septiembre 16, 2021

Parlamentarios bolivianos ponderan valores de la educación

La Paz-. La solución a los macabros asesinatos que consternan a Bolivia pasa por implementar una educación y concientización desde las aulas, afirmaron hoy aquí los líderes de ambas Cámaras Legislativas del país.

Este problema es bastante profundo y debemos pensar a largo plazo en políticas que vengan desde la educación primaria y secundaria, además de los operadores de justicia, declaró a la prensa local el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

‘Tenemos leyes que endurecen las sanciones pero su aplicación está a media máquina. Vamos a modificar los instrumentos normativos, a tener más cárceles, pero todo esto no va a servir si no cambiamos la conducta desde la niñez y la juventud’, aseguró el joven parlamentario.

Tras recientes asesinatos en la ciudad de El Alto y en la zona Inca Llojeta de La Paz, donde dos personas fueron descuartizadas por sus agresores, Rodríguez explicó que para la consecución de cambios se requiere la participación de todos los actores de la sociedad.

El máximo representante de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, manifestó, por su parte, que si bien existen muchas leyes y normativas que protegen a los niños y la mujer, éstas no son suficientes y necesitan trabajar paralelamente con mayor agresividad en temas de educación.

Los padres deben hacer una profunda reflexión porque muchas veces la inestabilidad en el seno familiar provoca de cierta manera todos los hechos que escuchamos y vemos, en los cuales mujeres jóvenes e incluso niños fallecen de la peor forma y a sangre fría, agregó.

Los casos de violencia machista continúan en esta nación andino-amazónica, cuya cifra supera los 80 en lo que va de este año, cercana ya a los 113 sucesos registrados en 2020.

Nueve de cada 10 casos de feminicidios en Bolivia suceden en el entorno cercano de la víctima, en el cual el principal agresor es el cónyuge y en la mayoría de las veces las mujeres murieron a causa de los golpes o traumatismos, según reveló una investigación.

Ante tal contexto, aumentan los reclamos al Ministerio Público y organizaciones defensoras de los derechos para que las autoridades incidan más en las políticas preventivas contra la violencia machista.

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