octubre 15, 2021

Un sospechoso razonable


Por La Época -.


Luis Fernando Camacho ha sido citado a declarar ante el Ministerio Público el próximo 7 de octubre en la ciudad de La Paz, en el marco de las investigaciones sobre el caso “golpe de Estado”, referido a los hechos que derivaron en el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, sucedido por masacres y un largo periodo durante el cual se cometieron numerosas violaciones a los Derechos Humanos, tal como constataron indistintos informes de todo tipo de organizaciones internacionales.

El caso por el cual el gobernador deberá presentarse el siguiente jueves, sin embargo, está limitado al conjunto de acontecimientos que terminaron con más de 14 años de un gobierno proveniente de las urnas y cuyo fin fue precipitado por un conjunto de actores políticos, entre los que se encuentra, además, su padre, José Luis Camacho.

La conminatoria al gobernador ha sido condenada por el movimiento cívico cruceño como un acto de intimidación política y persecución judicial en contra de la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), llegándose, incluso, al extremo de convocar a un gran encuentro de todo el movimiento cívico boliviano, liderado por los departamentos de Santa Cruz y Potosí.

La resistencia que se presenta frente a la autoridad del Órgano Judicial es una amenaza dirigida no solo al gobierno del presidente Luis Arce Catacora, sino a la sociedad en su conjunto, debido a la apremiante necesidad patente por esclarecer los hechos que rodean a uno de los periodos más conflictivos de la historia reciente del país; un escenario que, seguramente, ningún actor político está dispuesto a reeditar. Deben resolverse todas las interrogantes acerca del supuesto fraude electoral que justificó la movilización de unos cuantos sectores de la población en colusión con la Policía Nacional, así como los pormenores que condujeron a la renuncia de un mandatario y la designación todavía cuestionable de otro.

En el contexto de urgente necesidad de verdad que requiere el país, la citación a Camacho tiene asidero debido al siguiente cúmulo de pruebas que demandan una explicación: primero, la petición por la renuncia de Morales que el ahora gobernador exclamó en un encuentro cívico en la ciudad de La Paz el 5 de noviembre de 2019; segundo, la sugerencia que hizo para la conformación de una Junta Cívico-Militar que reemplace transitoriamente al gobierno de Morales una vez derrocado; tercero, la filtración de una grabación en la cual el propio Camacho admite que su padre mantuvo contacto y cerró acuerdos con oficiales del Ejército y la Policía en vísperas del motín policial que precedió el golpe; cuarto, el peso del movimiento cívico, que él lideraba, en el entorno gobernante presidido por Jeanine Áñez y su influencia en la toma de decisiones; y quinto, repetidas amenazas de instigación a movimientos de protesta similares a las ocurridas en noviembre de 2019.

Cada uno de los elementos expuestos constituyen argumentos suficientes para justificar la citación de Camacho, cuando menos, y son tan válidos en un contexto como el boliviano de la misma forma que lo serían en cualquier sociedad funcional del planeta, particularmente en una democrática, debido a las consecuencias que tuvo noviembre de 2019 para el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Bolivia.

Son indicios razonables de culpabilidad y sospecha. En ese sentido, ni su desconfianza respecto al sistema judicial, ni su condición de autoridad departamental lo colocan por encima de la ley. Su negativa, por lo tanto, es un desafío a las propias normas de convivencia democrática que su movimiento dice defender, pero que tantas veces ha depreciado en nombre de un anti-masismo que raya en un fundamentalismo extremo.

La sociedad tiene derecho a reclamar su versión de los acontecimientos, y él la obligación de cumplir con un mandato que sería obligatorio para cualquier ciudadano. De otra forma, ¿cuál es el propósito de vivir en sociedad si las leyes pueden ser desobedecidas a discreción? Incluso la tan invocada reconciliación a la cual la oposición política se refiere demanda que Camacho acuda a declarar, aunque sea en nombre de la democracia.

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