diciembre 3, 2021

Aristas visibles de la relación oficialismo – oposición

Por José Galindo *-.


La presente coyuntura permite apreciar cuatro aspectos en la relación entre el Gobierno y la oposición: primero, una tendencia en la oposición a buscar la ruptura del orden constitucional; segundo, la intención expresa de sumar el apoyo de la Policía y el Ejército en contra del gobierno de Luis Arce; tercero, el estancamiento de ambos polos del escenario político en posiciones cada vez más radicales; y cuarto, la preeminencia del liderazgo cívico por sobre el partidario en el bloque opositor.

Las anunciadas protestas en contra de la Ley 1386 comenzaron el lunes de esta semana y desde entonces se han sostenido con diverso grado de intensidad en diferentes partes del país. Se trata del tercer forcejeo del Gobierno con la oposición en lo que va del año, después de las movilizaciones en contra del proyecto de Ley 218, relacionado a la actual norma increpada, y el conflicto entre el gobierno central y los productores de hoja de coca del norte paceño por el control del mercado de Adepcoca; dos episodios evaluados por muchos analistas como derrotas gubernamentales. La gravedad de la actual coyuntura puede apreciarse a partir del hecho de que se dio un muerto ya durante su segundo día, perteneciente a una organización campesina afín al oficialismo, sin que ello haya mellado en lo más mínimo la determinación de los sectores que bloquean las calles de algunas ciudades. Aunque es imposible advertir cuál será el desenlace que se alcance en los próximos días, la actual crisis puede servir para visibilizar ciertas aristas que seguramente dominarán la relación entre el oficialismo y sus detractores.

La primera de estas aristas revela una clara intención por parte de sectores cívicos, particularmente cruceños, de romper con la institucionalidad del Estado, expresada en amenazas de “tumbar” al Gobierno proferidas por uno de los principales dirigentes cívicos, Rómulo Calvo, en repetidas ocasiones.

Una segunda arista se refiere a la relación del Gobierno con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que todavía no se ha normalizado dentro de lo que manda la Constitución Política del Estado (CPE), y cuyo alineamiento busca ganarse la oposición mediante su interpelación pública con mucha asistencia mediática.

La tercera arista de esta relación destaca el ánimo beligerante de los actores involucrados, que se manifiestan en ultimátum, amenazas y fechas límite, como consecuencia del golpe de Estado que se ejecutó contra el presidente Morales en 2019.

Finalmente, y como última arista visible de la crisis, queda patente cuáles son los actores dirigentes dentro de ambos bloques, con las organizaciones del Pacto de Unidad marcando el paso para el resto de campo oficialista, mientras el movimiento cívico se impone a sus pares del Legislativo dentro del campo opositor.

Jornadas de alta intensidad

Al momento de cerrar esta edición las protestas en contra de la Ley de Estrategia en Contra de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, o simplemente Ley 1386, se han desarrollado con un alto grado de intensidad en los departamentos de Santa Cruz, Potosí y Cochabamba; y con menos convocatoria en los departamentos de Tarija, Oruro y Beni. Los departamentos de La Paz, Pando y Chuquisaca se han mantenido al margen de esta dinámica, a pesar de que se trató de instalar puntos de bloqueo en la sede de gobierno sin éxito. Pero donde sí lograron despegar, lo hicieron con fuerza inusitada, mediante el uso discrecional de la fuerza por parte de las milicias opositoras de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en Santa Cruz, y con la movilización de cooperativistas mineros y cívicos en el departamento de Potosí. En Cochabamba, a pesar de ya no contar con el músculo antes proporcionado por la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), sectores de transportistas y asociaciones gremiales de la clase media urbana lograron instalar varios puntos de bloqueo, aunque sin desencadenar con ello tensiones del nivel de las observadas en los dos anteriores departamentos.

No obstante, cada una de las acciones tomadas por la oposición fue respondida con contra movilizaciones de los sectores aliados al partido de gobierno, que en muchos casos terminaron levantando los puntos de bloqueo instalados por sectores cívicos y gremiales, aunque dichas acciones hayan redundado en mayores enfrentamientos caracterizados por un alto uso de la violencia física y simbólica, tal como sucedió en la ciudad de Potosí, donde un campesino afín al oficialismo murió bajo circunstancias inusuales. Su deceso fue explicado a partir del simple término “broncoaspiración”, que se utiliza para designar muertes provocadas por la ingesta de comida a través de vías respiratorias. El presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel, se refirió al hecho en un discurso cargado de epítetos de connotación racista, como “esta gente ignorante no tiene nada que hace aquí” o “muchos de ellos no sabes ni siquiera porqué se están movilizando”.

Al finalizar esta primera semana de jornadas de protesta se contabilizaron casi un centenar de heridos en diversos enfrentamientos a lo largo del país, y también casi un centenar de personas arrestadas, varias de ellas en estado de ebriedad, según reportes de la Policía, o en la comisión de actos violentos. La peor jornada fue, posiblemente, la del martes por la tarde, en la cual campesinos y cívicos potosinos intercambiaron insultos y se aventaron piedras mutuamente, para ser dispersados luego por la Policía, momento en el que se dio la muerte de Titi.

En Santa Cruz, por otro lado, aunque se dieron enfrentamientos entre gremiales que estaban a favor y en contra del paro, la violencia vino por parte de las juventudes unionistas, que desalojaron mercados y atacaron a transeúntes a bordo de camionetas pintadas completamente de negro, al igual que sus uniformes. Se trató de actos de violencia captados por los medios de comunicación, pero no comentados por la opinión pública.

