Por José Galindo -.
La Marcha por la Patria es, sin duda, una demostración de fuerza, un intento de disuasión, dirigida a una oposición que cree que puede reeditar un golpe de Estado similar al de finales de 2019. Al desgaste y obstaculización de la gestión de gobierno de Morales, ahora se suma la intención explícita de desconocer la legitimidad y constitucionalidad de un gobierno que accedió al poder con más de 55% de los votos, lo que podría arrojar al país a una espiral de violencia peor que la de hace dos años.
Por segunda vez desde 2008, el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) emprende una larga marcha desde la lejana población de Caracollo hacia la ciudad de La Paz. La primera vez fue para demandar al entonces Congreso, hoy Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la aprobación de un referendo que le permitiera a la población decidir entre aprobar o no una nueva Constitución Política del Estado (CPE). En esta ocasión, la larga caminata, llamada Marcha por la Patria, es más una demostración de fuerza que una interpelación hacia un sujeto en particular, lo cual no la hace menos necesaria. En lo que va del año, la convivencia entre el oficialismo y la oposición se ha vuelto tan antagónica que esta ha llegado al extremo de cuestionar la transparencia y legitimidad de las últimas elecciones generales, lo que se traduce en una implícita amenaza a la actual gestión de gobierno.
Una reedición de 2008
A diferencia de lo que sucedió hace 13 años, la Marcha por la Patria está encabezada no por un liderazgo, sino por tres: con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca como autoridades electas y con investidura, junto con el expresidente Evo Morales, máximo referente y presidente del partido oficialista y también de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca del Chapare. El hecho de ver juntas a las tres prominentes figuras del masismo constituye una señal por sí misma, que intenta demostrar cohesión y unidad en torno a la defensa del gobierno de Arce, cuando los medios opositores han difundido el rumor, no enteramente sin sustento, sobre una división interna entre Morales y Choquehuanca.
Arce, Choquehuanca y Morales tienen tras de sí a las organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad y a la Central Obrera Boliviana (COB), además de otras menos conocidas a nivel nacional pero poderosas regionalmente, como la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve – El Alto) y miembros del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay).
El Pacto de Unidad, por su parte, está compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa, Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
Los medios opositores han señalado la presencia de legisladores del MAS, acompañados por sus equipos de asesores, así como también de funcionarios públicos y militantes en general, además de un supuesto “carácter obligatorio” en el acompañamiento de miembros de confederaciones sindicales. Dichas acusaciones desconocen el funcionamiento de las organizaciones de base, cuyo apoyo no deja de ser “voluntario” por el hecho de ser instruido, siendo la organización su razón de ser y la fuente de su fuerza. De hecho, los medios y la oposición partidaria parecen encontrar ilegítimo o sospechoso todo apoyo que se le dé a la marcha, como lo demuestra el revuelo ocasionado por el acompañamiento del embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, quien a su vez no parece haberse acomplejado ante los micrófonos de los periodistas, haciendo declaraciones de apoyo y aliento a los participantes.
La marcha tiene pensado llegar a la ciudad de La Paz el día lunes 29 de noviembre, después de recorres más de 200 km, pasando por localidades como Panduro, Lahuachaca, Patacamaya, Calamarca, Achicha Arriba, El Alto y La Paz, a un ritmo promedio de 30 km diarios, y con un corto descanso en Calamarca. En su inicio, contaba con cerca de cinco mil personas que, en el último, durante su cuarta jornada, han ascendido a poco más de siete mil. Evo Morales aseguró que una vez se llegue a La Paz se hará una concentración con más de 50 mil personas, lo que lo llevó a afirmar que el lunes “La Paz va a reventar”; afirmación descontextualizada por los medios y algunas autoridades opositoras, como el alcalde Iván Arias, quien pidió a los habitantes de la comuna paceña colocar banderas blancas en sus hogares en señal de paz. Algo, al parecer, innecesario.
La Marcha por la Patria tiene demandas muy concretas: primero, que se respete el voto popular que le entregó el gobierno a Luis Arce en octubre pasado, con más del 55% de los votos; que se deje de obstaculizar la gestión del Gobierno de forma irreflexiva y malintencionada; y que se procese judicialmente a todos los implicados en el golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba, donde se incluyen a los expresidentes Carlos Mesa y Tuto Quiroga, así como a Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho, y otros implicados que fueron parte del gobierno de Jeanine Áñez, como Samuel Doria Medina. En pocas palabras, la mayor parte de la oposición boliviana, que participó de varias formas en el gobierno de dudosas credenciales constitucionales que sucedió al derrocamiento de Morales en 2019.
Una demostración de fuerza necesaria
Si 2019 concluyó con una estrepitosa derrota política para el MAS, y el 2020 confirmó la ausencia de un proyecto político en todo el espectro partidario de la derecha boliviana, todo indica que 2021 terminará como el año de empate entre el instrumento de las organizaciones sociales, el MAS-IPSP, y la oposición cívica regional, expresión más visible de las clases medias y altas que ya no están dispuestas a esperar a que otros 14 años pasen para desahuciar al actual oficialismo del poder, a través de cualquier medio necesario, más allá, incluso, de lo que permiten las reglas de la competencia electoral.
