septiembre 19, 2021

Lucha por la tierra, deuda pendiente e intereses coloniales

Por Cynthia Silva Maturana *-.


La lucha por la tierra en Latinoamérica está en la base de muchos procesos revolucionarios y crisis nacionales, frente a una deuda antigua que atraviesa toda la historia de la Región. La tierra, su distribución equitativa, el acceso y su utilización, ha sido y continúa siendo uno de los principales problemas del continente.

Este problema, fruto de la herencia del régimen colonial agrario, que derivó en el despojo de los pueblos originarios y la inequitativa distribución a las poblaciones campesinas, pese a las luchas que se dieron y aún se dan, y a los distintos procesos reforma agraria que se implementaron para resolverlos, no ha sido resuelto.

Es importante recordar algunos momentos fundamentales y simbólicos de estas luchas en América Latina, como la Revolución mexicana a principios del siglo XX, que instauró el primer y más importante proceso de reforma agraria del continente. Paraguay crea el Departamento de Tierras en 1926, como respuesta al problema del acceso a la tierra, y en 1936 con la Revolución de Febrero incorpora la expresión “reforma agraria”, planteándose el problema de los campesinos y el acceso a la tierra de forma más integral [1].

No podemos dejar de lado dos momentos fundantes para Bolivia. La Reforma Agraria de 1953, la primera gran reforma de los países andinos, que tuvo como objetivo la abolición total de la servidumbre campesina, la eliminación de los latifundios y haciendas, la dotación de tierras a los campesinos que no la poseyeran y la devolución a las comunidades indígenas de las tierras.

Y la Marcha de 1990, por el Territorio y la Dignidad, la Marcha histórica de los Pueblos Indígenas del departamento del Beni, que no solamente logró que el Gobierno reconociera los territorios indígenas demandados, sino que incorporó a la historia de la República pueblos y naciones que habían sido ignorados por décadas, y reconfiguró el derecho agrario incorporando la forma territorial como espacio que supera el derecho a las tierras para la producción, sino que establece el concepto de espacio de reproducción sociocultural, económica, productiva, y política.

Pese a los avances, la situación de acceso a la tierra sigue siendo una deuda histórica, que estuvo también en la base del proyecto político liderado por Evo Morales, que comprometió en 2006 una nueva Reforma Agraria, la que se plasmó en la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria promulgada el mismo año y en la Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria de 2011.

Aunque los resultados alcanzados deben ser analizados en profundidad, aquí tratamos de acercarnos a las múltiples realidades que hoy se deben enfrentar.

De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hasta mayo de 2021 la superficie saneada y titulada en el país alcanza el 87%, mientras que el restante 13% está pendiente. Para alcanzar el 100% resta resolver procesos de titulación en marcha, muchos de los cuales presentan problemas de superposición y otros. Estos números nos muestran un avance fundamental, que ha tenido sus problemas y postergaciones en estos 14 años, pero que también se ha retomado con un renovado y transparente esfuerzo del trabajo del INRA, desde el momento en que Luis Arce Catacora asumió el Gobierno y conduce la recuperación del proyecto político del Proceso de Cambio.

Por otro lado, se evidencian demandas de los pueblos indígenas de tierras bajas, que denota la convicción que sus peticiones históricas no solamente no han sido satisfechas, sino que adicionalmente existe una tensión de “avasallamiento” de sus territorios por diferentes actores, como familias migrantes de otras regiones buscando constituir comunidades o asentamientos, pero también ocultos intereses de traficantes de tierras. Y, por otro lado, se incrementan las presiones del modelo agroexportador que, a través de forzados acuerdos de alquiler [2], están tomando el control sobre enormes superficies, revitalizando el latifundio, herencia del régimen colonial agrario.

A esto se suman evidencias que en la última década se profundizó el modelo de desarrollo agropecuario basado en la expansión de la matriz productiva enfocada en commodities agroindustriales para la exportación –como la soya, caña de azúcar y, recientemente, la carne– en desmedro de la agricultura familiar campesina e indígena [3].

Estos datos y estudios dan cuenta de una realidad no resuelta, y que no puede ser soslayada. Ignorar el descontento en las organizaciones indígenas, que consideran que sus demandas siguen siendo postergadas o insuficientemente atendidas, o ignorar el potencial que tiene la agricultura indígena y campesina para satisfacer las necesidades nacionales de alimentos saludables, a través de sistemas que se desarrollan en equilibrio y respeto de los derechos de la Madre Tierra y aseguran la economía de miles de familias, solo deja el espacio para que estas demandas, legítimas en su mayoría, sean utilizadas por los intereses políticos de oposición al gobierno de Luis Arce y al Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), articulando los intereses latifundistas y los de una oposición que hasta ahora no ha planteado proyectos políticos alternativos.

Claras muestras se han dado en los últimos meses con la intencionalidad del gobernador Camacho, activo agente del golpe de Estado de 2019, que ha pretendido usurpar las competencias constitucionales del nivel central del Estado en la otorgación del derecho a la tierra, defendiendo los intereses de los agentes que aprovecharon el periodo de 2020 para obtener miles de hectáreas, que hoy se hallan en proceso de reversión demostrando la ilegalidad de tales acciones.

La tierra y el territorio, en sus múltiples y complejas concepciones, debieran unirnos para despojarnos de las visiones excluyentes y racistas, abrir diálogos sustantivos sobre los modelos productivos que impulsaremos la siguiente década, y abrir los ojos y los brazos a un país que, pese a un período de facto, no ha retrocedido en lo fundamental en la decidida convicción que podemos superar nuestras herencias coloniales para proyectarnos a un futuro desde nuestra historia de diversidad cultural, de diversidad de conocimientos, de diversidad de visiones, y en este caso de una diversidad de sistemas agroalimentarios integrales y sustentables.


  • Bióloga, militante del Proceso de Cambio, miembro del Comando Madre Tierra y exviceministra de Medio Ambiente.

1       Domínguez, D. y P. Sabatino. El conflicto por la tierra en la actualidad latinoamericana: del acceso a la tierra a la luchas por el territorio. Clacso, 2008.

2       Fundación Tierra. Despojo de tierras de comunidades por el agronegocio boliviano. Bolivia, 2021.

3       Czaplicki, Stanislaw Tadeusz. Desmitificando la agricultura familiar en la economía rural boliviana: caracterización, contribución e implicaciones / Stanislaw Tadeusz Czaplicki Cabezas. En colaboración con: Pamela Cartagena, Carmelo Peralta. CIPCA, Bolivia, 2021.

 

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