Paralelamente, las ciudades de Cochabamba y La Paz presenciaron movilizaciones de militantes del partido de gobierno y otros simpatizantes, como las concentraciones de Shinahota en el primer departamento y en la Plaza San Francisco en el segundo, siendo la primera la más numerosa. En ambos casos, las concentraciones terminaron con una marcha que exclamó su intención de “defender en las calles lo que conseguimos en las urnas”.

En el caso de la concentración de La Paz, además, se procedió a emprender una marcha para evitar la instalación de cabildos opositores, que terminaron limitándose a la Zona Sur de la ciudad, conocida por albergar a los sectores medios y pudientes de la población local. Similares movilizaciones se dieron en Potosí, Chuquisaca y en el Plan 3000 de Santa Cruz de la Sierra, donde el Gobierno cuenta con simpatizantes. Durante todos estos días, en contra o a favor, la ciudadanía boliviana estuvo movilizada.

Lo observable

Ahora bien, como mencionábamos, durante las últimas jornadas se han podido evidenciar algunas dimensiones que suelen no ser muy visibles en circunstancias más regulares en cuanto a la relación entre el Gobierno y la oposición.

La primera se refiere a la intencionalidad rupturista opositora respecto a la institucionalidad del Estado, que se expresa, primero, a partir de la negativa del Comité Cívico Potosinista de permitir el ingreso de autoridades del nivel nacional a dicho departamento, lo que trae reminiscencias de los días previos al golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre de 2008; y segundo, a través de varias declaraciones del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en el sentido de que, “contamos con la receta para tumbar a este gobierno”. Aunque se retractó de sus declaraciones ante los medios de comunicación al finalizar la semana, estas palabras, sumadas a las consignas en demanda de federalismo en los dos departamentos, dan una idea de las verdaderas intenciones de la oposición cívica, que, de hecho, incluyó nuevas demandas en la coyuntura que iban más allá de la Ley 1386, rechazada por una parte del sector informal boliviano. Se añadieron, pues, pedidos como la restitución de los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la abrogación de la Ley del Plan de Desarrollo Nacional y la liberación de los “presos políticos”, la mayoría de ellos por cargos tan serios como golpe de Estado o sedición. Esto ha sido advertido por los sectores aliados del oficialismo, que denuncian un segundo intento de golpe de Estado, después del acontecido en noviembre de 2019.

La segunda arista está relacionada con un tema más delicado como es la relación entre el gobierno nacional y las fuerzas del orden, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El hecho de que se hayan reemplazado a los comandantes departamentales de la Policía en los departamentos de Tarija, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz ya es suficientemente sugerente, al igual de que se haya dispuesto desfiles marciales en el departamento cruceño. Y ya no sugerente, sino descarnadamente revelador resultaron los llamados públicos de Calvo a la Policía y al Ejército de sumarse a las protestas en contra del gobierno nacional. Se trata de una de las dimensiones más complejas del escenario político actual, debido a que, a diferencia de otros actores sociales, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas cuentan con el monopolio del uso de la fuerza, recurso que emplearon en noviembre de 2019, contribuyendo con ello al derrocamiento de Morales y a la instauración de un gobierno de dudosas credenciales constitucionales. Debe tomarse en cuenta, finalmente, que después de dicho golpe de Estado, el actual gobernador de Santa Cruz y entonces presidente del ente cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, admitió públicamente que su padre cerró tratos con oficiales de la Policía y el Ejército para poner fin a 14 años de gobierno masista. Al parecer, no obstante, las dos instituciones armadas no tienen la intención de repetir la experiencia de hace dos años.

En tercer lugar, decíamos, queda patente la radicalidad de ambos polos del escenario político local, cada vez más antagonizados y radicalizados en sus posiciones y demandas, lo que se muestra en las aspiraciones disruptoras del orden, como se ha señalado por parte de la oposición cívica, mientras que el oficialismo, que todavía tiene fresco el recuerdo del golpe de Estado de 2019, se encuentra en estado de alerta constante, con sus bases movilizadas y dispuesto a jugárselas el todo por el todo en un hipotético nuevo acto golpista. En esta dinámica polarizante, como es fácil notar, influyen bastante los medios de comunicación, cuya cobertura de los acontecimientos en la semana ha revelado la omisión o desconocimiento explícito de determinados hechos, mientras se han presentado otros de manera sumamente parcializada. En algunos momentos, medios como Página Siete han reproducido con sospechosa frecuencia los llamados de Calvo a una rebelión policial y militar. Es evidente, de todos modos, que los actores en disputa adoptarán posiciones cada vez más radicales en los próximos años, lo que podría tener consecuencias impredecibles.

Finalmente, queda claro que no todos los sectores de la oposición política al gobierno pesan por igual. Si bien el grueso de los movilizados en las ciudades de Potosí y Santa Cruz pertenecen a una de las alas de la Confederación Nacional de Gremiales liderada por Francisco Figueroa, gran parte de las iniciativas y el discurso radical provienen de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí, acompañados por organizaciones menores como el Comité Nacional por la Democracia (Conade) o una fracción no oficial de la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos de Bolivia, dirigida por Amparo Carvajal. La oposición legislativa, encarnada en los partidos Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, parece estar fraccionada y sin capacidad de elaborar un proyecto de país que vaya más allá del anti-masismo, posición en la que se han refugiado sus principales figuras, incluyendo Carlos Mesa, hasta hace poco el liderazgo más potable de los detractores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Otras figuras como Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga son ahora totalmente marginales y sin incidencia en la dinámica política boliviana.

Seguramente los próximos días traerán consigo nuevas preguntas y respuestas.


  • Cientista político.

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