La actual Marcha por la Patria es uno de los hitos finales de este año que quiere acabar pronto, sin mayor sobresalto, tras otros dos llenos de incertidumbre. En definitiva, es una demostración de fuerza que expresa inequívocamente la determinación de los sectores sociales aliados al gobierno de orientación izquierdista de defender su Proceso de Cambio, frente a las claras señales de hostilidad expuestas hasta el momento por sus detractores en todas las esferas de la vida política del país. Esta afirmación de su fuerza es, pues, una necesaria respuesta a una negación extrema y radical que se conoce como “antimasismo”, que va más allá de una línea discursiva de medios opositores o que un movimiento político.
La oposición, por su parte, impulsada por una vanguardia cívica y regional de dos departamentos socioeconómicamente distintos, sino antagónicos, se ha mostrado reacia a cualquier forma de diálogo en todos sus niveles, desde los más radicales hasta los más moderados, apuntando a una estrategia de tres frentes: obstaculizar la gestión del Gobierno; desgastar su imagen ante la sociedad a través de los medios y redes sociales; cuestionar su legitimidad electoral, lo que implica su interrupción inminente vía mecanismos inconstitucionales.
Cada uno de los componentes de esta estrategia orientada a acabar con el Gobierno se han expresado sin mucho disimulo en los últimos días, tras la derogación de la Ley 1386, de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Norma que había sido aprobada por los propios legisladores de la oposición, quienes no tuvieron problema para borrar con el codo lo que habían escrito con la mano, lanzándose a las calles junto con cívicos y gremialistas. Aunque ciertamente se la había formulado erróneamente en ciertos aspectos, en los hechos no afectaba los intereses de los sectores informales de la economía criolla, que fueron inducidos a la paranoia por los medios de comunicación y la oposición cívica, muy exitosamente. Durante casi 10 días las calles de varios departamentos fueron tomadas por gremialistas y transportistas, pero bajo la dirección del movimiento cívico de Santa Cruz y Potosí, o por los gobiernos subnacionales, la Gobernación de La Paz o la Alcaldía de la Comuna Paceña. Al final el Gobierno tuvo que derogar la norma.
No obstante, las oposiciones cívica y partidaria no se sintieron conformes y decidieron ampliar sus demandas a la restitución de los 2/3 en la ALP, así como la anulación de otro proyecto de Ley, para la entrada en vigor de un Plan de Desarrollo para el país, ninguna de las cuales gozaba de sustento normativo, constitucional o siquiera político. Claramente, el objetivo de la oposición es el de paralizar la gestión de Luis Arce a su más mínima expresión, tal como se pudo constatar cuando dos jóvenes e inexpertos y casi burlones diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Jorge Reyes Careaga y José Manuel Ormachea Mendieta, se quedaron callados ante una conferencia de prensa cuando los periodistas les preguntaron qué artículos de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 encontraban contrarias al régimen autonómico. El hecho se convirtió en un meme casi inmediatamente.
¿Disuasión?
Con todo, no se trataba de un asunto de risas, todo el apresto opositor para detener e incluso derrumbar la gestión del actual partido de gobierno. Unos días después, los medios hicieron conocer una carta de la vocal electoral Rosario Baptista, en la cual presentaba su renuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) al mismo tiempo que hacía acusaciones tan serias como que el actual Órgano Electoral era funcional solo para el MAS y que los resultados que se impusieron en las últimas elecciones generales no eran “los verdaderos”, poniendo en duda la legitimidad de un proceso que cerró un largo lapsus constitucional, y abriendo la posibilidad para una nueva crisis política y social que amenazaría el imperio de la Constitución en Bolivia. En pocas palabras, dando argumentos para un nuevo golpe de Estado. Sus acusaciones ya habían sido proferidas antes por el diputado Miguel Roca, de CC, también en el programa de opinión ultraderechista El Bunker.
La apuesta de la Marcha por la Patria es hacer conscientes a los diferentes sectores de la oposición de que el actual gobierno cuenta con bases movilizadas mucho más preparadas y numerosas que las desplegadas por el movimiento cívico y las plataformas del 21F durante el golpe de Estado de 2019, que esta vez sí están dispuestas a movilizarse y entrar en acción en defensa de un gobierno que accedió al poder con un capital político de sobra, y contra el cual no existen elementos suficientes como para levantar un impeachment. A contrario lo ocurrido en la crisis postelectoral y el golpe de 2019, episodios en los cuales las organizaciones sociales se mostraron renuentes a defender un proceso político del cual ya no se sentían dirigentes ni como las principales beneficiadas. ¿Comprenderá la derecha esta advertencia?
- Cientista político.
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