septiembre 20, 2021

Es legítimo el uso de bienes públicos para frenar el golpe


Por Carlos Echazú Cortéz -.


Antes de esbozar una crítica puntual al informe de GIEI, es conveniente valorar al documento en general como un inmenso aporte al desentrañamiento de la violación sistemática de derechos humanos y, por ende, de modo indirecto, al golpe de Estado ocurrido en noviembre de 2019.

Sin embargo, hay algunos puntos, en los que el GIEI, en su informe, hace concesiones indebidas a la derecha, debido a su pretensión de presentarse imparcial. Ya en el comienzo de su exposición choca su tratamiento de los antecedentes, pues en ellos se refiere exclusivamente al tema de la repostulación de Evo. No hay palabra alguna sobre el proceso se cambio, los grandes logros de éste y los intentos de la derecha por negarlos. Estos son antecedentes inevitables en un tratamiento adecuado del tema.

Sin embargo, donde se nota una concesión muy evidente y, a la vez indebida, a la derecha es en su evaluación de las caravanas del sur y los enfrentamientos que tuvieron a su paso. Concretamente, el informe, en su evaluación, concluye que se usaron bienes y funcionarios públicos para vulnerar el derecho a la libre locomoción de manifestantes. Por lo tanto, la fiscalía, en su entender, debe investigar estos acontecimientos y sancionar a los responsables. De este modo, el informe, en este punto, ha llegado a la misma conclusión del mas fascista de los ministros del régimen de facto de Añez, Arturo Murillo.

Aquí se ve, una vez más que el informe omite poner las cosas en su contexto y para eso urge detenerse a considerar los antecedentes. Entonces se comprende que no se trataba de inocentes manifestantes que venían a La Paz a hacer escuchar su voz de protesta en manifestaciones pacíficas. Se trataba de los mismos grupos paramilitarizados y racistas que organizó la derecha para incendiar los recintos de los Tribunales Departamentales Electorales de Chuquisaca y Potosí. Las intensiones violentas de estos grupos las pudo evidenciar el mismo GIEI, cuando en su informe refiere que, a su paso, estas caravanas incendiaron la casa de un campesino en Vila Vila y los depósitos de grano que habían acumulado los comunarios en el lugar.

Los propósitos golpistas de estos grupos se evidencian también cuando se considera el plan de Camacho, puesto al descubierto por sus inaguantables deseos de presumir ante sus acólitos, en una grabación audiovisual que se hizo viral en las redes, donde decía, que luego de que su padre «cerró» con el ejército y la policía, entonces podían ya «trasladarse a La Paz». Eso estaban haciendo los fascistas de las caravanas del sur, según el nombre que les ha dado el informe de la GIEI. Se «trasladaban» a La Paz para dar la estocada final en el plan golpista.

Ahora bien, una vez puestas las cosas en su contexto, se comprende muy bien que el golpe de Estado es un atentado gigantesco, pues conlleva crímenes de lesa humanidad, como las masacres de Sacaba y Senkata. Ante tamaño crimen es completamente legítimo que, para detener el avance del golpe y los golpistas, se haga uso de bienes públicos (maquinarias para bloquear la carretera) y del concurso de funcionarios públicos (se entiende que se trata de verdaderos compañeros del proceso de cambio y no pititas camuflados que lastimosamente abundan en la administración publica).

La legitimidad del uso de bienes públicos y del concurso de compañeros servidores públicos, en la lucha contra el golpe, está además justificada cuando los bienes y recursos humanos específicos con los que cuenta el Estado para mantener la estabilidad, vale decir Fuerzas Armadas y Policía, se han dado la vuelta y, en contra de sus fines institucionales, trabajan para el golpe. ¿Entonces qué queda?, pues quedan todos los recursos que tiene el Estado, además de las organizaciones sociales para la defensa de un gobierno popular ante el golpe de las oligarquías.

El hecho de que el compañero Vásquez, entonces gobernador de Oruro, haya formulado instructivo escrito a servidores públicos para que se sumen a la lucha contra el golpe, solo demuestra que su conciencia estaba limpia, pues cuando no lo está, no se deja evidencia.
Lo importante, en todo esto, es defender un principio: Es legítimo el uso de todos los recursos del Estado en la defensa de un gobierno legitimo y popular ante la asonada golpista del fascismo.

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