diciembre 3, 2021

Presidente destaca inicio de procesos contra Áñez y coautores del golpe, como resultado del mandato de memoria, verdad y justicia

El presidente Luis Arce destacó este lunes que se logró el inicio de procesos penales contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y varios exjefes y autoridades militares y policiales por las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y violaciones de derechos humanos del golpe de Estado de 2019, como resultado de la aplicación del mandato de memoria, verdad y justicia de las víctimas.

“Actualmente, los procesos en contra de los autores de esos crímenes se encuentran a cargo del Ministerio Público, como establece la Constitución Política del Estado”, manifestó, en la lectura del informe de su primer año de mandato.

El mandatario rememoró que las acciones judiciales cuentan con el respaldo de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue viabilizado junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener justicia dentro de un debido proceso y bajo los principios de objetividad y transparencia.

“Actualmente, se emplazan las actividades correspondientes para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI”, aseveró.

El 17 de agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó su informe final sobre los hechos de violencia de 2019 y calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló la experta Patricia Tapattá, en la presentación del documento.

El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

Tapattá dijo también que el informe indica que las protestas sociales fueron antecedidas por discursos políticos que pusieron en tensión a la democracia y las instituciones.

Además, explicó que el documento formula más de 30 recomendaciones, una de ellas es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

Aplicación de justicia ágil y el debido proceso son otros de los encargos de los expertos del GIEI; además de priorizar los casos de violencia sexual y de género; y garantizar la imprescriptibilidad de los casos de violación de derechos humanos.

Asimismo, prevé que se realice una Cumbre Nacional Sobre el Racismo y la Discriminación, como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.

También recomendaron desnaturalizar el orden patriarcal, porque ello implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas.

“Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para realizar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien es a ellos a quienes se les reclama liderazgo y una contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión, en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores”, aseveró.

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