septiembre 28, 2021

La receta de continuación golpista. Conflicto por la tierra y el nuevo enemigo interno


Por Carla Espósito Guevara * -.


Muchos pensaron que la derecha había sido derrotada en las elecciones nacionales de octubre pasado cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó con el 55%. No obstante, las elecciones municipales señalaron otro panorama, la fracción liberal de la derecha, representada por Mesa, en efecto casi desaparece del escenario político a no ser por la representación parlamentaria que mantiene como resultado de aquellas elecciones generales; pero la derecha más radical, aquella afincada en el Oriente, representada por Camacho, sigue vigente y ganó importantes plazas locales, desde donde plantea emprender un nuevo periodo de conflictividad. Tal como dijo el propio Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, ellos descubrieron la receta de cómo sacar al MAS del gobierno “y esa receta hay que continuarla”.

La forma en que lo harán la dejaron clara en la cumbre de la tierra auspiciada por la gobernación de Santa Cruz. En ella los gremios empresariales plantearon una suerte doctrina Monroe oriental: la tierra es para los cambas, que tiene fundamento en el proyecto de acumulación de la oligarquía cruceña, cuyas actividades fundamentales, basadas en la agroindustria de la soya y la ganadería, requieren garantizar la propiedad y control de grandes extensiones de tierra. Es decir, el fundamento es su proyecto de clase, pero este también supone un proyecto regional con peligrosos componentes separatistas.

Este nuevo lineamiento de la derecha oligárquica respecto a la tierra supone otro elemento como es la construcción de una nueva narrativa que legitima su propiedad sobre la tierra. Uno de sus tópicos es la construcción de un nuevo enemigo interno: el campesino intercultural, calificado como avasallador, cuyas actividades estarían en contra de la ecología y serían opuestas a las de la agroindustria que ellos califican como “sostenibles”. Recordemos que ya desde los cabildos de 2019 se atribuye a los campesinos interculturales los incendios de la Chiquitania.

El discurso religioso, con sus respectivas satanizaciones, es otro recurso que utiliza la oligarquía cruceña para legitimar su derecho a la tierra. Basta recordar la memorable alocución formulada por Andrea Vaca en el cabildo del 4 de octubre, quien, evocando a Dios, sacralizó la propiedad cruceña sobre la tierra y satanizó a los campesinos migrantes con estas palabras: “El verde de tu bosque y el blanco de tu espíritu han sido mancillados con mano criminal que ambicionaron tus tierras, quieren quitarte el suelo para sembrar la muerte y también la maldad […]. Dios, te hará nuevamente florecer y la mano asesina que destruyó tu flora, que acabó con tu flora y tu fauna, recibirá el castigo”. Tres días después, sin ningún estudio previo y atribuyéndose competencias que no son suyas, los cívicos cruceños activaron comisiones al margen de la ley para el desalojo de los asentamientos que calificaron como ilegales en la Chiquitania. Esto último fue frenado por el desarrollo del golpe, pero acaba siendo retomado en la cumbre de la tierra, donde el discurso anti-campesino adoptó un lenguaje jurídico.

Esta narrativa del avasallamiento de Occidente posiciona a las élites empresariales como protectoras de los indígenas de tierras bajas, “sus indígenas”, a quienes enfrentan discursivamente con los indígenas de Occidente, borrando la historia de acaparamientos de tierra por parte de la oligarquía latifundista cruceña que, en un pasado no muy lejano, incluso esclavizó mano indígena local.

El conflicto por la tierra tiene raíces que se remontan a los años 90, cuando se formó el latifundismo especulativo; luego vino la introducción del cultivo de la soya y posteriormente la gestión de titulaciones de tierras del MAS, en la que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) incurrió, por un lado, en legalización de enormes extensiones tierras de grandes empresarios, quienes utilizaron familiares, testaferros y palos blancos, al amparo de la política de concesiones a la agroindustria que el propio Gobierno fomentó desde 2011; y por otro, en el proyecto de crear un empresariado indígena agropecuario mediano, que condujo a otro conjunto de legalizaciones, muchas mediadas políticamente, según explican las investigaciones del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), que responden a otro proyecto de clase que se enfrenta al de la oligarquía.
Aquí es donde se incuba una nueva y peligrosa ola de conflictos, con componentes separatistas, que promete continuar la receta golpista probada en 2019 y cuenta con el apoyo de los comités cívicos.


* Socióloga.

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