septiembre 20, 2021

Es un hecho: no hubo fraude en 2019

Por José Galindo * -.


El “fraude monumental” que denunciara con tanta seguridad a finales de 2019 el entonces candidato Carlos Mesa ha sido desmentido nuevamente por un peritaje que despeja toda duda respecto a las supuestas “irregularidades” anotadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Informe Preliminar del 10 de noviembre de aquel año aciago, y que luego precipitaron una crisis política que terminó resolviéndose mediante un golpe de Estado, con sus consecuentes violaciones a los Derechos Humanos, masacres incluidas. El hecho, como no podía ser de otra forma, ha provocado reacciones que van desde el negacionismo hasta el redireccionamiento inexplicable hacia la figura de Evo Morales, de quien sospechan la intención de asumir la presidencia tan pronto como sea posible respaldado por las revelaciones recientes.

La constatación de que no hubo tal fraude electoral en octubre de 2019 deja pendiente solamente un problema: ¿cómo se explica, entonces, un año de gobierno “pitita”? Fuera del golpe de Estado, resta ensayar otras respuestas. La credibilidad de la OEA, por otra parte, parece sufrir, con esto, un daño irreparable para una reputación que nunca fue del todo incuestionable.

Las víctimas

La primera consecuencia de la serie de conclusiones del peritaje elaborado por el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, fue el sobreseimiento del caso que se abrió durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, por el cual fueron arrestados todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como de algunas cortes departamentales, incluso antes de que fueran imputados formalmente. Quedan liberados de todo cargo, por lo tanto, estas víctimas que hoy reclaman resarcimiento por los daños morales y materiales sostenidos en más de un año de privación de libertad, retención de bienes y mella a su dignidad humana.

Quedan grabadas en las retinas de los televidentes de aquellos días las imágenes de los policías ingresando a los domicilios de las autoridades electorales, incluso a través de sus muros con ayuda de escaleras, acompañados por una fuerte cobertura mediática que enfocó sus cámaras sobre ellos como si de delincuentes comunes se tratara. María Eugenia Choque, entonces presidenta del TSE, fue arrestada de esa manera, al igual que Antonio Costas, y todos sus colegas. Dicho trato no fue objetado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, que sí se pronunció en contra de la detención de la expresidenta Áñez, por otra parte; omisión que no fue interrumpida ni siquiera cuando Marianela Revollo, exvocal departamental que estuvo recluida en un penal de mujeres y después con detención domiciliaria, falleciera por causas todavía no reveladas públicamente por su familia, pero, en todo caso, en condición de imputada.

Dichos vocales no fueron, por supuesto, las únicas víctimas de la denuncia anticipada de fraude hecha por la OEA, pero sí los principales sospechosos de haber coludido con tal crimen en contra de la democracia. Además de ellos se encuentran otras víctimas, como exautoridades del gobierno de Morales, cuyos hogares y familias fueron atacados por turbas de protestantes antimasistas iracundos; simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que salieron a protestar a las calles por la designación de Áñez como presidenta sin cumplir con todos los rigores impuestos por la Constitución, muchos de los cuales fueron arrestados, torturados e incluso asesinados en las masacres de Sacaba y Senkata; el propio Evo Morales, cuyo resultado favorable le fue desconocido por la misión observadora gestionada por Luis Almagro, secretario general de la OEA; y claro, la democracia boliviana, interrumpida por más de un año de gobierno “pitita” que jamás ganó una elección.

No obstante, el anti-masismo, y sobre todo el anti-evismo, ejercen una fuerte influencia sobre amplios sectores de la sociedad boliviana que, a pesar de las pruebas que se han ido acumulando desde finales de 2019 hasta ahora para desmentir el supuesto “fraude monumental”, todavía se niegan a aceptar que el derrocamiento de Morales fue, ante todo, un hecho ilegítimo, pero también ilegal. La lista de negacionistas está encabezada, obviamente, por los principales promotores del golpismo: Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, Óscar Ortiz y Tuto Quiroga, entre muchos otros miembros del movimiento que pronto fuera denominado, ahora peyorativamente, “pitita”. Todos líderes, debe notarse, provenientes de diversas corrientes políticas e ideológicas, pero carente de matices en cuanto a su reacción frente a las nuevas evidencias.

