octubre 21, 2021

A 13 años de la masacre de Porvenir y el primer golpe de Estado contra el MAS

Por José Galindo *-.


La masacre de Porvenir fue el clímax de un golpe de Estado que solo pudo ser neutralizado por la acción decidida de las organizaciones sociales que acompañaban el Proceso de Cambio. Las masacres de Sacaba y Senkata, por otra parte, demuestran que la oligarquía terrateniente del Oriente solo puede vencer si el pueblo deja de estar vigilante ante los aprestos golpistas, que no cesarán hasta que conquisten definitivamente el poder político.

Este sábado se cumplieron 13 años de la masacre de Porvenir, episodio culminante de la guerra que enfrentó al gobierno de Evo Morales contra la oligarquía agroexportadora del Oriente boliviano. Los 13 campesinos asesinados en las orillas del río Tahuamanu sellaron el destino de las fuerzas conservadoras que luchaban por recuperar el control del país después de haberlo perdido en octubre de 2003, cuando fue derrocado el último presidente neoliberal, Gonzalo Sánchez de Lozada. Su golpe de Estado fue neutralizado tras aquellas muertes, que despertaron la condena de toda la comunidad nacional e internacional, haciendo inviable el intento de secesión que involucraba, lo sabríamos pronto, el uso de fuerzas mercenarias extranjeras e incluso la intención de asesinar al entonces primer mandatario.

Con todo, la derrota de los mal llamados unionistas fue una demostración de la fortaleza no del Gobierno de las organizaciones sociales, sino de las organizaciones sociales mismas, que lograron movilizarse exitosamente para resistir la asonada golpista, aunque al precio de un terrible costo humano. Más de una década después, se hace necesario recordar este episodio de nuestra historia, ahora que aquella oligarquía ha conseguido rearticularse en torno a nuevos liderazgos mucho más decididos e implacables que los que fueron derrotados ese 11 de septiembre de 2008.

La masacre

Fue la mañana de un jueves que una caravana de afiliados a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (Fsutcp) fue interceptada por funcionarios de la prefectura de aquel departamento, en alianza con miembros del movimiento cívico que se movilizaban en todo el Oriente bajo la bandera de la autonomía, en un plan por tomar todas las instituciones del gobierno central y dividir, en los hechos, a todo el país.

La marcha fue convocada desde Cobija tras la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por cívicos armados con equipo anti-disturbios robado a militares. La ocupación de esta institución se dio en el marco de una toma general de instituciones del gobierno central en el Oriente y luego de anunciarse la repartición de tierras que se habían saneado recientemente en favor de comunidades indígenas y campesinas, históricamente sometidas a la concentración de tierras que beneficiaba a un puñado de familias que tenían un control casi absoluto sobre comunidades enteras. Esta afrenta al latifundio sería respondida brutalmente mediante el uso de armas de fuego contra una multitud indefensa.

Si bien es cierto que, en aquella jornada, murieron también dos personas del bando opuesto, en choques donde el uso de la fuerza era cada vez más intenso desde ambas partes, el caso de Tahuamanu es diferente. Las 13 personas que morirían en las orillas del río, ubicado en el municipio de Porvenir, fueron blanco de un uso premeditado de armas de fuego, disparadas contra ellos pese a que se encontraban en plena retirada, sin haber realizado, por su parte, un solo disparo, y sin haber estado siquiera armadas. El hecho de que no se hayan dado bajas por el lado de los funcionarios prefecturales y cívicos organizados por Leopoldo Fernández es un indicio suficientemente elocuente acerca de la unidireccionalidad de la violencia en aquel día.

Las repercusiones del acto fueron inmediatas, aunque no como cabría esperar. Los medios de comunicación hegemónicos presentaron la masacre como un enfrentamiento entre cívicos y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) desaforados, a pesar de que las grabaciones que transmitían los propios noticieros del país mostraban cómo los campesinos se lanzaban a las aguas del río para salvarse de las balas que seguían disparándose contra ellos. Es decir, se trató de exponer el choque entre ambos lados como si se tratara de fuerzas equivalentes o proporcionales y no como un grupo de personas disparando contra otras que escapaban. A pesar de ello, una parte de la ciudadanía boliviana y casi toda la comunidad de Estados latinoamericanos encontraron inaceptable el extremo al que habían llegado los cívicos enfrentados con el gobierno de Evo Morales.

