septiembre 27, 2021

El desgaste de la OEA y la doctrina de los “golpes buenos”

Por José Galindo *-.


Los cuestionamientos que recientemente han expresado varios mandatarios latinoamericanos a la Organización de Estados Americanos (OEA) son el resultado de la incapacidad de este organismo internacional para promover la democracia y la estabilidad política en la Región, a pesar de la firma de la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2001. Cada vez son más las voces que se preguntan ¿para qué sirve, entonces, la OEA?, y muchas más las que piden su reemplazo o su simple disolución. Nuevos tiempos parecen estar a la vuelta de la esquina, en los que la política estadounidense de “América para los americanos” no será tan dócilmente aceptada por los pueblos de este continente.

En las últimas dos décadas, el orden constitucional de casi todos los países de la Región se vio interrumpido de una forma u otra, mientras el desempeño de la OEA en cada una de estas crisis se ha revelado como ambivalente e incluso condicionado por lo que algunos denuncian como una “inclinación americanista” a veces abierta, otras disimulada, dependiendo de la acción de sus diferentes secretarios generales, aunque siempre condicionada por la influencia de los Estados Unidos en su Concejo. La tendencia más preocupante que se advierte en tales intervenciones del organismo en las crisis políticas que atraviesan los Estados latinoamericanos es la posibilidad de establecer una doctrina de los “golpes buenos”, lo que tendría consecuencias negativas para la Región en el futuro.

¿Por qué está en crisis la OEA?

Aunque numerosos analistas han interpretado la actual crisis de legitimidad de la OEA como una consecuencia directa de la reemergencia de gobiernos izquierdistas y progresistas en el subcontinente, la inestabilidad y ciclos de protesta que se han generalizado parece ser la otra cara de una misma moneda que no es reconocida por dichas evaluaciones. En otras palabras, la OEA no solo no está cumpliendo con su función de promover la paz y la democracia en la Región, sino que muchas veces se presenta como un factor que agudiza los problemas de por sí ya graves que los Estados latinoamericanos llevan atravesando periódicamente desde hace décadas.

Su desempeño para orientar procesos de diálogo y reconciliación nacional se ha visto habitualmente empañado por la postura que adoptan las disímiles administraciones estadounidenses hacia los gobiernos de esta parte del Hemisferio. Tal como se ha indicado en otros espacios de análisis e información, como el canal de YouTube “Ahí les Va”, las declaraciones del organismo en contra o a favor de un gobierno varían sustantivamente a pesar de la similitud de las circunstancias de cada caso: manifestaciones de protesta social en Chile a finales de 2019 y Colombia a mediados de este año fueron subestimadas por el Concejo de la OEA a tiempo que se otorgaba respaldo a sus gobiernos, mientras que los mismos ciclos de protesta atravesados por Venezuela a finales de 2018 y Bolivia a finales de 2019 eran encarados con la descalificación de los gobernantes o la advertencia de estar siendo vigilados en su respeto por los derechos políticos de los manifestantes. No se trata de un viraje reciente en la política de esta organización multilateral. Desde 2009, cuatro gobiernos latinoamericanos fueron depuestos inconstitucionalmente en circunstancias diversas, sin que la OEA haya sido capaz de conducir cada uno de estos episodios de turbulencia hacia puertos más conciliadores.

En junio de 2009, un golpe de Estado derrocó al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya con complicidad del Ejército y miembros del Congreso de la nación centroamericana. Aunque la OEA inicialmente expulsó a Honduras de la organización, el país fue readmitido tempranamente dos años después, sin que se resolvieran los casos de violación de Derechos Humanos ni se restaurara la estabilidad política allí.

En junio de 2012, Fernando Lugo, presidente del Paraguay, también fue expulsado del poder mediante una destitución congresal que incumplía con los requerimientos constitucionales de su Estado. La influencia de lobistas provenientes del mundo empresarial e incluso criminal no fue objetada por la OEA en aquel entonces, debido a que la transición, a pesar de no ser “legal” en términos absolutos, no se dio bajo la forma de un golpe de Estado clásico.

En agosto de 2016, Dilma Rousseff igual fue víctima de un “impeachment” que interrumpió su mandato en Brasil sin que se demostrara la culpabilidad por los cargos que era acusada por el Parlamento, de tomar préstamos de bancos públicos para tapar agujeros en las cuentas públicas de esa nación. Aunque la OEA se pronunció en contra de la destitución por carecer de fundamentos legales sólidos, no tardó en aceptar el veredicto congresal con el apoyo de los gobiernos de Chile, Colombia y Perú.

El punto de quiebre, no obstante, se dio con el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, a través de un golpe de Estado ejecutado en términos clásicos, con asistencia del Ejército y la Policía Nacional. Durante esta crisis política la OEA no solo actuó pasivamente, sino que se sumó como factor de inestabilidad al realizar pronunciamientos apresurados y contradictorios con su Misión de Observación Electoral, que pidió primero una segunda vuelta antes de mostrar los resultados de su informe preliminar, y luego nuevas elecciones bajo indicios de supuesto fraude que nunca fueron demostrados. El jefe de dicha misión, Arturo Espinoza, era, de hecho, un declarado crítico del gobierno de Morales, lo que constató la falta de imparcialidad del organismo durante la crisis.

De esta forma, queda demostrado que la OEA ha sido incapaz de resguardar la democracia y defender los Derechos Humanos y políticos en la Región, a pesar del mandato explícito de la Carta Democrática Interamericana. Incapacidad a la que debe añadirse el agravante de haber jugado un rol desestabilizante en episodios en los que justamente se requería que su mediación condujera hacia procesos de diálogo y no de ruptura.

