diciembre 3, 2021

La estrategia opositora: ruptura constitucional

Por José Galindo-.


La oposición ha puesto sus cartas sobre la mesa. Frente a una condición minoritaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y con poca convocatoria fuera de sus bastiones regionales, tanto cívicos como los partidos de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos apuntan a forzar la salida del presidente Luis Arce mediante la deslegitimación de las elecciones de octubre pasado o con un continuo desgaste que viabilice un referendo revocatorio.

Con la abrogación de la Ley 1386 el Gobierno logró desactivar la tensión que se venía acumulando en el país tras casi 10 días de protesta discontinua protagonizadas por una circunstancial alianza entre el movimiento cívico con varios sectores que podrían considerarse como pertenecientes a la economía informal. Durante ese lapso, los bloques opositores y oficialistas midieron fuerzas en la calle a través de marchas, instalación de puntos de bloqueo, cabildos y cumbres cuyo propósito giró principalmente en torno a la demostración de su capacidad de convocatoria. Aunque la correlación de fuerzas no se reveló en toda su magnitud todavía, la coyuntura superada permitió vislumbrar algunos de los elementos de la estrategia de la élite agroempresarial boliviana y sus principales aliados, quienes apuntan en su conjunto a impedir que el Gobierno concluya su gestión.

Muestra de ello es el anunció de que se continuaría peleando contra el Gobierno desde el Comité Cívico Potosinista una vez concluyera el mes de diciembre; o la “Marcha de la Paceñidad”, realizada con participación del alcalde Iván Arias y asambleístas opositores, que pidieron a gritos la renuncia del presidente Arce. De la misma forma, el asedio por parte de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que sufrió el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por suspender el paro en contra del Gobierno después de que se abrogara la mentada ley, de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, refleja la radicalidad anti-masista que impulsa a muchos opositores hasta alcanzar niveles irracionales y renuentes al diálogo.

En este sentido, la concepción de victoria que parece guiar la acción política de la oposición boliviana es la de evitar que el Ejecutivo logre implementar cualquier reforma o política pública que se proponga, más que conseguir incluir sus propias demandas en la agenda política y la administración del Estado. En otras palabras, la oposición está estancada en un lugar defensivo, de rechazo a toda iniciativa del oficialismo, para lo cual trata de constituirse en un actor de veto a pesar de su condición minoritaria en la ALP. No dejar gobernar al presidente Arce, no obstante, no es su única línea de acción. Al parecer, el difuso bloque opositor busca también interrumpir la gestión del masismo a través de vías constitucionales como no legales.

Nuevos frentes de conflicto

Muchos hechos suscitados en la última semana apuntan en esa dirección. En primer lugar, ante la desmovilización de los sectores gremiales y transportistas que se sumaron circunstancialmente a la convocatoria de paro de actividades y acciones de protestas de los sectores cívicos, tras la abrogación de la mencionada norma, estos últimos, junto con la oposición partidaria de la Asamblea, apuntaron inmediatamente contra la Ley 1407, promulgada el pasado 10 de noviembre, que establece el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”.

Los aliados a los que se busca sumar en contra de esta norma son, esta vez, los gobiernos subnacionales y las universidades públicas. La oposición cívica argumenta que el plan de desarrollo atenta contra las autonomías de estas entidades, a pesar de que los principales partidos de oposición, CC y Creemos, no indicaron específicamente que artículos de la norma rechazan ni porqué razones. Una muestra de ello se dio el pasado jueves, cuando se filtró un video en el cual dos diputados de CC, Alejandro Reyes y José Ormachea, no lograron explicar el porqué de su rechazo a la norma, tras lo cual despertaron la risa de los asistentes.

Pero no se trata de un asunto que pueda tomarse a la ligera, debido a que ya se ha anunciado que varios alcaldes de las ciudades capitales del país, más El Alto, se reunirán en los próximos días para analizar la norma y plantear sus observaciones, con algunos anunciando su rechazo de entrada. Se suman a estos los rectores de tres universidades importantes del país: la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz; la Universidad Tomás Frías, de Potosí; y la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz. A ellos podrían sumarse los gobernadores de Santa Cruz, La Paz y Beni, lo que eventualmente desencadenaría otra ola de protestas en aras de una nueva capitulación oficialista.

Otro frente de conflicto que amenaza con abrirse, con implicaciones más peligrosas, es el de la deslegitimización de las elecciones generales de octubre de 2020 y de las subnacionales de marzo de 2021, tras la renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la vocal Rosario Baptista, quien justificó su salida acusando a la institución de estar supeditada a los intereses del partido oficialista e incluso denunciando que los resultados de las elecciones presidenciales pasadas no fueron “los verdaderos”. Sus declaraciones, calificadas de temerarias por sus excolegas, dieron oportunidad, sin embargo, para que un grupo de legisladores de CC proponga la creación de una comisión para “revisar” los resultados de los comicios, en los cuales el Movimiento Al Socialismo (MAS) emergió victorioso con más del 55% de la votación.

La oposición estaría buscando, en los hechos, anular las elecciones de 2020, debido a la reducida representación legislativa que los dos partidos opositores obtuvieron. La anulación de los 2/3 en la Cámara de Diputados, realizada de acuerdo a las competencias constitucionales propias de esta instancia, hizo del espacio legislativo uno de poca utilidad para la oposición al gobierno de Arce, debido a que el MAS es mayoría tanto en ese espacio como en la Cámara de Senadores.

