diciembre 4, 2021

Entre el autoritarismo y la supremacía blanca: nuevos ejes articuladores de la oposición

Por José Galindo *-.


La tercera semana de octubre se ha levantado el velo que cubría el rostro de la nueva derecha boliviana. El Día por la Recuperación de la Democracia, y el Día de la Resistencia y Rebeldía Indígena insuflaron los ánimos de una oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) de nuevo tipo, que se avergüenza cada vez menos de sus inclinaciones racistas y autoritarias para ofrecerse como alternativa al progresismo latinoamericano.

Dos jornadas que se esperaban como unas de intensa movilización social en contra del MAS terminaron revelando la débil capacidad de convocatoria de su oposición, durante las cuales fueron pocos los sectores que se sumaron al paro convocado por el movimiento cívico, sin que ello implique la supremacía del bando oficialista.

Fuera de los departamentos de Santa Cruz y Potosí, el acatamiento de la suspensión de actividades fue parcial, llegando a movilizar a una pequeña porción de la sociedad en razón de una demanda plenamente circunstancial: el rechazo a un proyecto de ley en contra de la legitimación de ganancias ilícitas. La interrupción definitiva de esta iniciativa en la Asamblea Legislativa, empero, parece indicar que el Gobierno está lejos de gozar de plena hegemonía sobre el resto del país, tal como la que tuvo Morales durante un breve lapso, mientras la tendencia a la radicalización de los sectores de derecha se hace patente en el plano discursivo en varios de sus representantes políticos.

Un mes simbólico

Octubre es el mes que trae de vuelta a los bolivianos cuando menos cuatro acontecimientos de dimensiones diferentes, pero de igual profundidad en su mentalidad colectiva: 10 de octubre, Día de la Recuperación de la Democracia; 12 de octubre, Día de la Resistencia y la Rebeldía Indígena; 17 de octubre, Aniversario de la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada tras las masacres de Octubre Negro; y 20 de octubre, día en que unas elecciones generales se convirtieron en el preámbulo de un golpe de Estado disfrazado de protesta contra un supuesto fraude. La única constatación verificable de toda esta semana, no obstante, es la persistente influencia de una serie de clivajes sociales con amenazantes repercusiones políticas a futuro, más allá, incluso, de lo que podrían sospechar variados actores políticos. Los amagues de enfrentamiento entre los defensores del gobierno masista y sus fanáticos detractores no pasaron a mayores niveles que los de un intercambio de insultos callejeros, pero con retóricas muy encendidas.

El domingo 10 de octubre, 39 aniversario de la Recuperación de la Democracia en Bolivia, como era de esperarse, tuvo poca trascendencia para un país que, a pesar de su informalidad, se mueve según horarios de oficina, lo que hace del séptimo día de la semana uno de poca actividad política y proselitista, mientras la mayor parte de las personas lo destinan a pasar tiempo con sus familias. El ambiente en las calles fue de relativa tranquilidad, excepto en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, bastiones del resucitado movimiento cívico contra el gobierno del MAS, por lo cual se convocó a las bases opositoras a movilizarse recién a partir del día lunes 11 de octubre. Dicha jornada fue totalmente normal en los departamentos de Pando, Beni, Oruro y Chuquisaca; y de relativa movilización y protesta en La Paz, Cochabamba y Tarija; dejando casi aislados a los entusiastas cívicos cruceños y potosinos.

El martes 12 de octubre, día que solía recordarse bajo el eufemístico nombre de Día del Descubrimiento de las Américas, o el más torpe título de Día de la Raza, congregó a representantes de las organizaciones sociales afines al MAS que se desplegaron por las principales ciudades del país bajo una operación de movilización conjunta llamada “Wiphalazo”, en rechazo del abierto racismo explayado por algunos opositores en los últimos días, y en rememoración de lo que realmente implicó la llegada de Cristóbal Colón para la población originaria del continente: su invasión, conquista, opresión y explotación a manos de una élite criolla y mestiza, incluso más allá de alcanzada la independencia formal de las sociedades colonizadas. Se trataría de una jornada, entonces, en contra del racismo y para lo que podría llamarse “la izquierda” boliviana. No obstante, a pesar de que la masa de gente movilizada fue mucho mayor que la del día anterior, el día concluyó sin grandes novedades.

Finalmente, sobre todo para los habitantes de las ciudades de Warisata, Achacachi, El Alto y La Paz, la segunda mitad del mes de octubre trae consigo la memoria de los más de 70 muertos masacrados durante los últimos días del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo derrocamiento un 17 de octubre de 2003 marcó el inicio de la debacle de varios sectores de la sociedad que actualmente se enfrentan decididamente al MAS, y cuyos representantes se atrincheraron en los sistemas políticos subnacionales, antes dominados por las prefecturas y hoy aglutinados en las gobernaciones, liderados el día de hoy por un movimiento cívico renovado tras su derrota política y militar en septiembre de 2008.

La democracia se aleja del eje opositor

Es elocuente, en ese sentido, que Thomas Becker, activista por los Derechos Humanos y abogado estadounidense que defendió a los familiares de las víctimas de la masacre perpetrada por Goni (como se conocía al presidente expulsado en 2003) fuera amenazado de muerte en la calle por miembros de la movilización opositora este último 11 de octubre, presentada por sus representantes como una protesta por la democracia. Igual de reveladora, en sentido inverso, resulta la petición de Amparo Carvajal, expresidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia (Apdhb), por la liberación de los militares, policías y paramilitares involucrados en el golpe de Estado de 2019 y las masacres y asesinatos de ese año, cuyas víctimas provenían de la misma área geográfica que los masacrados en 2003.

