septiembre 19, 2021

Campaña mediática para encubrir la verdad: acerca del informe del GIEI

Por  José Galindo *-.


Si no se puede ganar en la batalla de las narrativas, los medios entonces recurren a su última estrategia: pasar del negacionismo al empate. Asumen, apenas, la responsabilidad del gobierno de facto en la violación masiva y sistemática de Derechos Humanos, pero pretenden distribuir la culpa hacia el masismo y, particularmente, Evo Morales. No hundirse solos es la consigna.

A pesar de los contundentes hallazgos proporcionados por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) en su último informe sobre Bolivia, medios de comunicación y políticos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS) se esfuerzan por desviar la atención en contra del partido de gobierno y el expresidente Morales, ignorando que las conclusiones del trabajo presentado el pasado martes apuntan a las fuerzas del orden y, particularmente, al gobierno de facto de Jeanine Áñez por numerosas violaciones a los Derechos Humanos de miles de bolivianos.

Distribuir el peso de la culpa para que no aplaste al autodenominado gobierno transitorio parece ser la consigna que hoy comparten los detractores del oficialismo, aun cuando dicha estrategia amenace con reforzar la impunidad de quienes han cometido delitos contra varios derechos de los ciudadanos bolivianos, incluyendo el derecho a la vida.

El GIEI trabajó durante ocho meses en Bolivia, como parte de un acuerdo alcanzado entre el gobierno de la entonces presidenta Áñez y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), labor refrendada por el gobierno de Luis Arce al inicio de su gestión. En la realización de su labor, el grupo de profesionales fue cuestionado e incluso obstaculizado por el gobierno “interino”, cuyo titular de Gobierno, el prófugo Arturo Murillo, exigió que la Comisión compartiera sus hallazgos con el Estado, cuando justamente lo que se proponía la pesquisa era establecer la responsabilidad del Estado en la violación sistemática de Derechos Humanos en el último trimestre del año 2019, a raíz de la crisis postelectoral que sucedió a las elecciones del 20 de octubre. A pesar de dichas circunstancias, el GIEI logró alcanzar resultados esclarecedores, que hoy son ignorados o cuestionados por la oposición al gobierno del MAS.

No obstante, los resultados son contundentes: en primer lugar, las decenas de muertes acaecidas en los municipios de Sacaba y el Distrito 8 de la ciudad de El Alto entran en la categoría de masacres, que, a pesar de no haber sido calificadas como delitos de lesa humanidad, tienen efectos jurídicos similares o casi idénticos, para todo efecto práctico, tal como aclaró Juan Méndez, miembro del grupo de investigadores. De hecho, la cantidad de derechos vulnerados advierten la existencia de un carácter sistemático promovido desde las altas esferas del gobierno transitorio hasta sectores de la sociedad civil, pasando por el Ejército y la Policía Nacional. Concretamente, el informe da cuenta de casos de masacre, ejecuciones extrajudiciales, arrestos injustificados, tortura física y psicológica, delitos sexuales, hechos de racismo y otros delitos cometidos en su mayor parte, y de manera sistemática, en el gobierno de Añez.

Página Siete y la desviación de la noticia

El Capítulo 5 del mentado documento, “Derechos Vulnerados”, contiene una larga recopilación de testimonios y pruebas que se refieren a violaciones contra los siguientes derechos constitucionales: Derecho a la Vida; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Honra, Dignidad y Vida Privada; Garantías Judiciales y Debido Proceso; Libertad de Expresión, Derecho de Reunión y Libertad de Asociación; Derecho a la No Discriminación; Derecho de toda Mujer a una Vida libre de Violencia; Derecho a la Salud; Derecho a la Propiedad; y Derecho al Trabajo. Con un catálogo tan amplio de violaciones a los derechos de los bolivianos lo esperable sería que los líderes de opinión y las líneas editoriales de los medios de comunicación reaccionaran con pronta condena y preocupación, sin embargo, sucedió todo lo contrario: medios como Página Siete desviaron la intención original del informe, demostrar la vulneración de Derechos Humanos, hacia el debate fraude/golpe de Estado: “El informe del GIEI es el quinto revés a la retórica del «golpe de Estado»”, por ejemplo, es un artículo de Pablo Peralta publicado el 19 de agosto, en total desconocimiento de los principales hallazgos del trabajo investigativo.

