septiembre 16, 2021

Sobre el crimen, castigo y reconciliación

Por Marcelo Caruso Azcárate -.


Se ha dicho que la reconciliación comienza cuando todos aceptan una determinada concepción de la justicia que, en el caso de Colombia, se denomina la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Aceptación que para las víctimas colombianas ya es una realidad, pues lo pactado en el Acuerdo de Paz con la mayoría de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) –hoy partido Comunes– se basa en los valores sociales que pueden llevar a concretar la paz. Pero no sucede lo mismo con los que niegan su legitimidad, así acepten su legalidad “de labios para afuera” –como ha hecho el expresidente Álvaro Uribe frente a la JEP y su Comisión de la Verdad–, generando un grave riesgo en un país donde las mayorías populares consideran por experiencia que lo legal, la ley, la justicia, “solo es para los de ruana”. Partiendo de ese imaginario construido como rechazo a las conductas corruptas de las élites, hoy son ellas quienes lo intentan aprovechar para desacreditar a esa JEP que se ha definido entre insurgentes y el Estado colombiano, buscando transformar un conflicto armado en un conflicto político dialogado.

Algo parecido pasa en Bolivia, donde también se encuentra a los que dicen aceptar la justicia ordinaria vigente, pero en el fondo quieren deslegitimarla; ya no solo para seguir condenando a los de abajo, las víctimas y sus familias, sino para eximir a los de arriba.

Una reflexión sobre tan complejo tema merece las decisiones jurídicas tomadas en países como Argentina, donde se buscó la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición frente a los crímenes de Estado de una dictadura asesina que desapareció a más de 30 mil personas, y que se derrumbó frente a la resistencia social y política nacional e internacional. Por eso allí fue justa y acertada la exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos –apoyada por la mayoría de la población y finalmente aceptada por el Estado– de aplicar todo el peso del castigo acudiendo a los contenidos de la justicia ordinaria, para juzgar a los gobernantes responsables por su clara violación de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a su cuerpo de derechos. Por eso, la reconciliación entre los militares golpistas y los familiares de las victimas asesinadas en sus campos de concentración requería de la mutua aceptación del tipo de justicia que sería aplicada, pues de ella dependía definir el castigo, permitir recuperar la memoria de los asesinados y desaparecidos y llevar a la Comisión de la Verdad no solo a las víctimas, sino también a los militares y las élites económicas que abandonaron el Estado de Derecho y lo convirtieron en un aparato de guerra contra el pueblo.

En el caso de Bolivia, muy similar al de Argentina, hoy está claro que lo que existió fue un golpe cívico, policial, militar de ideología fascista, aduciendo un fraude que nunca fue comprobado y ha sido negado por diversas instancias internacionales; como una de las fuentes de comprobación está la valiosa investigación y recopilación realizada por Jaime Choque Mamani en su obra Golpe de Estado y Fascismo en Bolivia.

Luego del reciente triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), permitido por la presión popular exigiendo el regreso al escenario de elecciones democráticas, la novedad jurídica no deja de sorprender. ¿Cómo explicar que quien, como presidenta ilegítima e ilegal, corresponsable de preparar el golpe y ordenadora de masacres como las de Senkata y Sacaba –por las que hoy es juzgada–, y abierta promotora de violentas persecuciones a miembros del gobierno anterior, hoy se considere una víctima de la justicia? Y que, además, agregue a esta frágil pero perversa estrategia un intento fracasado de suicidio dirigido a enmascarar y eludir sus responsabilidades políticas, con mucho de simulación, búsqueda de sensibilización de la población y presión sobre sus jueces.

El suicidio –opción de escape de muchas personas excluidas en esta desigual sociedad– no puede ni debe ser deseado ni celebrado por nadie que tenga sensibilidad humana. Sus connotaciones dependen de quién es la persona y qué rol juega en la sociedad. El suicidio heroico de Salvador Allende no se puede comparar con el suicidio cobarde de Hitler. Es, en sí misma una decisión muy contradictoria y emocionalmente dual: hay que ser muy valiente para realizarlo, como lo hizo Alan García –decisión en su caso muy posiblemente acompañada de una mezcla de cobardía y orgullo, ya que no estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias legales de sus actos corruptos como presidente del Perú–. Lo cual se asemeja emocionalmente –de ser cierto– al intento de Jeanine Áñez; pero ambos casos con emociones muy distintas de las que rondan a las y los presos condenados a largos castigos, que en la práctica resultan perpetuos, y quienes, arrepentidos de sus crímenes y con voluntad de readaptación a la sociedad, se esfuerzan para lograr reducciones legales de sus condenas antes que pensar en acudir el suicidio. Para ellos, con menos responsabilidades y deberes que la señora Áñez, como para los que han sido injusta y políticamente judicializados por su gobierno golpista, no hay lugar a medidas de justicia especial o de excepción –que son las que hoy pide la expresidenta de Bolivia– sino lograr un juicio justo, desideologizado y basado en las pruebas irrefutables que puedan existir. Mandela nunca pensó en el suicidio durante los 27 años de injusta prisión en condiciones inhumanas, y eso no fue solo por su voluntad de vida, sino porque tenía una causa y un compromiso con su pueblo de cumplirla.