La inmediata movilización del resto de los sindicatos campesinos del país, sumada a la fuerte condena internacional, expresada principalmente a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el 15 de septiembre, obligaron a los unionistas, que pretendían escindir una parte del territorio boliviano bajo su propio gobierno, a declarar su rendición. Uno por uno, los prefectos que impulsaron el movimiento separatista levantaron las manos y se reunieron con el Ejecutivo para negociar la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), a la cual se habían resistido vehementemente durante casi dos años y medio. El gobierno nacional declaró el estado de sitio en el Departamento de Pando, y los principales implicados en la muerte de los campesinos fueron arrestados, entre ellos el prefecto Leopoldo Fernández, quien controlaba dicha región como si se tratase de una parte de su hacienda.

Última etapa de una larga crisis estatal

Los años que precedieron a la masacre de Porvenir habían sido de los más convulsivos en la historia reciente de Bolivia, desde que fuera derrocado el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, tras otra serie de masacres que en total se cobraron la vida de más de 70 personas (incluyendo mujeres y niños), a manos del Ejército y la Policía. La victoria del MAS en las elecciones de diciembre de 2005 fue el primer paso hacia el fin de una era infame, que muchos recuerdan bajo el nombre de neoliberalismo. Inmediatamente se dio paso a una nueva etapa de reformas que afectaron los intereses de las clases privilegiadas, particularmente de las asociadas a los intereses de las corporaciones extranjeras y al agronegocio, ubicado principalmente en el Oriente.

Entre los profundos cambios implementados desde ese momento, destacan la nacionalización de los hidrocarburos y la realización de una Asamblea Constituyente para refundar el Estado. Otras políticas que serían aplicadas en lo sucesivo también resultarían inaceptables para los sectores acomodados de la sociedad, como el incremento del monto de la Renta Dignidad con recursos provenientes de la explotación de gas del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), dirigida a personas de la tercera edad; la alfabetización gratuita de grandes mayorías con apoyo del gobierno de la República de Cuba; una campaña de cirugías oculares llamada Operación Milagro, igualmente con la solidaridad cubana; y la redistribución de tierras mediante la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.

Cada uno de estos pasos hacia otra Bolivia provocó una reacción proporcionalmente decidida por parte de la oposición al gobierno de Morales, cuyo liderazgo no se encontraba tanto en el principal partido de derechas en el Parlamento, Poder Democrático y Social (Podemos), sino en las prefecturas de los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba, que movilizaron sus recursos materiales y humanos para enfrentarse al gobierno central en diferentes oportunidades. La derecha había resuelto apostarse en las prefecturas para resistir los cambios impulsados por el masismo, tras la bandera de las autonomías como escudo y caballo de batalla. La crisis estatal que puso en jaque al neoliberalismo y la democracia pactada no se había resuelto todavía, pero ya entraba en su etapa final: la lucha directa entre la oligarquía y el Gobierno de las organizaciones sociales.

Desempate catastrófico

Pero para llegar al momento resolutivo de la masacre tuvieron que pasar muchas cosas más, que implicaron lágrimas, sudor y sangre. La oposición al MAS primero trató de resistirse a la realización de la Asamblea Constituyente mediante dos demandas: primero, que cada uno de los artículos del proyecto de Constitución trabajada requirieran la votación de por lo menos dos tercios de la Asamblea para ser aprobados; y segundo, el traslado constitucionalizado de la capitanía plena de los poderes del Estado desde la ciudad de La Paz hacia la ciudad de Sucre. Ambos pedidos fueron respaldados por movilizaciones callejeras caracterizadas por la violencia en contra de indígenas y campesinos, con muertos en Cochabamba y Chuquisaca, pero ninguna tan cargada de racismo como la que se dio en Sucre un 24 de mayo de 2008, cuando estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier cercaron, golpearon, torturaron y luego humillaron públicamente a indígenas y campesinos que se encontraban en la ciudad para recibir a Morales en un acto de entrega de ambulancias.

Ese sería, sin embargo, solo el preludio de la violencia que se avecinaba. Unos días antes de aquel hecho barbárico, el movimiento cívico y las logias de Santa Cruz impulsaron desde la prefectura un referendo para aprobar los estatutos autonómicos que servirían de base para su propuesta federalista, sin respaldo alguno de la Corte Nacional Electoral (CNE). La consulta ilegal se replicó en Tarija, Beni y Pando hasta el mes de junio, lo que llevó a la oposición a apreciar erradamente sus propias fuerzas. Desafiaron al presidente Morales, entonces, a un referendo revocatorio, del cual no sobrevivirían (políticamente) los prefectos de La Paz, José Luis Paredes, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Morales, por otra parte, fue ratificado con más del 67% de los votos. La oposición se quedaba con menos opciones a medida que pasaba el tiempo, lo que los llevó a jugárselas el todo por el todo a partir de ese momento.