Los responsables

Luis Fernando Camacho, actual gobernador del departamento de Santa Cruz, se ha comprometido con agotar todas las vías legales nacionales e internacionales para evitar que se cierre el caso fraude electoral, pero sin descalificar de antemano las conclusiones del informe del equipo de la Fundación Salamanca, reconociendo que dicho trabajo sí atinó al señalar que hubo un “manejo negligente de sistema”, pero sin aceptar por ello el resto de los hallazgos reportados esta semana.

Camacho se ha hecho fama de líder fuerte desde noviembre de 2019, al extremo de haber reconocido que en los acontecimientos que condujeron al derrocamiento de Morales desempeñó un rol fundamental su padre, de quien dijo, en una grabación y sin ningún tipo de rubor, que cerró un trato con los militares y policías para que dejaran pasar a los protestantes dirigidos por él con la intención de acabar con el gobierno de Morales. Es decir, admitió haber coordinado con las Fuerzas Armadas y la Policía acciones que derivaron en la renuncia de un presidente elegido constitucionalmente. La defensa de uno de los militares arrestados por participar en el derrocamiento de Morales exigió que Camacho declare para desvirtuar un posible golpe de Estado, justamente a partir de la grabación en cuestión.

Carlos Mesa, a quien le gusta presentarse como un moderado liberal cercano a las clases medias cultas de la urbe paceña, tampoco guardó silencio frente a la pericia solicitada por la Fiscalía General del Estado, aunque su respuesta fue, en todo caso, más sofisticada que la del gobernador cruceño: “Se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico de datos a una red que estaba fuera del control del personal técnico del TSE. Esa red paralela, permitió la manipulación de datos, suplantación de actas y otras maniobras irregulares”. Aseveraciones difíciles de malinterpretar, pero que no fueron sustentadas en casi un año y medio desde que se denunciara el “fraude monumental”, justamente por el partido que lidera, Comunidad Ciudadana (CC). Se esforzó por despejar cualquier duda, eso sí, de que la transición política que aterrizó el poder en Áñez fue “constitucional” y que la anulación de los “comicios cuestionados” tiene su respaldo legal en la Ley 1266 del 24 de noviembre de 2019.

Y aunque sin gozar de la relevancia política que tienen los dos personajes precedentes, las palabras de Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí, pueden ayudar a entender el porqué de la insistencia Mesa en la legitimidad de la transición que hizo de Áñez una presidenta constitucionalmente cuestionable y la anulación de las elecciones de octubre de 2019: “El informe que presentó tiene un fin, el de lavar la imagen de Evo Morales”, revelando que lo que asusta a muchos políticos de oposición es que, en vista de que no se pudo comprobar dicho fraude, Morales pueda reclamar una presidencia que, de hecho, sí había ganado.

Por su parte, Jorge “Tuto” Quiroga cuestionó a través de su cuenta Twitter: “…Evo destituyó al TSE, anuló fraude y convocó nuevas elecciones. Después huyó. Si no hubo fraude ¿por qué Evo anuló su ‘victoria’?”. Omite el secuestro de familiares de los presidentes de Diputados y Senadores y el motín policial dos días antes de la dimisión del expresidente.

Óscar Ortiz no se pronunció hasta el cierre de esta edición.

Tanto Camacho, como Mesa y Quiroga, no solo impulsaron las protestas que conmocionaron al gobierno masista tras las elecciones, sino que participaron activamente en la elección de la sucesora de Morales, sin contar con autoridad alguna ni cargo representativo. Doble responsabilidad por la cual todavía no han rendido cuentas. Pero si hay un responsable por la crisis que soportó el pueblo boliviano durante más de un año, y particularmente por esos días, ese es Luis Almagro.

¿Pedirá disculpas la OEA?

Las conclusiones de la pericia elaborada por solicitud de la Fiscalía General del Estado hilan fino sobre lo que ya advertían otros trabajos que ponían en duda la labor realizada por la OEA, plasmada en un Informe Preliminar que terminó empujando a los detractores de Morales hacia las calles para pedir su renuncia. Concretamente: la refutación final y definitiva que el uso de dos servidores externos haya implicado la manipulación de datos y manejo de actas para favorecer a Morales y su partido. De hecho, las refutaciones al trabajo de la OEA, basadas sobre todo en observaciones hechas al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fueron muchas y tempranas, y van desde la puesta en duda de la imparcialidad con la que actuó el organismo internacional en esos días de crisis hasta el modelo estadístico que utilizó para analizar las variaciones en la tendencia del voto. Es decir, impugnaciones tanto técnicas como políticas.

