octubre 24, 2021

El nuevo paramilitarismo boliviano

Por  José Galindo *-.


La Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) pueden parecer dos gotas de agua vistas desde lejos, y aunque su propósito es exactamente el mismo, la restauración de una sociedad jerárquica y colonial, los orígenes de una y de otra deben ser considerados para dar cuenta de sutiles diferencias que explican el éxito de una y otra en sus respectivas sociedades para promover lo que podría llamarse el fascismo del siglo XXI.

A los ojos de un observador inexperto, un paramilitar cruceño puede resultar casi indistinguible de uno proveniente de Cochabamba, sobre todo si se coloca a cualquiera de ellos frente una cámara de televisión y se le pregunta qué es lo que busca. “Democracia”, “autonomía” o “libertad” serán las esforzadas consignas sin argumento que seguramente se recogerían en una hipotética entrevista, en la cual se apreciará sin mayor disimulo el verdadero mensaje emitido entre líneas, generalmente cargado de un virulento racismo conservador. Y si bien ambos ejemplares de la fauna política boliviana comparten un instintivo odio hacia lo indio y lo popular, tanto su proveniencia de clase como su capacidad para proyectarse un futuro compartido con el resto de la sociedad los diferenciará como si se tratará de dos especies totalmente distintas de una misma familia, dejándonos la certeza de que, aunque sus discursos son indudablemente similares, cuando uno habla sobre la UJC y la RJC debe saber que “no son lo mismo, pero da igual”.

Todo golpe de Estado requiere de un grupo paramilitar para poder triunfar sobre sus adversarios. Su función va más allá de la conquista del poder, resultando crítica también para su reproducción en el tiempo. Desde los Camisas Negras del fascismo italiano, hasta los escuadrones de la muerte de las burguesías colombianas, no existe proyecto autoritario capaz de consolidarse sin el concurso de este tipo de fuerzas que resultan el reflejo invertido de una masa revolucionaria popular, usualmente organizada en sindicatos, y no en pandillas.

En Bolivia su existencia ha resultado ser, la mayor de las veces, no más que una caricatura de aquel espejo al revés, sin dejar de ser por ello organizaciones peligrosas cuando no existe una fuerza progresista que los detenga, tal como noviembre de 2019 ha dejado patente. Ninguna dictadura en nuestra historia ha prescindido de sus servicios, sea para perseguir dirigentes sindicales, asesinar a líderes políticos o intimidar a las masas de gente rebelde, constituyéndose como una “resistencia necesaria”, como sin duda alguna comprende Amparo Carvajal.

Los ancestros del fascismo criollo

Pero antes de estudiar cómo es que funcionan las dos organizaciones más importantes para la anquilosada derecha boliviana, repasemos primero ejemplos del paramilitarismo a lo largo de nuestra historia.

Es bien sabido que una vez triunfantes, los dirigentes de la Revolución Nacional advirtieron rápidamente que el ejercicio del poder se haría siempre dificultoso con una clase trabajadora organizada. Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y Walter Guevara Arce fueron domesticados sin mucha resistencia por la embajada de los Estados Unidos, que dejó bien claro que la influencia obrera en su gobierno era un peligroso ejemplo de bolchevismo regional. Para controlar la potencia del proletariado minero recurrieron a las milicias campesinas y a exmilitares de las abolidas Fuerzas Armadas, pero la más de las veces recurrieron a las Barzolas, organización de militantes movimientistas nombradas después de una valiente palliri masacrada por la rosca minera en las pampas de Catavi, traicionando, obviamente, su memoria. No se trataría de mujeres provenientes de las minas, como lo fue María Barzola, sino mujeres citadinas de clase media reclutadas por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Poco después, la Falange Socialista Boliviana (FSB) emplearía jóvenes radicalizados religiosamente en iglesias evangélicas y otros círculos cristianos movidos supuestamente en defensa de la fe y la lucha contra el ateísmo comunista, reclutando a sus miembros habitualmente de las clases medias altas y altas, preocupadas por la amenaza de una clase obrera ya perseguida por el Pacto Militar-Campesino, pero todavía desafiante. El papel de Falange, sin embargo, dejaría la lucha contra los proletarios comunistas en un segundo plano, después de la implementación del “Plan Bohan”, que dio nacimiento a una oligarquía terrateniente necesitada de protección tras la erradicación de su antecesora occidental. La defensa del latifundio, junto con la persecución y eliminación de comunidades indígenas, fue su principal función a partir de los años 60. Serían el germen de la organización paramilitar más destacada en la actualidad, la UJC.

