
Por Rafaela M. Molina Vargas *-.
El cambio climático suele considerarse “el último y probablemente el más significativo de los problemas ambientales globales” [1]. Sin embargo, abordarlo únicamente como problema ambiental es una visión sesgada, incompleta y peligrosa. Así como para el geógrafo histórico y ambiental estadunidense Jason Moore es necesario empezar a tratar problemáticas sociales como cuestiones socio-ecológicas en sí mismas [2], es también fundamental hacer lo propio con las problemáticas que se consideran solo “ambientales”.
La crisis climática es una problemática compleja que está relacionada a las políticas económicas, a las desigualdades sociales, a la dependencia de ciertos recursos como los combustibles fósiles, entre muchos otros temas. Es, sin duda, el resultado de un sistema global que explota desmedidamente los recursos naturales, los ecosistemas y las vidas y sistemas humanos, en particular de países en desarrollo. De tal manera que puede considerarse un síntoma de la crisis de la ecología-mundo capitalista.
Para Moore el cambio climático no solo es un momento geofísico por la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI), sino una crisis de época, a la que llama “crisis de la división climática de clases”, asociada a un apartheid y patriarcado climático. Los (no) resultados de la COP26 (Conferencia de las Partes) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc) reflejan con claridad esta interpretación.
La COP26, un fracaso para la justicia climática
En su último informe, el IPCC alertaba sobre las consecuencias irreversibles que se producirían en el caso de no generarse un cambio drástico. Por ello, la COP26, que terminó hace una semana en Glasgow, era vista como un momento determinante para definir los compromisos y estrategias para enfrentar el cambio climático en los próximos años. Esta COP, como órgano de toma de decisiones y espacio de negociación multilateral, tenía varias cuestiones pendientes. Sin embargo, y a pesar de las señales de alarma, en lo referente a justicia climática fue un rotundo fracaso.
El Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Daños y Pérdidas era uno de los temas que quedaba pendiente y que debía ser operativizado en esta COP. El mismo establece que, en base al principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de la convención, los países desarrollados deben asegurar financiamiento, transferencia de tecnología y capacidades a los países que sufran daños y pérdidas como consecuencias inevitables del cambio climático.
Este mecanismo establecido en 2013 fue un logro para los países altamente vulnerables y un avance en el marco de la justicia climática. Pero, este año, en Glasgow, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bloquearon toda posibilidad para la creación de un fondo en este marco. De esta manera, se condena a países en desarrollo que, además de ser menos emisores y por tanto menos responsables del cambio climático, son más vulnerables. Esta situación no hace más que ampliar las desigualdades entre Norte y Sur, y refuerza la división cada vez más marcada de clases en el mundo respecto a la crisis climática.
¿Es justo no mirar atrás? Los sesgos en la cuantificación de emisiones
A una escala global los patrones de emisiones de GEI actuales e históricos mundiales presentan grandes desproporciones. El informe Stern [3] muestra que desde 1850 Estados Unidos y Europa han emitido aproximadamente el 70% de GEI a la atmósfera. Es decir, los países que históricamente emitieron más para llegar a sus actuales niveles de “desarrollo” siguen siendo los más emisores. Por otro lado, los 100 países más vulnerables no emitieron más del 3% de GEI [4].
Asimismo, las emisiones históricas no pueden ser entendidas sin vincularse con la historia de la colonización del Sur Global, pues una proporción de las emisiones de GEI de países colonizados fueron producidas durante su dominación. Entonces, la explotación de recursos beneficiaba a los países colonizadores, por lo general europeos, y en cambio los impactos socio-ecológicos, las muertes y la medición de emisiones quedaban ancladas geográficamente perjudicando a los países colonizados.
Este análisis evidencia la necesidad de replantear incluso la manera de cuantificar las emisiones acumuladas y de distribuir las responsabilidades. Esto es necesario no solo para las emisiones históricas sino para las actuales, que en muchos casos camuflan la (ir)responsabilidad de los países desarrollados y mantienen los niveles de emisión altas. Por ejemplo, China es uno de los mayores emisores actuales, pero, una gran parte de las emisiones asociadas a bienes son exportadas a Estados Unidos y Europa [5]. Es decir, las emisiones de los productos son cuantificadas en el lugar de producción, que se desarrolla generalmente en condiciones precarias, aun cuando el consumo y disfrute a gran escala se da en otro país.
Otro ejemplo, entre 2000 y 2014 Francia reportó oficialmente un descenso del 7% de emisiones. Con todo, incluyendo las emisiones incorporadas en los productos importados, Francia en vez de disminuir incrementó sus emisiones en un 15% en el mismo periodo [6]. Lo que significa que no se han reducido las emisiones, sino que se las ha relocalizado a países en desarrollo. Es decir, las emisiones, con consecuencias ecológicas como deforestación, sistemas agrícolas mecanizados y de monocultivo, han sido simplemente transferidas a países en desarrollo que producen y exportan alimentos a Europa. Al mismo tiempo Europa se niega a asignar financiamiento para estos países vulnerables y, en cambio, les exige disminuir la deforestación, la cual se ha vuelto necesaria para satisfacer sus necesidades de consumo.
De esta forma, queda claro que para lograr resultados reales a nivel global, hasta cuestiones técnicas como la cuantificación de emisiones, necesitan replantearse abordando la crisis climática como una cuestión socio-ecológica vinculada a las inequidades y al intercambio desigual en el comercio, y por tanto como un síntoma y crisis de la ecología-mundo capitalista.
Por otro lado, la falta de voluntad de los países desarrollados demostrada en la COP26 reafirma la necesidad de asegurar estrategias y compromisos enmarcados en una justicia climática anti-imperialista [7] y anti-colonialista que cuestione las causas estructurales y profundas del sistema capitalista.
- Bióloga, con una maestría en Ecología, Biodiversidad y Evolución de la Universidad La Sorbona, ecosocialista, feminista, miembro del Comando Madre Tierra.
1 Abbas, Mehdi (2012). “Mondialisation, libre-échange et changements climatiques: vers un conflit de paradigmes? Mobilités internationales, déséquilibres et développement: vers un développement durable et une mondialisation décarbonée?”. 28es journées du développement, ATM, Orléans, France. halshs-00711103.
2 Wedekind, J., Milanez, F., & Puig, J. M. (2017). “Entrevista a Jason Moore: Del Capitaloceno a una nueva política ontológica”. Ecología política, (53), 108-110.
3 Stern, N. (2006). Stern Review on the Economics of Climate Change. Disponible en: www.sternreview.org.uk
4 Innerarity, D. (2012). “Justicia climática”. Dilemata, (9), 175-191.
5 Davis, S. J., & Caldeira, K. (2010). “Consumption-based accounting of CO2 emissions”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107 (12), 5687-5692.
6 Fink, M., & Gauthier, C. (2013). Les émissions importées. Le passager clandestin du commerce mondial, Montreuil, Réseau Action Climat-France.
7 Ver Camila Ugalde. “Cambio climático y guerra, justicia climática anti-imperialista”. Edición impresa 936 de La Época, del domingo 7 de noviembre 2021 al sábado 14 de noviembre.
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