Una doctrina de los “golpes buenos”

Pero tal vez la verdadera razón por la cual actualmente se alzan voces que piden su disolución y reemplazo se debe a que en determinados momentos de su historia la OEA ha sido un elemento clave para la instauración de una doctrina que implícitamente reconoce la existencia de “golpes de Estado buenos” en América Latina y el Caribe, lo cual puede verificarse no solo por su cuestionable desempeño en el caso boliviano, sino desde mucho antes, cuando en abril de 2002 un alzamiento armado en contra del presidente venezolano Hugo Chávez fuera acompañado por la OEA, que calificó el golpe de Estado como “alteración constitucional” y no “interrupción constitucional”, como correspondía.

En aquello tuvo bastante que ver el embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, quien en su intervención habló del “deterioro de la democracia bajo el gobierno de Chávez”, como si tal afirmación justificara un golpe de Estado ejecutado por militares. A la postre, dicho diplomático se dirigió a los miembros del Concejo de la OEA con un argumento de “hecho consumado”, que indicaba que lo mejor era aceptar al gobierno golpista debido a que “el daño ya se había hecho” y que insistir en la restitución de Chávez solo profundizaría la crisis. En otras palabras, se establecían desde ese momento los precedentes para lo que luego podría llamarse “la doctrina de los golpes buenos”, que claramente era un recurso en contra de gobiernos no alineados con las directrices de Washington para la Región.

Tal como advierte Silvia Quintanar, magíster en Relaciones Internacionales, en su artículo “El golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y los límites de la solidaridad democrática”: “Ante la teoría de los hechos consumados, resulta altamente probable que los gobiernos latinoamericanos hubiesen aceptado dar vuelta la espalda a Chávez, con tal de no molestar al rústico inquilino de la Casa Blanca. Cuando a la semana siguiente tuviese lugar la Asamblea General de la OEA, la solución de compromiso a la que hubiesen podido llegar los gobiernos de los países latinoamericanos y de Estados Unidos es que la Carta Democrática fuese aplicada pero no para los fines para los que fue creada, léase el castigo de un país que interrumpe su proceso constitucional mediante su suspensión de la OEA. La Carta Democrática sería aplicada para legitimar la destitución de este ‘populista radical’, que ponía cada vez en mayor peligro la democracia en Venezuela”.

El caso de Hugo Chávez, quien fue restituido no por la comunidad internacional, sino por una rebelión popular en contra del gobierno de facto tan pronto como se consumó el golpe, constituye tal vez el precedente directo para lo que más tarde sería la actuación de la OEA en el caso boliviano, cuyo Gobierno se encontraba en una postura crítica hacia la política exterior de los Estados Unidos, lo que pudo llevar al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, a diferenciar entre “golpes de Estado malos” de “golpes de Estado buenos”.

¿La OEA o Almagro?

Con todo, podría decirse que el desempeño de la OEA nunca fue tan poco sutil como lo lleva siendo desde que Luis Almagro, excanciller uruguayo bajo el gobierno de José Mujica, tomó las riendas de esta. “Pongo a disposición mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela”, fue una de sus primeras declaraciones apenas asumió el liderazgo del organismo en 2015, momento a partir del cual inició una campaña sostenida en contra del gobierno de la Revolución bolivariana. Su gestión, de hecho, se enfocó tanto en contra de este Gobierno, y con tan poca discreción, que algunos analistas vieron en su conducción una reemergencia del “americanismo” como doctrina de la superioridad geopolítica estadounidense en la Región.

En un artículo publicado en la prestigiosa revista Nueva Sociedad por Juan J. Paz y Miño Cepeda, se explica cómo el proceso de agotamiento de los gobiernos progresistas que se habría consolidado con la destitución de Rousseff en 2016 abrió el paso para un regreso de la influencia del americanismo en el interior de la OEA: “En tales circunstancias, ha sido el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha encontrado la coyuntura más favorable para retomar el americanismo tradicional de la OEA y ha encabezado la aplicación de la Carta Democrática contra el gobierno del Nicolás Maduro en Venezuela. La posición de Almagro no se centra tan solo en la situación interna del país –que resulta netamente conflictiva–, sino que apoya, sin temor a expresarlo abiertamente, los planteamientos de la oposición venezolana y solicita la renuncia de Maduro”.

Pero pensar que el problema reside solamente en la dirección de Almagro es una suposición ingenua que ignora los precedentes y el origen mismo del organismo. Aunque es evidente la inclinación “americanista” de Almagro como secretario general, indisimulada en relación a su predecesor, José Miguel Insulza, debe recordarse que la OEA es parte de una constelación de organismos internacional de variado tipo que emergieron como resultado de la victoria de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

La creación de la OEA, con sede en Washington, coincide con la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), todos espacios donde la Casa Blanca no solo ejerce una clara impronta, sino en los cuales es su principal financiador. En 2017 los aportes de Estados Unidos en la OEA eran de 68 millones de dólares, más del 44% del total de su presupuesto, lo que le concede un poder de veto determinante dentro del Concejo General.

Esta condición de organismo de ampliación de la influencia estadounidense en la Región se expresó en indistintas coyunturas de su historia, como en la expulsión de Cuba en 1962 por su proclamación de “revolución socialista”, así como en el silencio cómplice de la invasión de República Dominicana en 1965. Antecedentes que se suman a la lista de ambigüedades e incluso complicidades cuando se trató de solucionar crisis políticas de los países latinoamericanos y que en 2010 llevaron a varios gobiernos a proponerse la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como un nuevo espacio de integración, diálogo y promoción de la paz y la democracia.

Dicha alternativa, irónicamente, podría ser puesta nuevamente sobre la mesa debido a la desastrosa gestión de Almagro, tal vez el último de la doctrina de “América para los americanos”.


  • Cientista político.

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