El cambalache de juicios

Por Carla Espósito Guevara * -.

El informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos ocurridos en 2019 en el país, despertó un fuerte clamor en la sociedad boliviana por un juicio contra Jeanine Áñez. Tal enjuiciamiento tenía dos vías para realizarse: juicio ordinario o juicio de responsabilidades. La primera vía, planteada por la exdiputada Lydia Patty y el senador Andrónico Rodríguez, era la más expedita ya que no suponía la necesidad de pactos políticos. La segunda vía, por la que el Gobierno optó, requiere de acuerdos y negociaciones en la Asamblea Legislativa entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las otras fuerzas políticas que fueron aliadas de Áñez y, en gran medida, corresponsables de las masacres.

El otro gran inconveniente de la segunda vía es que atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE). Esta establece que solo puede realizarse juicios de responsabilidades al Presidente y el Vicepresidente y hay dos vías legales de llegar a la presidencia, según la nueva CPE: por elecciones o por dos tercios de la Asamblea, y Áñez no llegó por ninguna de esas dos vías. Por tanto, no le corresponde un juicio de responsabilidades con los privilegios que este supone.

Hay quienes comparan el caso de Áñez con el de García Meza, pero no son casos comparables. La anulación de este privilegio para autoridades no electas constitucionalmente se tomó en la Constituyente justamente por el caso García Meza, para evitar que volviera a ocurrir que quienes tomen el poder por vías inconstitucionales gocen otra vez de caso de corte. Por tanto, el juicio de responsabilidades resulta ser una opción que va contra el espíritu de la nueva Constitución.

Asimismo, al reconocerle fuero constitucional a una presidenta inconstitucional se desmerecen los argumentos que el propio Gobierno ha sostenido durante este último año respecto al golpe de Estado ya que se le dan privilegios de presidenta constitucional.

Tomada la segunda vía, pese a los obstáculos señalados, y cuando el país esperaba un acuerdo político para la aprobación de este juicio en la Asamblea, la Comisión de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la semana pasada las propuestas acusatorias contra los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada; Carlos Mesa, por el caso Quiborax; y contra el exviceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, por el caso La Calancha.

La noticia despierta varios elementos de análisis. El primero es la pregunta de ¿qué pasó con el caso más importante que es el juicio contra Áñez?, ¿por qué no entró en este paquete de negociación? El segundo elemento que señala es la consolidación cada vez más clara de una tendencia pactista y pragmática al interior del MAS, que en el pasado fue representada por la línea garcía-linerista, que galvanizó acuerdos con la agroindustria cruceña y hoy está siendo representada por el ministro Lima con eco en el Parlamento.

Lo nuevo de esta tendencia pactista es que considera la opción de sacrificar militantes del propio MAS, como son los caso de Leonilda Zurita, Alfredo Rada, Alicia Muñoz y Hugo Salvatierra, a cambio de acuerdos con la oposición. Soy de la idea de que los crímenes de lesa humanidad no deberían negociarse, menos en estas condiciones.

La derecha ha logrado llevar al Gobierno al terreno que más le conviene, donde tiene más capacidad de maniobra. Esto conducirá al MAS a un camino de enorme desgaste interno, quizás también a la impunidad de los líderes de Creemos y a un juicio interminable contra Áñez en el que el oficialismo tendrá que someterse a permanentes chantajes y dilaciones por parte de la oposición.

*       Socióloga.