Comenzando por el informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), publicado el 6 de diciembre de 2019, que cuestiona en principio, que no parece razonable sostener una acusación de fraude sobre un sistema de conteo no oficial como el TREP, sin capacidad de efecto vinculante alguno, y señala una serie de omisiones en las que incurre la OEA, como por ejemplo: a) No señalar que el TREP jamás se propuso transmitir el 100% de los resultados, sino apenas entre el 80% y el 90% (se detuvo en el 83%); b) El TREP no estaba diseñado para contar con cuatro mil 558 mesas que representaban poco más del 5% del electorado; c) Era la primera vez que se utilizaba dicha tecnología, lo que abría la posibilidad de errores pero en un sistema sin efecto legal; d) Que de darse problemas con el TREP el responsable era la firma Neotec y no el TSE, máximo responsable del proceso electoral pero no de la transmisión de datos; y e) Que el gerente de Neotec era un conocido simpatizante del partido de Carlos Mesa.

Le sigue a este informe el presentado por el Centro para la Investigación en Política Económica (CEPR), publicado en marzo de 2020 y titulado Observando a los observadores: la OEA en las elecciones bolivianas de 2019, elaborado por Jake Johnston y David Rosnick. Su trabajo advierte que al menos tres declaraciones falsas del Secretario de la OEA jugaron un rol significativo en la renuncia de Morales, señalando cinco hallazgos: a) El reporte final (de la OEA) está basado en análisis estadísticos equivocados y asunciones incorrectas; b) El reporte final entierra u omite de plano los resultados de los ejercicios de verificación a pesar de ser altamente relevantes; c) El reporte final no presenta evidencia que señale la manipulación de los resultados electorales; d) El reporte final no presenta evidencia que indique que los problemas con el TREP, reales o asumidos, comprometan el cómputo o que el mismo fuera alterado fraudulentamente; y e) El reporte final falla en proporcionar claridad en torno a la detención del TREP y, como resultado, perpetúa una falsa narrativa de fraude.

Y, finalmente, un informe desarrollado por investigadores independientes a partir de datos obtenidos por el reconocido periódico The New York Times, que, en suma, demostró que los resultados de tanto el informe preliminar como final de la OEA se deben más a errores estadísticos y de método y que omiten datos relevantes: ruralidad y región. Como señalan en sus conclusiones: “La OEA, políticos bolivianos, e investigadores académicos, señalaron los votos contados tardíamente como una señal de fraude en las elecciones presidenciales de Bolivia en octubre de 2019, con consecuencias políticas dramáticas. Nosotros encontramos, en cambio, que podemos explicar el cambio a favor del oficialismo en cuanto a su porción de votos sin invocar fraude. La mayor parte del cambio se debe a solo dos características observables de los recintos electorales: región y ruralidad. Y lo que parecía un incremento de ruptura de último momento a favor del oficialismo –que la OEA presentó como señal de mala praxis electoral– era de hecho un artefacto de errores metodológicos y de codificación”.

No obstante, a pesar de todos los errores señalados ya antes de la pericia última, debe anotarse, como señala Natalia Saltalamacchia Ziccardi en su análisis La OEA en la Elección Presidencial de Bolivia: Problemas de Credibilidad, para la Fundación Carolina, que además de cuestionamientos técnicos, la participación de la OEA en la crisis poselectoral de 2019 fue sobre todo un ejercicio de estadístico apresurado (ya tenían un informe preliminar incluso dos días antes de que se concluyera con el cómputo oficial, primero recomendando una segunda vuelta y luego una anulación plena de las elecciones), basado en supuestos cuestionables, sin esgrimir que el principio de que toda elección debe presumirse como válida hasta que se demuestre lo contrario.

Ahora bien, si queda patente que no hubo fraude ¿cómo explicar el cambio de gobierno sino a través de la figura de golpe de Estado? Mientras tanto, la verdad está ahí disponible para quien quiera leerla.


  • Cientista político.

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