y pruebas de la comisión de determinados delitos, sino de optar por mecanismos propios de la política para “castigar” a los que actuaron contra la Constitución Política del Estado (CPE) y la voluntad de las mayorías. Una de esas formas es el veredicto popular en las elecciones, como ya ocurrió el 18 de octubre de 2020, cuando el soberano decidió votar en más de un 55% por el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) y “castigar” a la derecha que, aunque unida, no habría podido evitar su derrota política.

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