Aunque los conceptos de democracia y Derechos Humanos sirvieron como eje discursivo para los movilizados en contra del gobierno de Morales en los últimos días, quienes se reunieron el pasado 4 de octubre en Santa Cruz en la Cumbre por la Libertad y la Democracia, son justamente los sentidos de ambas palabras los que disputaron en la semana que acaba de concluir. Así, mientras el bloque opositor al gobierno del MAS y Arce Catacora se cohesionan discursivamente en torno a la defensa de los Derechos Humanos de varios opositores hoy encarcelados por su papel en el golpe de Estado y las masacres de 2019, entre otros cargos relacionados a la violación de Derechos Humanos; el bloque oficialista cuenta con el respaldo, o por lo menos la no antipatía, de las víctimas de las masacres de 2003 y 2019 provenientes de la ciudad de El Alto, esta última confirmada y condenada por una misión oficial de expertos organizados por la propia Organización de Estados Americanos (OEA).

Al mismo tiempo, la realización de un recuento oficial de la votación de las suspendidas elecciones del pasado 20 de octubre de 2019 llevado a cabo por la Procuraduría General del Estado, mismas que fueron acusadas de ser fraudulentas por la oposición al expresidente Morales y que confluyeron en un golpe de Estado y su renuncia el 10 de noviembre de ese año, demuestran que, cuando menos, los detractores del MAS deberán esforzarse por respaldar su tesis del fraude como catalizador y justificativo del golpe de Estado y la posesión cuestionablemente constitucional de Jeanine Áñez un 12 de noviembre de 2019. La sentencia del Tribunal Supremo Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, desahució que en noviembre de 2019 se hubiera dado un vacío de poder, negando con ello la legalidad y legitimidad del gobierno transitorio de 2020.

El virtual abandono de los perpetradores del golpe de Estado durante las movilizaciones de esta semana, que fueron protagonizadas en su mayor parte por sectores inconformes con la propuesta de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas y no a favor de la liberación de los primeros, demuestra que el bloque opositor, que debe arrastrar consigo las masacres de 2003 y 2019, más un golpe de Estado y un gobierno inconstitucional y autoritario, está cada vez más lejos de la democracia como bandera política o discurso articulador, a diferencia de lo que sucedió a finales de 2019, cuando el desconocimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 para habilitar a Evo Morales como candidato presidencial sí le permitieron a la oposición presentarse como defensora de la institucionalidad democrática en el país.

Tres datos más deben ser tomados en cuenta en este sentido: primero, la cada vez más notable irrelevancia de Carlos Mesa como figura aglutinadora de la oposición, quien se presentaba como un líder conciliador, liberal y de supuestas credenciales democráticas, desmentidas luego de su apoyo a las masacres y el golpe de Estado de hace dos años; segundo, la presencia de personajes y discursos abiertamente autoritarios, como Tuto Quiroga, exvicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez, o Rómulo Calvo, que llamó “trapo” a la Wiphala, en un pronunciamiento abiertamente xenófobo y racista; y tercero, la abierta defensa de los perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo asesinatos, masacres y torturas, como la que encabeza Amparo Carvajal acompañada por el cada vez más descarado apoyo de un aparato mediático opositor representado por el diario Página Siete, epítome de la guerra informativa contra gobiernos progresistas.

La reemergencia del racismo como catalizador de conflictos

Pero, como advertimos, la disputa por el sentido de la democracia fue solo una de las facetas que se visibilizaron esta semana. La otra fue la descolonización y la lucha contra el racismo, como reivindicaciones propias del bloque que hoy acompaña al gobierno del MAS, y cuyo dominio no parece preocuparles a sus detractores, quienes se mostraron abiertamente racistas y despreciativos frente a las identidades indígenas que recuerdan con amargura la llegada de los españoles a las Américas en 1492.

La humillación de la Wiphala a manos de Calvo, máximo dirigente cívico del Departamento de Santa Cruz, no fue la única expresión de desprecio por lo indígena en estos días. El silencio de Carlos Mesa, como uno de los defensores de la tesis del mestizaje dentro de la oposición, revela elocuentemente el valor que tiene para varios actores políticos del país una fecha tan simbólica como el 12 de octubre.

La arenga de consignas racistas en el bloqueo de rutas y la movilización de los sectores cívicos de Santa Cruz es otro ejemplo de ello, cuyo alcance debe considerarse más extendido cuanto más es escondido por medios de oposición como Unitel o Página Siete, que no informaron al respecto a pesar de su verificabilidad en las redes sociales, y el hecho de que no se trató de minorías poco representativas, sino de grandes porciones de los militantes cívicos que gritaron: “¡Viva la Corona, arriba la hispanidad!”, como si de anécdotas excepcionales se tratara.

Lo que deja, como gran constatación de esta semana, que el racismo y el impulso autoritario son cada vez más los ejes de reclutamiento y articulación de la oposición al MAS y a las organizaciones sociales que lo acompañan. Es decir, una abierta radicalización hacia posiciones propias de la extrema derecha por parte de una porción no despreciable de la población.


  • Cientista político.

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