septiembre 28, 2021

Fuerzas Armadas: ¿gasto absurdo?


Por Óscar Silva Flores * -.


La historia de Bolivia está colmada de acciones militares que, en lugar de contribuir a la consolidación de la nación y la democracia, fueron en su contra. Las acciones de las gloriosas Fuerzas Armadas bolivianas, las acciones heroicas en conflictos internacionales, se reducen a hechos anecdóticos poco trascedentes. No solo golpes de Estado, sino masacres sangrientas de bolivianos indefensos, en el campo y en las ciudades, son los mayores aportes de la institución armada, que vive y medra de los recursos del Estado, retribuyendo poco o nada a su pueblo.

¿Qué función cumplen las Fuerzas Armadas en un país pequeño y de escasos recursos como el nuestro? La Constitución Política del Estado (CPE) en su Artículo 244 establece como misión fundamental de esta institución estatal la defensa y conservación de la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, el honor y la soberanía del país, además de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido.

Hay dos posibilidades para entender el párrafo anterior: o la Constitución fue redactada con desconocimiento de la realidad y la historia militar en Bolivia o simplemente la institución incumple la Constitución, lo cual desde luego sería muy grave.

Hace algo más de un año, en plena euforia golpista, en esta misma columna (“¿Es posible imaginar un estado sin militares?”, 27-05-2020) referí que existían países que ya no contaban con fuerzas militares y que los importantes recursos que son destinados a su mantención (salarios, jubilaciones de privilegio, uniformes, alimentación y una larga lista de etcéteras) habían sido dirigidos a sectores más sensibles como la educación y la salud. Entonces, como ahora, no encuentro razón para no abrir un amplio debate sobre este tema, considerado por muchos políticos como tabú.

En democracia es fundamental plantearse el análisis y la toma de acciones sobre distintas instituciones que hacen a la vida de un Estado. El poder judicial, el sistema de salud, son permanentemente objeto de críticas y de pedidos de una profunda reforma y se debe plantear dicha exigencia social como un imperativo para los administradores del Estado. Cada uno tiene sus particularidades, pero no pueden ser postergados de manera indefinida.

Junto a ellos, la reforma de quienes manejan el aparato represivo del Estado es también un imperativo, mucho más a la luz de lo sucedido en noviembre de 2019, que ha vuelto a poner en la mesa del debate el rol que juegan la Policía, por un lado, pero fundamentalmente las Fuerzas Armadas.

Desde aspectos estrictamente de forma, como la ubicación de los recintos cuartelarios en pleno centro de las principales ciudades del país, cuando debemos suponer que su actividad primordial debiera estar asentada en las fronteras, por razones totalmente obvias. El funcionamiento de centros educativos exclusivos para militares o hijos de ellos, o en su caso, como forma de negocios educativos, cuando esa función no corresponde precisamente a esta institución. Su participación en empresas de servicio u otras, salvo alguna excepción, ha sido desastrosa, basta recordar la historia de la Empresa de Construcción del Ejército (ECE) o de Transportes Aéreos Militares (TAM), para solo citar dos.

Otro tema que debe ser analizado es si la cantidad de efectivos es la adecuada, si la división clasista entre oficiales y suboficiales y clases no es discriminatoria y atenta contra los derechos fundamentales de las personas. También habrá que preguntarnos la utilidad del servicio militar obligatorio, en función al costo beneficio; así como el servicio premilitar.

Despejándonos de prejuicios, pero en apego a la historia boliviana y al aporte que todas nuestras instituciones le deben al país, tenemos la obligación de preguntarnos si el mantener unas Fuerzas Armadas en las condiciones actuales no es un gasto absurdo, pero además peligroso para la democracia y la paz de los bolivianos.


*       Periodista y abogado.

 

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