No mucho después, durante los años 70 y 80, miembros del lumpen proletariado y las clases privilegiadas de la ciudad de La Paz se sumarían con entusiasmo a la represión de estudiantes universitarios y trabajadores fabriles aglutinados en varias pandillas, de la cual Los Marqueses serían su más vicioso ejemplar. En las manos de sus miembros, montados sobre motocicletas y vestidos con chaquetas de cuero, quedaron las manchas de sangre de líderes socialistas y defensores de los Derechos Humanos como Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal. La famosa masacre de la calle Harrington fue igualmente una de sus más sádicas obras, en colaboración con policías y militares que se sumaron al régimen de uno de los dictadores más vulgares de nuestra historia, Luis García Meza. Actualmente todavía quedan miembros de pandillas como estas, como bien admite Ronald MacLean en un artículo de opinión publicado en Página Siete, propiedad del hijo de Raúl Garáfulic, un conocido paramilitar en la dictadura de Hugo Banzer Suárez.

Como se ve, ningún régimen de facto ha renunciado a este tipo de grupos de choque. El ejercicio de la violencia muchas veces tuvo que depender no de las instituciones represoras del Estado, sino de grupos informales creados para actuar como grupos de choque contra organizaciones sociales y populares.

Pandillas y neonazis

Como no podía ser de otra forma, grupos organizados para la ejecución de actos de violencia también fueron parte del proceso que derivó en el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019. Si bien es cierto que hubo una adhesión espontánea por parte de amplios sectores de las clases medias al movimiento “pitita” que bloqueó las calles de la urbe paceña desde finales de octubre de ese mismo año, la actuación de dos grupos paramilitares resultó decisiva para la consecución de un golpe de Estado triunfante: la UJC y la RJC.

La UJC tiene una historia de larga data. Fue creada en 1958 por Carlos Valverde Barbery con el explícito propósito de ser el brazo armado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que agrupaba a la élite latifundista que se creó como efecto secundario de la Reforma Agraria implementada por el MNR y el desarrollo del Oriente, beneficiando a familias de inmigrantes europeos, muchos de ellos vinculados con células del nazi-fascismo. De hecho, Klaus Barbie, el “carnicero de Lyon”, sería una pieza clave en su organización y adoctrinamiento, al igual que miembros de la Ustacha, de proveniencia croata.

Desde 2005 la UJC sería el principal instigador de violencia racista que en 2008 planificó y ejecutó la toma de instituciones del gobierno central en el Oriente, en un intento de golpe de Estado cívico-prefectural que incluía, entre otras cosas, la contratación de una célula mercenaria terrorista liderada por Eduardo Rozsa Flores, neutralizada a principios de 2009, entre cuyos objetivos estaba el magnicidio de Morales.

La RJC, por otra parte, se creó mucho después, y sin aparente relación con la organización precedente, en las calles del norte de Cochabamba, donde se ubican las clases medias y altas de aquella ciudad. Sus miembros fundadores, Yassir Molina, Milena Soto, Mario y Fabio Bascopé, no obstante, no pertenecían a la creme de la creme cochala, sino a sus clases periféricas, el lumpen proletariado organizado en pandillas locales que controlaban los negocios más turbios de la región. Varios de sus integrantes fueron arrestados posteriormente por causas no relacionadas al golpe de Estado de noviembre, como el intento asesinato del periodista Aldair Pinto a manos de Roger Revuelta, miembro de esta banda. Mario Bascopé sería arrestado por portar armamento sin licencia, así como estupefacientes, razón por la cual se mantendría preso; además por cargos relacionados con la destrucción de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre a mediados de 2020.