Se propusieron así la ejecución de un golpe de Estado, que iniciaría en el Departamento de Santa Cruz, para rápidamente extenderse por todo el Oriente, particularmente Pando, Beni y Tarija. Comienzan a tomarse las instalaciones del gobierno central en estos cuatro departamentos a partir del 3 de septiembre, prolongándose la crisis por dos semanas más. Unos días antes de que se inicie la toma coordinada de instituciones el embajador estadounidense, Phillip Goldberg, se reunió con los prefectos opositores de la Media Luna, lo que condujo a su expulsión de suelo boliviano una vez se dio a conocer la noticia, un 12 de septiembre de 2008, un día después de que se perpetrara la masacre de Porvenir. El empate catastrófico que advirtió el vicepresidente Álvaro García Linera entre los respectivos proyectos de país de sectores empresariales ligados al comercio internacional y las grandes mayorías populares organizadas dentro del MAS; neoliberalismo vs. Estado Plurinacional o Agenda de Octubre vs. Agenda de Junio, estaba llegando a su momento resolutivo, que se daría mediante la fuerza, y en seguida sería formalizado a través de los votos.

Ese momento resolutivo fue, justamente, la masacre de Porvenir. Pando y el norte amazónico de Bolivia, por lo tanto, pueden ser considerados como la sala del doloroso parto donde nació el Estado Plurinacional, no la Asamblea Legislativa.

Lecciones del primer golpe contra el MAS

El golpe de Estado impulsado por la oligarquía agroexportadora del Oriente fue derrotado en Porvenir, a pesar del acompañamiento que gozó por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de inteligencia, cuya coordinación se haría conocida con varios documentos filtrados por el portal BoliviaLeaks, que incluían financiamiento y asesoramiento a través de agencias y fundaciones como Usaid y la National Endowment for Democracy (NED), además de reuniones directas con el mencionado embajador Goldberg. La victoria del campo popular, como lo revelan investigaciones periodísticas serias como La mañana después de la guerra, del periodista fallecido Boris Miranda, fue posible no tanto por un buen manejo de la crisis por parte del Gobierno, sino por la movilización decidida y efectiva de las organizaciones sociales, que en muchos casos, nos dicen, tuvieron que disimular la debilidad y dubitación del propio Ejecutivo que apoyaban con acciones como el cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se pensaba ingresar para ponerle fin a los aprestos golpistas.

En segundo lugar, más que la lealtad del Ejército, la capacidad para evitar que este entre en contacto directo con los promotores del golpe, que ya tenían un guión preparado para invitar a las Fuerzas Armadas a unirse a su rebelión contra el gobierno del MAS usando muertos todavía no logrados como excusa. El Ejército fue movilizado solo después de la masacre de Porvenir, cuando no se podía disimular la beligerancia extrema de los cívicos, ya condenada internacionalmente. No obstante, el uso de oficinas de la Policía para encerrar y torturar campesinos atrapados tras el episodio en las orillas del río Tahuamanu, demuestran que este actor en particular tiende a definir su alianza circunstancialmente de acuerdo a la correlación de fuerzas y su afinidad de clase. Por lo que se puede decir que el solo hecho de evitar que las fuerzas represivas del Estado se unan al lado golpista ya constituye un logro.

En tercer lugar, tal como sucedió en noviembre de 2019, los medios de comunicación hegemónicos demostraron su verdadero alineamiento en este episodio, parcializándose a favor del movimiento cívico si no es que instigando directamente al conflicto contra el gobierno central, lo que demuestra que en determinadas circunstancias los medios dejan incluso de ser espacios parcializados para pasar a ser directamente actores políticos.

Finalmente, el contexto geopolítico e internacional se evidencia de suma importancia para neutralizar un golpe de Estado, después de asegurarse de no perder el control institucional del país. La intervención decisiva de Unasur en aquella coyuntura fue clave para aclarar al movimiento sedicioso que una ruptura del orden constitucional no sería avalada por los países vecinos, lo que no sucedió en el golpe de noviembre de 2019, cuando la presidencia pro tempore estaba en manos de la República del Perú, que acompañó el golpe exitoso contra Morales.

El 11 de septiembre debe ser recordado como un ejemplo de resistencia y valentía de las organizaciones sociales, pero no sin mencionar los nombres de sus mártires: Johnny Cari Sarzuri, Wilson Castillo Quispe, Alfonso Cruz Quispe, Arnoldo Gonzales Inuma, Wilson Richard Mejía Mihata, Pedro Oshiro Manguari, Bernardino Racua Cordero, Nora Montero de Racua, Luis Antonio Rivero Siguekuni, Alfredo Robles Céspedes, Felix Roca Torrez, Luis Ramiro Tiñini Alvarado y Ditter Tupa Maty.

Todavía no existe consenso sobre la cantidad exacta de víctimas fatales en esa jornada.


  • Cientista político.

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