Uno podría decir que la reconciliación en Bolivia, como analiza Sandrine Lefranc –investigadora de los distintos procesos de paz en el mundo–, se puede iniciar con “el apaciguamiento de las hostilidades entre las partes enfrentadas”. Si se aceptara que el gobierno legítimo era una de las partes y los golpistas la otra, lo que vemos hoy con los constantes ataques a la gobernabilidad del presidente Luis Arce es un aumento creciente de las hostilidades de los golpistas, quienes, para eludir la justicia, acuden a campañas de desprestigio que incluyen los reduccionistas argumentos de una amnistía para una senadora que, con mucha ambición y placer, se prestó como estandarte de su aventura sediciosa. Y, vaya coincidencia, también Uribe pide una amnistía que cubra su posible condena por un delito común.

En el derecho ordinario y en condiciones de vigencia plena del Estado democrático de derecho, la carga de la pena que va dirigida al castigo de quien violó la norma implica una restricción legítima de sus Derechos Humanos: “La norma es invertida por la relación crimen y castigo… La norma es asegurada por su violación en relación con aquel que la violó. Que la norma sea violada frente a aquel que la viola es consustancial a la existencia de cualquier norma… Así también vale para los Derechos Humanos cuando son transformados en norma vigente” [1]. Al ser violada, la norma adquiere su esencia y se afirma en el castigo de las personas que la violaron, restringiendo sus derechos. Crimen y castigo van de la mano con la mediación de la norma, pero su fin último debe apuntar a la finalización de esa sucesión de violaciones a los Derechos Humanos, como la razón social y política que los asegure y valide como normas inviolables.

Por eso, pensar en aplicar a las y los golpistas bolivianos una especie de justicia transicional que revise la relación entre violación de Derechos Humanos y el castigo debe justificarse por las razones políticas que determinaron sus conductas. En el caso de Colombia, estas fueron siempre calificadas como un delito político de rebelión frente a un Estado autoritario y anti-democrático; en el caso de Argentina su condición de dictadura militar fascista le quitó toda posibilidad a ese enfoque. Igual sucede en Bolivia, donde el ataque violento dirigido contra un gobierno democráticamente elegido y en cumplimiento de su mandato está sustentado en corrupciones de los altos mandos policiales y militares, y acompañado de falsas denuncias de fraude con justificaciones racistas, fascistas y anti-democráticas que ocultan intereses entreguistas de las riquezas naturales del país a transnacionales extranjeras (litio, petróleo, gas).

Partiendo de estos fundamentos, se afirma que la dimensión de esa inversión que valida la norma no puede ser mecánica, sino que requiere comprender que la reducción del castigo a quienes la violaron ayudará a superar un conflicto estructural; esto la convierte en un objetivo de interés nacional, ya que puede ser un camino para instalar en plenitud democrática las normas que garanticen el respeto a la vida humana, a su dignidad y su libertad. Esto no significa que se deba aceptar la impunidad, el olvido y la renuncia a la verdad, pues, si así sucede, seguramente no se tendrá un proceso legítimo de construcción de una nueva institucionalidad y de las confianzas y poderes sociales que permitan consolidar el fin de las aventuras autoritarias contra la soberanía popular.

Es importante, entonces, definir el problema que llevó al conflicto en Bolivia derivado en golpe cívico, policial y militar. ¿Cuáles fueron las causas de fondo que justificaron romper el orden constitucional y las reglas del juego aceptadas por todos los que participaron en las elecciones? Supuestamente existió por parte del gobierno del MAS un desconocimiento del resultado de la consulta que preguntaba sobre la nueva reelección del presidente Evo Morales –que luego fue cambiado por un fallo también en el marco de la justicia ordinaria–. Esta antinomia –categoría que se presenta cuando ambas partes tienen algo de verdad– fue debatida durante el proceso electoral y le costó al presidente Morales perder votos anteriormente obtenidos; sin embargo, eso no le impidió ganar en primera vuelta.

