La Paz-. La creación de la comisión revisora de casos de violación y feminicidio en que los sentenciados fueron liberados constituye “un avance”, aseguró hoy el Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (Cecasem) de Bolivia.
“Desde nuestra lectura, nos parece un avance y esperamos tener un resultado en estos 120 días”, afirmó la directora ejecutiva del Cecasem, Patricia Bustamante, en declaraciones al canal Bolivia TV.
Al intervenir en el espacio Primer Plano, Bustamante calificó de “importante” que en ese comité de representantes del Estado también pueda participar como actor alguna instancia de la sociedad civil.
Señaló que el problema de los feminicidios en Bolivia es estructural y requiere reforzar la prevención, especialmente desde el punto de vista educativo para contribuir a la disminución de los hechos de violencia contra las féminas.
Desde 1990, el Cecasem realiza una labor preventiva contra la violencia de género, para ello analiza la situación de las personas y busca opciones de desarrollo rural y humano sostenible.
Según su página web, con ese objetivo organiza talleres, seminarios y cursos dirigidos a sectores vulnerables como las mujeres, los niños y los adolescentes, así como a los funcionarios públicos.
Al referirse al tema, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo que por instrucciones del mandatario, Luis Arce, quedó constituida la comisión ante la preocupante inquietud social creada por la conducta de jueces y operadores de justicia, evidenciada en el caso del violador y feminicida serial Ríchard Choque.
“Nos ha instruido a los ministerios de la Presidencia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Gobierno, la creación de una comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados”, explicó en conferencia de prensa.
Describió que ese equipo estará integrado por esas tres carteras, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el titular de la de Diputados, Freddy Mamani.
Así mismo, conformarán la comisión: Ricardo Torres, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina; el titular del Tribunal Constitucional, Paul Franco; el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, y el Procurador General del país andino-amazónico, Wilfredo Chávez.
Prada confirmó que la primera reunión de ese comité investigador tendrá lugar el 4 de febrero, y dispondrá de un plazo de 120 días para presentar sus primeras conclusiones.
“Este es un tema de Estado, -subrayó la ministra-, así lo ha definido nuestro Presidente, así que vamos a dar soluciones estructurales que es lo que esperan las familias bolivianas”.
Insistió en que todos van a ser escuchados, las víctimas, los familiares de las afectadas, las organizaciones sociales, representantes de la sociedad civil y todas las instituciones dispuestas a contribuir.
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