En la misma línea, el excandidato presidencial y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se esforzó en señalar que el informe del GIEI hablaba de un vacío de poder y no que no hubiera una transición democrática, lo que desmentía las acusaciones sobre un supuesto golpe de Estado. En la misma línea opinaron el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el excívico Marco Pumari, a pesar de que las primeras páginas del informe aclaran no tener la intención de dilucidar dicha antinomia, sino establecer si hubo violaciones a los Derechos Humanos. Estas declaraciones y líneas editoriales, para peor, ignoran o llevan a un segundo plano los resultados más fehacientes respecto a un régimen de sistemática vulneración a dichas garantías, como los paradigmáticos ejemplos de las masacres de Sacaba y Senkata, o las ejecuciones sumarias y extrajudiciales que se dieron en la Zona Sur de La Paz entre el 10 y 11 de noviembre, sin mencionar el arresto de al menos mil personas sin cargo alguno y a través de métodos cuestionables o denuncias de agresión sexual que rayan la violación a manos de oficiales de la Policía.

De hecho, las notas de Página Siete, como “Vila Vila y Playa Verde: GIEI halla «graves violaciones a los DDHH» y apunta al Gobierno del MAS”; “GIEI: Quema de Pumas y casas de Albarracín y Lema fue planificada”; o “Todo lo que debe saber sobre atropellos de la Fiscalía en 2019”, parecen destacar todo menos la denuncia central del grupo de profesionales independientes: asesinatos, masacres, violaciones y torturas perpetradas por efectivos del orden durante el gobierno transitorio. Una ilustración del caricaturista Abel Bellido, o ABECOR, parece expresar a cabalidad la intencionalidad del medio impreso para el cual trabaja: una mano acusadora que lleva impresa la leyenda “violadores de Derechos Humanos” señala con dos dedos a las sombras de quienes serían Evo Morales y Jeanine Áñez. “Queda claro que los agentes estatales son policías y militares que hicieron uso de la fuerza y los particulares son personas, en muchos casos, que respondían al gobierno de Morales, como ocurrió en Montero, donde se armó un grupo ‘en calidad de guerrilla’”, sostiene la Editorial del 19 de agosto de este periódico, que también denuncia delitos sexuales en contra de opositores a Morales cuando el informe del GIEI señala, y de forma más brutal y sistemática, otros perpetrados por policías y militares en contra de personas acusadas de ser “masistas”.

Políticos de la derecha boliviana, en consonancia con la línea de medios como el señalado, piden ahora enjuiciar a Morales como responsable de las violaciones encontradas y refrendadas en el informe del GIEI, al mismo tiempo que solicitan la liberación de Jeanine Áñez o su defensa en libertad, sin un aparente sentido de la ironía.

Verdades incómodas

Pero los resultados no podrían ser menos ambivalentes de lo que pretender hacer ver políticos y medios de comunicación: no solo hubo masacres y un uso de la fuerza desproporcional e injustificado por parte del gobierno de facto, sino que muchas violaciones a los Derechos Humanos se dieron en complicidad y apoyo de grupos parapoliciales (resta saber la diferencia que para los elaboradores del GIEI tiene este término con paramilitar), como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) o la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), uno de cuyos miembros, Limbert Guzmán Vázquez, habría muerto por error propio, según algunas versiones, cuando el gobierno de facto sindicó a cuatro supuestos masistas por su deceso, que se dio mientras se cometían actos de violencia con bazucas improvisadas. Pero volviendo al hecho, resulta que las acciones de la RJC no solo usurparon las funciones de la Policía, sino que se dieron en franca violación de Derechos Humanos. Como señala el informe:

“Ese día mismo día, un canal nacional de televisión exhibió un video en las noticias, que además circuló ampliamente en redes sociales, que muestra a integrantes de la RJC golpeando a dos mujeres de pollera. El evento fue grabado en la intersección de las calles Heroínas y 25 de Mayo. Pese al uso sistemático de violencia en esa fecha, la RJC se presentó a sí misma como una fuerza pacífica.”