La pregunta obligada es porqué la oposición no esperó a la segunda vuelta, donde por la vía constitucional podían derrotarlo, como todas las encuestas lo indicaban. Una muy posible respuesta es que el MAS había obtenido una mayoría parlamentaria y esto –aun contando con la Presidencia– no les permitía avanzar en la regresiva y represiva estrategia construida con la ayuda “de la embajada de Donald Trump”; se proponían, como lo demostraron en su gobierno de facto –de hecho y no de derecho–, revertir en corto plazo las conquistas sociales, culturales, políticas y económicas alcanzadas por los gobiernos de Evo Morales.

En consecuencia, quienes hoy tienen que ser consultadas sobre el camino a tomar para llegar a aceptar la reconciliación por parte de todos los implicados, son las víctimas del golpe y de la dictadura de la expresidenta Áñez. En el año 2017, 41 años después del golpe militar, la Conferencia Episcopal argentina promovió un intento de “reconciliación” que fue rechazado duramente por las víctimas de la dictadura, aduciendo que no puede haber reconciliación cuando los militares nunca dijeron la verdad sobre lo sucedido y menos aún han pedido perdón. Al Papa Francisco le tocó explicar que eso no implicaba que no cumplieran sus condenas. Experiencia que nos demuestra que estos procesos de superación de las heridas causadas por las dictaduras y las guerras internas son de largo plazo y que su superación depende de las relaciones de poder entre las clases, sectores sociales y pueblos indígenas.

Muchos golpes de Estado, con sus consecuentes víctimas, tiene la historia reciente de Bolivia, y la tendencia ha sido tapar lo sucedido. Se consideró como “normal” el hecho de que periódicamente se realizaran golpes militares y que las víctimas eran un problema secundario, daños colaterales que le tocaba al pueblo sufrir. Algo parecido sucedió en Brasil y en parte en Chile, y habría pasado en Argentina de no se ser por movimientos sociales como el de las Madres de Plaza de Mayo. Ese aspecto ético no se consideraba, pues lo importante era el regreso a la democracia, una transición hacia el pasado que les permitiera reconstruir la confianza en el Estado y así mantener en Bolivia la dominación económica de las élites. Vale preguntarse ¿cuántas de esas víctimas directas fueron reconocidas, indemnizadas y homenajeadas?, ¿dónde están los restos de los líderes caídos el 17 de julio de 1980?, ¿cómo fueron reparadas las familias de las decenas de miles de mineros, obreros, campesinos e indígenas asesinados por esas dictaduras y cuál fue el proceso para rehabilitar sus tejidos sociales?

Como dicen, el pasado no pasa; pero tampoco nos determina automáticamente el presente, sino que al lograr reflexionarlo críticamente es posible –mientras se diseña el futuro– asumir sus enseñanzas para pensar y actuar con sentido transformador. Esto nos lleva a pensar la necesidad de aprovechar este regreso al futuro que hoy se vive Bolivia para construir una estrategia institucional, pero sobre todo social participativa, que comience a cerrar estas aventuras sistémicas autoritarias que buscan revertir los Derechos Humanos conquistados y, al mismo tiempo, aporten a la recuperación de las dinámicas populares que marcaron los primeros gobiernos del MAS. Se trata de promover las raíces etno-culturales, sociales y políticas en la perspectiva de “el retorno al camino de la vida” [2], que tiene mucho de reconciliación entre lo mejor de los seres humanos y de armonía con la naturaleza.

Por eso es insuficiente intentar superar el pasado con el justo juicio a una persona y su grupo de “malos amigos” –como se hizo con los García Meza y otros vándalos institucionalizados– sin, paralelamente, llevar este debate al conjunto de la sociedad popular e indígena, pero también a las propias Fuerzas Armadas, que son utilizadas y luego desechadas como objetos despreciables. La exsenadora debería reflexionar con dignidad, si le queda algo, sobre los hechos en que los mismos que la promovieron y luego la abandonaron cuando el poder se le subió a la cabeza, hoy vuelven a utilizarla para desestabilizar al gobierno democrático y popular.


1       Hinkelammert, Franz. Democracia y totalitarismo. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, Costa Rica, 1990, pág. 135.

2       Choquehuanca, David. “Vivir bien, nuestro horizonte de vida”, Revista Ideal, No. 03, México, 2019, p. 17.

 

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