Se trata, con todo, de una apuesta peligrosa, ya que podría implicar la ruptura del orden constitucional y el regreso a un periodo de inestabilidad política e incertidumbre social que teóricamente se superó con la victoria electoral del MAS. Tal ruptura tendría consecuencias necesariamente violentas, y posiblemente otras más difíciles de prever. Se trata de una posición rupturista del orden muy en línea con las declaraciones realizadas por Rómulo Calvo, quien advirtió que su entidad contaba con la “receta para tumbar” al gobierno de Luis Arce. La asambleísta de CREEMOS Centa Rek, por otra parte, sugirió cerrar la ALP debido al “rodillo parlamentario” del cual gozaría el MAS. Ambas declaraciones revelan claras intenciones de ruptura institucional.

Finalmente, en conjunto, otro resultado evidente que persigue la estrategia opositora es la de paralizar la gestión del Gobierno, hasta que su nivel de aprobación se reduzca lo suficiente como para hacer viable la convocatoria a un referendo revocatorio que podría ser puesto en marcha al finalizar el segundo año de la presidencia de Arce, a partir de 2023, lo que obligaría a convocar nuevas elecciones donde la oposición buscaría obtener una victoria.

Los bloques en conflicto y sus contradicciones

En respuesta a esta estrategia combinada de desgaste y enfrentamiento, los sectores afines al Gobierno han resuelto hacer una demostración de fuerza a partir de la semana entrante, con una marcha que partiría de Caracollo el próximo martes 23 de noviembre, con destino hacia la ciudad de La Paz y con la conducción del expresidente Evo Morales, derrocado en el golpe de Estado de noviembre de 2019. La marcha se daría, además, a pocos días del segundo aniversario de las masacres de Senkata y Sacaba, que son a estas alturas dos hitos simbólicos en la historia de resistencia del movimiento popular indígena originario campesino. Sectores aliados al MAS, como la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, ya han anunciado que defenderán al gobierno de Luis Arce, de la misma forma que también expresaron su apoyo otros como la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad.

No obstante, el Gobierno no se encuentra completamente cohesionado como bloque partidario. Tras la anulación de la Ley 1386, el exministro de la Presidencia y figura relevante del partido oficialista, Juan Ramón Quintana, expresó una serie de críticas que cuestionaron la capacidad política de los legisladores de su tolda, a quienes acusó de no contar con la suficiente formación política ni el compromiso necesario como para defender las iniciativas del Gobierno. Sus declaraciones se dan en un contexto de tensión entre dos bandos dentro del MAS, identificados como “renovacionistas” y “continuistas”, que, en realidad, responden a una competencia entre los liderazgos del expresidente Morales y el actual vicepresidente David Choquehuanca. Dicha competencia no se ha convertido hasta ahora en una abierta pugna por el control del aparato del partido, a pesar de que la oposición busca instigar tal enfrentamiento al interior del propio bloque oficialista a través de sus medios de comunicación y la opinión pública.

Por otro lado, el bloque opositor tampoco se encuentra en un buen estado. De hecho, a su posición defensiva, sin iniciativa de propuesta alguna para el país, debe sumarse el hecho de que tanto dentro del propio bloque cívico, su sector más fuerte y decidido, como dentro de la oposición partidaria de CC y Creemos, existen divergencias que se han expresado tanto en la calificación de unos a otros, como en sus propias organizaciones. La emergencia de un conjunto de legisladores que se desmarcaron de estos dos partidos la anterior semana, es una muestra de ello.

Durante la primera semana de noviembre, cinco legisladores de CC y Creemos se presentaron de forma independiente a sus partidos para presidir algunas comisiones en la ALP, lo que les valió la apertura de procesos de desvinculación bajo la acusación de transfugio partidario. Se trató de los diputados Edwin Rosas Urzagaste y Keyla Ortiz Dorado, por parte de CC; y de Tito Caero, Sandra Paz, Runny Callaú y Omar Rivera, desde Creemos. Los legisladores, a su vez, denunciaron que en sus formaciones políticas no existía democracia interna y que fueron ignorados e incluso hostigados para adoptar determinadas posiciones en contra de su posición como representantes democráticamente elegidos.

Finalmente, la reacción que provocó el levantamiento del paro cívico en Santa Cruz entre sectores radicales de sus propias juventudes demuestra que las dirigencias opositoras actúan bajo una fuerte presión de lo que podría considerarse “el anti-masismo”, que condena cualquier posición considerada no suficientemente radical o moderada.

Pero tanto la oposición cívica como la partidaria son demasiado pequeñas como para representar una seria amenaza para el Gobierno si es que actúan por sí solas, por lo que buscan establecer alianzas con diferentes sectores de la sociedad que, sin ser necesariamente contrarios al gobierno del MAS, podrían sumarse en circunstancias específicas, tal como ocurrió con los sectores gremiales y transportistas en la última coyuntura, o como las universidades y los gobiernos subnacionales, como se amenaza con hacerlo en busca de la derogación de la Ley 1407.

De la capacidad de hacer alianzas depende la viabilidad de la estrategia opositora, que persigue, sin lugar a dudas, un fin prematuro para el gobierno de Luis Arce.


  • Cientista político.

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