“El GIEI advierte un aumento del uso de la violencia por parte de la RJC, en la medida que fueron capaces de captar más adeptos y disponer de más recursos, que recibían de los vecinos que realizaban los bloqueos. Progresivamente, además, comienzan a realizar tareas propias de la Policía, como patrullajes por la ciudad, movilizados en motocicletas y premunidos de armas artesanales como bazucas y explosivos. Desde el motín policial del día 8 de noviembre, se advierte una colaboración estrecha entre la RJC y la Policía. Según un testimonio recibido por el GIEI, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, llamó a integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala a proteger la EPI Sur del ataque de vecinos de la zona.”

O, para referirse a la masacre de Sacaba:

“Como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. El EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) concluye que las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad-fúsil. En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias.”

De la misma forma, respecto a la masacre de Senkata, a la cual algunos medios se refirieron como enfrentamiento de connotaciones terroristas (querían hacer volar la planta de gas) e incluso suicidas (se habrían disparado entre ellos), el informe analiza que ni los manifestantes tenían la intención ni recursos para destruir las instalaciones de YPFB en Senkata, ni constituían un riesgo para la población en general, señalando que:

“El GIEI constató que, a partir del derribamiento del muro, las fuerzas de seguridad desarrollaron una operación de persecución violenta en contra de los manifestantes, el cual resultó en un conjunto de ejecuciones sin amparo legal, a lo largo de seis horas, no solamente en la Avenida 6 de Marzo y en el área directamente aledaña a la planta de YPFB, sino también en los alrededores. No se conoce la motivación para el ataque contra civiles, pero es posible concluir que la masacre fue resultado de la acción de los órganos de seguridad del Estado.”

O, por si fuera poco:

“El GIEI expresa su consternación al advertir que entre los menores de edad detenidos se encontraba un adolescente con discapacidad intelectual, quien fue igualmente torturado y privado de libertad con los adultos hasta su llegada a la Felcc de El Alto. La ausencia de respeto por su condición específica de persona con discapacidad, además de su condición de niñez, representa una grave violación de las obligaciones estatales bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

Todos hallazgos ignorados o subvalorados por medios como Página Siete.

¿Una nueva narrativa?

Frente a la imposibilidad de relativizar el carácter autoritario y violento del gobierno de facto de Áñez, los medios de comunicación hegemónicos han optado por una nueva estrategia: pasar del negacionismo a la distribución del peso de la culpa, de tal forma que las víctimas sean presentadas como los culpables de las violaciones a los Derechos Humanos durante los tres meses estudiados. Es decir, extender una porción no desdeñable de la culpa de policías, militares y exministros hacia el MAS y Evo Morales por supuestamente haber provocado el contexto que hizo posible todo el descalabro posterior a las elecciones del 20 de octubre de 2019, difuminando la línea entre enfrentamiento de civiles y masacre perpetrada por el Estado, e incidentes de violencia ciudadana y violación sistemática de Derechos Humanos.

Ahora que no se puede ocultar la criminalidad del movimiento pitita en el ejercicio del poder, solo queda decir que “ellos también tienen la culpa”. Dicho discurso, fuera de distraer la atención de los hechos y su gravedad, abre la posibilidad de perpetuar el ciclo de impunidad que se propuso el gobierno de Áñez con la emisión del Decreto 4078.


  • Cientista político.

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