Harina de otro costal

La UJC y la RJC actuaron bajo los auspicios de la oligarquía terrateniente del Oriente, tal como admitió el propio Luis Fernando Camacho a principios de 2020, cuando señaló que su padre había conversado con policías y militares para que se sumaran al golpe de Estado contra el Movimiento Al Socialismo (MAS).. Los policías amotinados prestaron apoyo a los miembros de estas dos organizaciones, que se movilizaban en motocicletas con equipo antidisturbios y armamento casero. Posteriormente, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hoy recluido en una prisión estadounidense por lavado de dinero, les prestaría apoyo logístico y político frente a las cámaras cómplices de medios de comunicación como Unitel.

Pero las dos organizaciones tienen una naturaleza distinta. Mientras la UCJ viene de una tradición de abolengo vinculada a las dos logias más poderosas de Santa Cruz, los Caballeros del Oriente y los Toborichi; la RJC procede del mundo del lumpen proletariado. En un caso se trata de una organización de credenciales oligárquicas y de clase alta, en el otro su base social la constituyen grupos de clases medias bajas ansiosas por escalar en la estructura de clases local, al servicio del empresariado cochabambino. Y esto implica estrategias de reclutamiento y preparación totalmente disímiles, siendo ideológicas y patrimoniales en el primer caso, y clientelistas y criminales en el segundo.

Mientras los miembros de la UJC son identificados y adoctrinados en clubes sociales y fraternidades carnavaleras, donde todos cuentan con recursos económicos abundantes; los integrantes de la RJC provienen corrientemente de pandillas relacionadas con el ocio nocturno y el tráfico de drogas. En otras palabras, la UJC emplea mecanismos doctrinarios que giran en torno a la defensa de la cruceñidad y el odio a lo indígena occidental, sumados a criterios de clase para sus dirigencias, reservadas para personas provenientes de las clases altas; la RJC, a su vez, se mueve guiada por criterios de ascenso social, acumulación originaria de riqueza vía actividades criminales y uso clientelar de redes empresariales. Cada caso es, de cierta forma, harina de un costal desigual.

Pero las diferencias llegan hasta ahí. A estas dos organizaciones, en principio tan disparejas, las unen tres tipos de núcleos ideológicos que apelan a casi todos sus miembros cuando se trata de poner en práctica un discurso que en general invoca a identidades regionales igual disímiles, pero unidas por su desprecio a lo que más caracteriza lo plebeyo y popular en Bolivia: lo indígena y campesino. Estos tres ejes de articulación discursiva son:

  • Primero, una religiosidad colonizadora;
  • Segundo, un fanatismo conservador por las estructuras sociales;
  • Y tercero, una visión clasista del mundo en general.

Por ello su discurso está permeado por referencias bíblicas, la defensa de valores tradicionales como la familia y la propiedad, y un desprecio por el relato progresista igualitario. Sus componentes buscan, siempre, expresar los valores de aquella sociedad desafiada por el Proceso de Cambio, razón por la que sus principales cabecillas tienen una fisonomía y comportamiento particular: Yassir Molina es un hombre robusto, con antecedentes de violencia e intento de homicidio, de ojos azules y cabello castaño; mientras que Luis Fernando Camacho, que en su juventud fue parte de la UJC, tiene una actitud brabucona y esforzada por expresar su masculinidad, el “macho Camacho”.

Finalmente, el caldo de cultivo del que se sirven ambas organizaciones lo constituyen tres tipos de juventudes:

  1. Juventudes en busca de ascenso social, siempre felices de salir en la misma foto junto con miembros de las clases altas y la “gente bien” de su entorno local, que ven el ascenso indígena como una amenaza y competencia a su aspiración por estatus;
  2. Juventudes radicalizadas, criadas en valores tradicionales y un desprecio por lo indígena, al cual ven como un símbolo de atraso y de pobreza, de los que desean desembarazarse marcando una distancia jerarquizadora;
  3. Juventudes apáticas, que consideran que la política necesariamente requiere una dosis de cinismo que rechazan en principio pero adoptan en la práctica, cuando advierten que el poder implica privilegios cuyo costo no comprenden por su rechazo casi provinciano de todo lo que pueda ser considerado como “político”.

* Cientista político.

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