septiembre 17, 2021

La CIDH y la estabilidad democrática


Por La Época-.


No cabe duda que la oposición política y mediática no pierden la oportunidad para tratar de definir la agenda política del país. A manera de continuar la disputa de sentidos, que es uno de los elementos centrales de la Guerra de Cuarta Generación, las declaraciones sobre un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a que la reelección indefinida no es un derecho humano, muestran la imposibilidad como bloque opositor de salir de posiciones reactivas, la mayor parte de ellas irracionales, y de proponerle a Bolivia una línea programática para encarar los efectos de la pandemia en todos los campos.

El expresidente Carlos Mesa, a pesar de la pose de seriedad con la que emite sus criterios, no ha escapado a esa lógica. Antes de cerciorarse de que ese informe que circula por las redes fuera oficial, el historiador sugirió abrirle un proceso a Evo Morales por su “ilegal” postulación en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y también de enjuiciar a los que promovieron y dictaron la sentencia constitucional que habilitaba al líder indígena para tales comicios.

Las reacciones irracionales han sido advertidas por el exalcalde de la ciudad de La Paz, Juan del Granado, quien afirmó que, cuando de ser oficial un comunicado de la CIDH, este no es una sentencia sino una respuesta a una opinión consultiva. Y claro que tiene lógica la interpretación del exmáximo dirigente del Movimiento Sin Miedo (MSM), nada oficialista por cierto, pues de lo contrario el organismo del sistema interamericano de Derechos Humanos se convertiría en un factor de desestabilización de la democracia en la Región. No hay que olvidar que esa opinión consultiva fue presentada por el gobierno de Iván Duque de Colombia días antes de las elecciones de octubre de 2019 y que fue tratada por sus vocales recién hace unos meses. Solo imaginarse que la declaración de la Corte sea un fallo, es decir, de cumplimiento obligatorio y con carácter retroactivo, las frágiles democracias en América Latina estarían caminando sobre brasas muy calientes. El comunicado de la CIDH tendrá, sin embargo, un peso en adelante.

Por otra parte, no se puede omitir en el análisis que, tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, le correspondió a la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionar el 24 de noviembre la Ley 1266 (de excepción y transitoria), que en su Artículo 19, Parágrafo II, sostiene textualmente: “Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los dos periodos constitucionales anteriores, no podrán postularse como candidatos al mismo cargo electivo”.

Por tanto, más allá de que comunicados como el de la CIDH le dan argumentos a la oposición para seguir trabajando en las líneas del fraude y la sucesión constitucional, no le sirven para acumular fuerza pues se trata de un eje discursivo que no le es eficaz al momento de enfrentar desafíos electorales, aunque, hay que admitir, sí para impulsar medidas no democráticas.

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